El pasado 26 de junio el Gobierno en Consejo de Ministros aprobaba la prolongación de las ayudas para los autónomos y de los ERTE hasta el próximo 30 de septiembre, con el acuerdo de agentes sociales y las organizaciones de autónomos más representativas.

En el caso de los más de 1,5 millones de autónomos que se habían beneficiado de la prestación extraordinaria por cese de actividad se les concedía de forma automática la exoneración del 100% de la cuota de seguridad social en julio, del 50% en agosto y del 25% en septiembre. Se ofrecía también a aquellos autónomos que mantuvieran una caída en su actividad del 75% en esos meses poder solicitar la prestación por cese de actividad ordinario, pero compatible con la actividad hasta el 30 de septiembre, y se habilitaba una ayuda para los autónomos de temporada.

Sin embargo, la nueva prestación ordinaria deja fuera a todos aquellos autónomos que no tuvieran una antigüedad de 12 meses cotizados, a los beneficiarios de tarifa plana y sorprendentemente a los autónomos en pluriactividad, pese a que en la norma se establece la compatibilidad de la prestación con la actividad sin distinguir si ésta se realiza por cuenta propia y/o ajena. Ello ha hecho que dicha prestación sólo haya llegado a 120.000 autónomos, un número ridículo dada la situación y que tiene mucho que ver con las restricciones impuestas para el acceso a la misma.

Hay que tener en cuenta que dichas medidas se negociaron en un contexto de desescalada, en el que más del 90% de los autónomos había reiniciado su actividad tras la finalización del estado de alarma y creíamos que la pandemia nos daría una tregua al menos hasta octubre y así poder compensar en verano parte del impacto económico producido por la Covid-19 en la actividad de los autónomos. Pero no ha sido así.

Estas medidas se negociaron en un contexto de desescalada y creíamos que la pandemia nos daría una tregua, pero no ha sido así

El número de rebrotes y contagios no ha dejado de crecer en agosto, y con ellos, las restricciones a la actividad. Se ha cerrado el ocio nocturno, al que se dedican más de 40.000 autónomos y se ha establecido un "toque de queda" para la hostelería con el impacto que eso supone para su actividad en plena temporada estival. Y todo apunta a que se ampliarán las restricciones a otras actividades.

Si la primera oleada de la pandemia se saldó con un millón de empleos menos (según la EPA del segundo trimestre), de los cuales 135.000 estaban bajo el paraguas de los autónomos, esta segunda oleada, sin duda, llevará a muchos autónomos al cierre y, a los que son empleadores, a tener que reducir plantilla, como ya se observaba en junio en los datos de autónomos propiamente dichos de Seguridad Social.

Ahora mismo, podríamos estimar que hay cerca de un millón de autónomos en la cuerda floja y 280.000 ni siquiera han podido reactivar su actividad. Es evidente que no estamos en el mismo contexto que en julio y que la situación se agrava por momentos desde el punto de vista sanitario, pero también económico y nadie hace nada.

Hay cerca de un millón de autónomos en la cuerda floja y 280.000 ni siquiera han podido reactivar su actividad

Todos entendemos que las medidas sanitarias para combatir el virus son necesarias, pero, al contrario de lo que se produjo en marzo, cuando se decretó el estado de alarma acompañando de un paquete de medidas económicas, ahora se anuncian sin tregua nuevas restricciones y el cierre forzoso de actividades sin acompañar de medidas económicas que vengan a compensar las mismas, dejando otra vez en el olvido a los que más sufren en sus carnes este nuevo contexto, los autónomos.

Los decisores no pueden mirar hacia otro lado y seguir de vacaciones. Si se impide la actividad económica de los autónomos, lo mínimo es que se hubiese suspendido la cotización de estos a la Seguridad Social desde el mismo momento del anuncio.

Hay que recuperar la prestación extraordinaria, pues de nuevo estamos ante un escenario extraordinario y de fuerza mayor. Se debe dar seguridad a empresarios y a autónomos sobre la duración de las medidas de ayudas, los ERTE y las prestaciones, que sin duda deberían extenderse hasta el 1 de abril para generar certidumbre en el tejido empresarial y en los propios trabajadores.

Hay que recuperar la prestación extraordinaria, pues de nuevo estamos ante un escenario extraordinario y de fuerza mayor

Ya no hay excusa con los 21.300 millones del SURE que recibirá España para ambos conceptos. También se debería bonificar al 100% la cuota de autónomos a aquellos que se den de baja por la Covid-19 o se les imponga cuarentena por contacto familiar o duda de contagio.

Pero además, hay que combatir el 'shock emocional' que vive el consumidor mediante políticas fiscales de estímulo de la demanda, como por ejemplo, establecer una deducción de hasta 3.000 euros para adquisición de material informático o reformas en el domicilio para adecuarlo al teletrabajo o las necesidades educativas de los hijos si hay una escolarización semipresencial.

En definitiva, hay que adoptar ya un plan de emergencia que evite la destrucción de empresas, autónomos y trabajo. Sea cual sea la denominación o quien tome las decisiones, estamos ante una emergencia económica y necesitamos medidas extraordinarias que respondan a la misma.