La economía española ha sido una de las más perjudicadas por esta crisis. Las restricciones a la movilidad y a la actividad económica han sido más intensas y prolongadas que en otros países, lo que, junto con nuestra estructura productiva, y el elevado porcentaje de empresas de reducida dimensión, han supuesto una notable contracción de la actividad y del empleo. Hace unos días el INE avanzó que el descenso del PIB en el 2020 ha sido finalmente del -11%.

El avance de la Contabilidad Trimestral reflejaba para el cuarto trimestre un exiguo crecimiento del 0,4% del PIB, que, además, lleva implícito una caída de la parte de la actividad del sector privado (aproximada detrayendo el consumo público del PIB) del 0,5%.

Resulta incuestionable que se ha estancado la normalización económica experimentada en el tercer trimestre, cuando la economía creció más de un 16% como consecuencia del levantamiento de las restricciones a la actividad y movilidad. 

Esta falta de dinamismo, desgraciadamente, se está prolongando también en el inicio del primer trimestre, como mostraban las últimas cifras de la Seguridad Social correspondientes al empleo del mes de enero.

Los avales ICO y los ERTE han sido positivos, pero, al estar diseñados para solventar una situación transitoria y coyuntural, resultan insuficientes para revertir el proceso de destrucción el tejido productivo, como se pone de manifiesto en la destrucción neta de cuarenta y cinco mil empresas el año pasado.

Además, esta situación se irá agravando según vaya prolongándose más en el tiempo el impacto acumulativo de las pérdidas sobre la solvencia empresarial. Cuanto mayor sea la pérdida de empresas viables, peores serán los efectos negativos sobre la actividad y el empleo en el medio y largo plazo, y más se comprometerá la solidez del sistema financiero, que, a diferencia de la crisis de 2008, está siendo un soporte para el sostenimiento de la economía.

Los avales ICO y los ERTE han sido positivos, pero, al estar diseñados para solventar una situación transitoria y coyuntural, resultan insuficientes

La previsión actual es que no vamos a poder volver a los niveles de PIB precrisis hasta principios de 2023. La reactivación se ve ahora más gradual, débil y tardía de lo que se barajaba hace unos meses. La pérdida de tejido productivo, sobre todo en determinados sectores y en las empresas de menor tamaño, junto con el aumento estructural del desempleo, son elementos claves que explican este retraso cíclico.

En diciembre de 2020 había casi 18,3 millones de afiliados efectivos (es decir, descontando los trabajadores afectados por ERTE), lo que supone un ‑5,9% menos que en el mismo mes de 2019. Esto es, una pérdida de empleo efectivo algo superior a 1,1 millones de personas, como consecuencia de la coincidencia de aumentos de costes laborales, con caídas de productividad y pérdidas empresariales. 

Es más, la tasa real de paro continuará aumentando significativamente en 2021 según vuelvan a la actividad las novecientas mil personas que quieren trabajar pero que se les considera inactivos porque no buscan empleo.

Aún persiste una elevada incertidumbre, vinculada a la evolución de la pandemia y al retraso en la vacunación que seguirá afectando a la actividad y al empleo, al menos en la primera mitad del año. Como consecuencia, las previsiones están revisándose a la baja.

La previsión actual es que no vamos a poder volver a los niveles de PIB precrisis hasta principios de 2023

En concreto, las últimas previsiones publicadas avanzan un crecimiento para España del orden del 5,5% para este año, y por lo tanto por debajo de lo contemplado por el Gobierno en sus previsiones macroeconómicas que sustentaban los PGE. Este diagnóstico cíclico no es tanto de expansión, como algunos optimistamente plantean, sino simplemente de recuperación, y solo parcial, de lo previamente perdido, lo que se denomina efecto base.

Entre los factores positivos que previsiblemente apoyaran la normalización a corto plazo destacan la elevada tasa de ahorro preventivo que han venido registrando los hogares, que, junto con una demanda embalsada, puede favorecer el consumo; una balanza por cuenta corriente que sigue siendo positiva y que se aprovechará del adelanto cíclico de nuestros principales socios comerciales; y unas condiciones financieras favorables, tanto para las empresas como para las Administraciones públicas, apoyadas por las políticas monetarias y fiscales expansivas existentes.

Un importante problema es que como aquí se ha desdeñado impulsar la oferta mediante reformas estructurales liberalizadoras o bajadas de impuestos, vamos con un ciclo de retraso con respecto a otros países de nuestro entorno.

Esta contingencia nos hace más vulnerables ante los previsibles cambios a medio plazo, tanto en el tono de la política monetaria del BCE, como en la vuelta a las reglas fiscales de la Comisión Europea.

Para contener estos riesgos sería determinante apostar por una mejora en la eficiencia del gasto público como vía para la futura consolidación fiscal, de tal modo que genere confianza en los agentes económicos, evitando nuevos incrementos de impuestos, que dificulten la recuperación de la actividad y del empleo y tensione, aún más, la delicada situación financiera de las empresas.

De momento, nuestra principal esperanza para la mejora de nuestro producto potencial es la oportunidad del nuevo programa de fondos europeos que además viene condicionado a que se implementen las reformas estructurales ineludibles que necesita la economía española.

Nuestra principal esperanza para la mejora de nuestro producto potencial es la oportunidad del nuevo programa de fondos europeos que además viene condicionado

Para un adecuado aprovechamiento de estos fondos, es imprescindible que se inviertan en proyectos viables, con perspectiva de largo plazo que generen retornos futuros y orientados, en sus principales hitos, por una visión empresarial. Por ello, resulta fundamental que sean capaces de estimular la inversión privada y que se potencie la colaboración público-privada.

De cara al plan de reformas estructurales que nos plantean desde Europa, es necesario, no revertir el signo de aquellas que funcionaron en la anterior recesión, y tener en cuenta que cualquier reforma, especialmente las fiscales, deben ser consistente con la situación cíclica en que se aplican, incorporar un exhaustivo análisis de coste y beneficio, aprovechar las experiencias pasadas y seguir las mejores prácticas de nuestro entorno.

La verdad es que, agotados los márgenes de las políticas de demanda, nuestro mejor revulsivo, además de los fondos europeos, sería un plan integral de reformas estructurales que propiciara un entorno favorable para el desarrollo de la actividad económica, dotándole de la suficiente seguridad jurídica y flexibilidad para permitir a las empresas adaptarse a los cambios que pudieran producirse.

*** Gregorio Izquierdo Llanes es director general del Instituto de Estudios Económicos.