Fondos europeos: la oportunidad de reformar España
El Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, el llamado Next Generation EU, ofrece una oportunidad única para reformar España. No se trata de un embellecimiento o puesta a punto. El camino marcado por la UE es el último puente para transformar nuestra economía.
Pero también para transitar hacia un urbanismo diseñado para atender las nuevas necesidades económicas y sociales. Y es que estos fondos, bien gestionados, pueden promover un crecimiento sostenible, impulsar una economía más competitiva y provocar un efecto tractor que redunde en el bienestar de la ciudadanía.
La rehabilitación y la reforma edificatoria ocupan un espacio troncal en el programa europeo porque la inversión en rehabilitación es transformadora por naturaleza. Por este motivo hay prevista una inversión superior a los 5.000 millones con un foco prioritario: ahorro energético.
Rehabilitar es invertir, tanto a nivel de propietarios como de nación. En términos agregados posee el mayor potencial para reducir la factura energética del país, ya que el parque edificado es responsable de cerca del 40% del consumo final de energía. Como consecuencia, además, también se reduce el impacto en emisiones de CO2 a la atmósfera y sus implicaciones en materia medioambiental, social y económica.
Rehabilitar es invertir, tanto a nivel de propietarios como de nación. El parque edificado es responsable de cerca del 40% del consumo final de energía
En el plano individual representa una inversión que genera desde el primer día un ahorro creciente año a año. Con promedios de ahorro en torno al 30%, la inversión en rehabilitación posee los mayores retornos en el marco de las inversiones de bajo riesgo.
Es transformadora porque transmite un nuevo impulso revitalizador en el corazón de ciudades y pueblos. Porque transfiere a la ciudadanía la importante sensación de que todo está en marcha, la ciudad se activa para revivir creando empleo, dinamizando los centros urbanos y sus calles y su comercio y hostelería. Y porque transciende el concepto de vivienda como necesidad a la vivienda como centro del bienestar.
Motor para la recuperación
El sector de la rehabilitación y la reforma podría convertirse en un motor para la recuperación. No sólo porque este segmento representa el 75% del valor de los materiales en edificación residencial, sino porque constituye el principal pilar para la sostenibilidad de la construcción en su conjunto.
Durante este año su comportamiento dependerá, mayoritariamente, de la evolución de la crisis sanitaria y económica. Y de la gestión que se haga de los fondos europeos.
Por desgracia, la realidad no se adaptará a los objetivos que en materia de rehabilitación vienen definidos desde la UE. Todos los agentes, privados y públicos, debemos adaptarnos a ella. Y este es un reto casi cultural porque requiere cambiar la forma como entendemos la relación de administraciones y agentes del sector con la demanda. Y la demanda son los usuarios, y los usuarios son personas.
Por lo que a rehabilitación respecta, llevamos muchos años hablando mucho y consiguiendo poco. Y parte notable del problema reside en que nos escuchamos a nosotros mismos, pero no al mercado, a las personas. Y las personas ajenas al sector no tienen ningún interés en comprar materiales, contratar constructores, ni meterse en obras. Quizá porque no conocen lo que la construcción puede hacer por ellas.
Las personas ajenas al sector no tienen ningún interés en comprar materiales, contratar constructores, ni meterse en obras
El diseño de las políticas públicas y la articulación de los agentes de la edificación en un ecosistema integrador son factores clave, y de ahí pueden surgir realmente iniciativas de colaboración público-privadas capaces de hacer de la capacidad instalada del sector privado un activo real orientado a lograr objetivos concretos. Y aún así las barreras a la actividad siguen ahí.
Barreras como la provocada por la falta de un Fondo de Garantías destinado a respaldar a los hogares más vulnerables, que sería amortizable en el tiempo tanto porque evitaría el freno a la actividad en el corto plazo como porque los ahorros derivados de la mejora agregada en la demanda energética se recuperan por parte de la administración.
Otra barrera histórica: la ausencia de incentivos pensados para favorecer la toma de decisión. Y este capítulo no sólo requiere de dinero, sino de diseño. Cada consumidor posee unas circunstancias e intereses individuales. El diseño de las políticas de incentivo a la rehabilitación debe tener en cuenta las principales categorías de intereses para lograr abrir oportunidades basadas en la gestión de incentivos tanto individuales como colectivos (comunidades de propietarios), tanto racionales como emocionales.
Aunque no sólo (ni todo) es cuestión de dinero. Porque a pesar de que el presupuesto es una condición necesaria, se requiere una serie de medidas complementarias para derribar al máximo las barreras a la toma de decisión individual y colectiva.
En este escenario urgen mecanismos ágiles, simples, complementarios y garantistas para usuarios y administraciones. Que deberían de acompañarse con medidas de corte fiscal como la recuperación de la deducción en el IRPF por reformar la vivienda habitual que, según nuestros cálculos, beneficiaría a unos 270.000 contribuyentes, que podrían deducirse unos 100 millones de euros. Ese ahorro incrementaría el número de obras de mantenimiento y mejora, y tendría un mayor retorno para las arcas públicas vía IVA. También serviría para acabar con la competencia desleal y supondría un incentivo para aflorar unos 8.000 millones de euros de economía sumergida.
Recuperar la deducción en el IRPF por reformar la vivienda habitual beneficiaría a unos 270.000 contribuyentes
Otra medida de corte fiscal que podría tener un importante efecto en el sector de la reforma y, por ende, en el de la construcción sería la rebaja al 10% del IVA de los materiales sólo para profesionales con el fin de conseguir que el IVA reducido realmente se aplique, evitar el enorme riesgo que va a representar la economía sumergida e incrementar las garantías para los usuarios y los ingresos de la Administración.
Un parque envejecido
Recordaba el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, que el ritmo actual de rehabilitación de viviendas es de 30.000 unidades al año y que el Gobierno pretende llegar a las 300.000 anuales en 2030; es decir, multiplicar por 10 los niveles actuales en menos de una década.
Un incremento que, sin duda, serviría para rejuvenecer un parque que peligrosamente envejece a un ritmo anual próximo al 2%, mientras la rehabilitación edificatoria afecta únicamente al 0,2% del mismo, con una edad media del parque edificado de 47 años.
Esto implica que el parque de viviendas fue diseñado para un mundo que ya no existe y para el que ya no ofrece repuesta satisfactoria. Por eso la necesidad de intervenir sobre él. Porque además de generar ahorros directos, mejora las condiciones de vida de quienes lo habitamos y, un aspecto crítico en este momento, tiene una gran capacidad generadora de empleo y movilización de inversión.
Porque este año, en paralelo al proceso de vacunación para derrotar al virus, tenemos por delante uno de los retos más significativos y trascendentales de nuestra historia más reciente: la gestión de los fondos europeos.
Así pues, no es cuestión tanto de discutir las competencias como de ser competentes. Todas las administraciones deben trabajar con un único objetivo y apoyarse en lo posible en el tejido empresarial de sectores clave como la construcción. En este caso, y dentro de su cadena de valor, la distribución dispone de miles de puntos de contacto distribuidos de forma homogénea en todo el país para apoyar las vías de comunicación, divulgación y realizar labores de asesoramiento y apoyo en la gestión.
Una capacidad instalada que debidamente organizada puede servir de gran apoyo al éxito de las políticas de rehabilitación, como ya sucedió en Alemania. Intensificar la relación entre lo público y lo privado es una de las principales reformas que necesita España.
*** Sebastián Molinero es secretario general de ANDIMAC.