Para reparar nuestro dañado crecimiento potencial en pro de la corrección de estos desequilibrios, se hace más necesario y oportuno que nunca abordar las reformas estructurales que continúan pendientes.

Debido al vínculo existente entre un adecuado diseño del sistema fiscal y el crecimiento económico, una de las reformas pendientes más destacadas es, sin duda, la del sistema tributario español. Por desgracia, las propuestas al respecto que se están escuchando estos días van en la dirección equivocada, esto es, en la de incrementar la carga fiscal y el exceso de gravamen, promoviendo un incremento de los impuestos y una armonización fiscal al alza entre los distintos territorios, so pretexto de que nuestra presión fiscal recaudatoria es ópticamente inferior a la de la media de la UE.

Las propuestas van en la dirección equivocada, esto es, en la de incrementar la carga fiscal y el exceso de gravamen

Para abordar una reforma seria del sistema fiscal se debe ser extremadamente prudente a la hora de analizar las métricas tradicionales como la de presión fiscal recaudatoria, puesto que están muy condicionadas por factores como el nivel de renta per cápita y de economía sumergida, y otros elementos distintos a la recaudación que generan también cargas y distorsiones.

Así, una vez complementando el análisis con otros indicadores como el de esfuerzo fiscal, el de presión fiscal ajustada de economía sumergida, o el de presión fiscal normativa, se comprueba que los impuestos soportados en España son equiparables, cuando no superiores, a los de nuestros socios europeos.

Esto es, como si un médico antes de una operación, para justificar una intervención especialmente invasiva e innecesaria, como puede ser una subida de impuestos, descartara el conjunto de las analíticas que la desaconsejan, para justificar dicha acción en una analítica parcial e incompleta de hace dos años, olvidando además que estás en medio de una recesión. Desde luego, sesgando y errando el diagnóstico es materialmente imposible acertar en la intervención propuesta.

De cualquier modo, la delicada coyuntura económica actual desaconseja cualquier subida impositiva. La evidencia nos muestra que los efectos de alzas impositivas tienen un efecto multiplicador contractivo sobre el PIB muy relevante, y sus efectos negativos se extienden durante un período prolongado de tiempo, al impactar sobre la confianza y sobre unas expectativas de los agentes ya de por sí deterioradas, afectando especialmente a la inversión.

La delicada coyuntura económica actual desaconseja cualquier subida impositiva

De acuerdo con estos multiplicadores, la propuesta que se planteó en España, como punto de partida de la futura reforma fiscal, de elevar los niveles de recaudación sobre PIB en seis puntos porcentuales para aproximarse al promedio europeo, podría tener, un efecto contractivo a medio y largo plazo de hasta diez puntos de PIB, y una pérdida de empleo del orden de dos millones.

Cualquier reforma ha de estar guiada por los principios de eficiencia y competitividad, de modo que el sistema permita canalizar la recaudación, con el menor grado de distorsiones posible, y con unas reglas que sean de aplicación clara, sencilla y general.

Aquí, mucho nos tememos que el principio rector es el de suficiencia en la recaudación y el de justicia tributaria, que es como se entiende el plantear subidas de impuestos para todos menos para los que se presuntamente apoyan un proyecto político.

Dado el entorno cada vez más global y las facilidades de movilidad de los factores trabajo y capital, es fundamental que el sistema fiscal se diseñe con unas perspectivas de derecho comparado, teniendo en cuenta las mejores prácticas y la interacción de otros sistemas tributarios con el nuestro, de modo que se mantengan unas condiciones favorables que permiten la atracción de capital y talento, y el crecimiento a largo plazo.

Esto es, no es tanto inventar la rueda, sino aprovechar las experiencias de aciertos y fracasos de nuestros homólogos, para en última instancia diseñarlo nuestro sistema fiscal mejor que nuestro entorno.

Es fundamental que el sistema fiscal se diseñe con unas perspectivas de derecho comparado, teniendo en cuenta las mejores prácticas

En este contexto, se plantea la obligación de la armonización fiscal en la imposición patrimonial (Patrimonio y Sucesiones) como subterfugio para obligar a las comunidades autónomas con impuestos más homologables con la realidad europea pasen a tener uno de los peores infiernos fiscales de Europa de imposición patrimonial.

Pero como se puede justificar con la palabra armonización el obligar a establecer en toda España un impuesto como el de patrimonio que no existe en ningún otro país europeo y aquí llega a tipos confiscatorios del 3,5%. Lo mismo sucede con Sucesiones, que no existe en la mayor parte de Europa y en el que el promedio de tipos en los que existe es del 15% frente a un impuesto que en España puede alcanzar el 8%.

La armonización fiscal al alza no haría sino incrementar la carga fiscal sobre los ciudadanos y empresas y acentuar las deficiencias de nuestro sistema tributario.  Si la mayoría de las comunidades autónomas mantiene unas prácticas fiscales muy mejorables, alejadas del promedio de la UE, no tiene sentido plantear la obligación de equiparar a todos los territorios en ese sistema fiscal ineficiente, gravoso y poco competitivo.

En su lugar, debe mantenerse y reforzarse la corresponsabilidad fiscal, que forma parte de la naturaleza intrínseca del Estado de las autonomías, y supone un incentivo a la rendición de cuentas, a la trasparencia y por ende, a la eficiencia en la gestión del sector público, que además permite emular las mejores prácticas.

*** Gregorio Izquierdo es director General del IEE y Nicolás Vicente es investigador asociado del IEE.