El G20 está formado por la Unión Europea y 19 países (Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, el Reino Unido y Estados Unidos) que representan el 85% de la economía global. Por lo tanto, cualquier acuerdo que se tome marcará un hito histórico importante.

A pocas horas de la celebración de la reunión, las miradas están puestas en la anunciada voluntad de llegar a un acuerdo respecto a una armonización global del impuesto que grava los beneficios de las sociedades.

Dicho acuerdo pasaría por fijar unas reglas mínimas de tributación global de las sociedades alrededor del 15%. Sin perjuicio de que todavía es prematuro hablar sobre el buen fin de dicho acuerdo, esta reunión marcará el camino a seguir en los próximos tiempos en materia de fiscalidad internacional.

Todavía es prematuro hablar sobre el buen fin del acuerdo, pero esta reunión marcará el camino a seguir en los próximos tiempos en fiscalidad internacional

Nadie niega los efectos beneficiosos de la globalización de las economías. Sin embargo, un efecto pernicioso de dicho fenómeno ha sido la deslocalización de los beneficios de las grandes multinacionales, erosionando las bases imponibles del lugar donde se originan. Dicho efecto negativo ha llevado a un empobrecimiento de muchos países, al verse mermada su recaudación y trasladando la presión fiscal hacia otros contribuyentes, en esencia las clases medias, que deben suplir aquello que las grandes multinacionales dejan de aportar.

El acuerdo al que se pueda llegar en la reunión tendrá un carácter eminentemente político, por lo que se espera una mera manifestación de voluntad para proseguir el camino hacia una fiscalidad internacional más justa. El G20 sigue los pasos adoptados en la reunión del G7 del pasado junio, que ya concluyeron que la fiscalidad debe adaptarse a la nueva era global basada en una economía cada vez más digital.

La tendencia en materia de la fiscalidad internacional ha quedado marcada por los trabajos realizados en el seno de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y reflejado en el Proyecto BEPS (Erosión de la base imponible y el traslado de beneficios).

La OCDE está formada por 39 países miembros y, por lo tanto, se ha erigido como un organismo de referencia en materia de la fiscalidad internacional. La propuesta que se debatirá por parte del G20 sigue la evolución natural marcada por la OCDE a través del proyecto BEPS.

Por lo tanto, no cabe esperar más que un acuerdo en positivo sobre la necesidad de apostar por la armonización de un tipo mínimo del impuesto sobre sociedades.

Sin embargo, dicho acuerdo no debe llevarnos a engaño. Existen todavía muchos países que fomentan la deslocalización de los beneficios hacia sus territorios, a través de regímenes preferenciales basados en una baja tributación, la posibilidad de aplicar deducciones o exenciones importantes y de poder negociar con sus Administraciones tributarias locales (los conocidos tax rulings).

Este ha sido el foco del problema y, en consecuencia, el acuerdo que pueda tomar el G20 deberá buscar un equilibrio justo entre la armonización directa de los impuestos sobre sociedades y el principio esencial de soberanía tributaria de los países.

Existen todavía muchos países que fomentan la deslocalización de los beneficios hacia sus territorios

Estableciendo un tipo de gravamen global sobre el impuesto sobre sociedades mitigaría la posibilidad de las grandes multinacionales de buscar aquellas jurisdicciones que les ofrecen un mejor trato tributario.

Sin embargo, existen muchos flecos al respecto.

En primer lugar, la capacidad del G20 para forzar un acuerdo global que pueda vincular a todos los Estados, no solo aquellos que salen perjudicados por este fenómeno sino también aquellos que han fomentado y viven de esta competencia fiscal lesiva.

En segundo lugar, la fijación de un tipo mínimo del 15% plantea dudas. El recientemente creado observatorio EUTAX ya ha puesto sobre la mesa la conveniencia de que el tipo de gravamen sea del 25%, estimando que dicho tipo mínimo aportaría unos ingresos de cerca 170 billones de euros durante 2021.

En tercer lugar, ningún acuerdo político global será efectivo si las grandes multinacionales no se involucran en la búsqueda de una solución al problema.

En cuarto lugar, hablar de una reducción de los tipos de gravamen en el impuesto sobre sociedades puede convertirse en una cortina de humo respecto al verdadero problema, que es la forma de determinar la base imponible y la aplicación de las deducciones o exenciones en el impuesto sobre sociedades.

De lo que salga de la reunión del G20 determinará el rumbo que tomará la fiscalidad internacional en los próximos años, por lo que se espera valentía por parte de los políticos y no acabe siendo un mero baile de máscaras veneciano.

*** Guillem Domingo Pérez es abogado y profesor en EAE Business School.