A diferencia de la crisis anterior, esta ha tenido su origen en un factor exógeno -el coronavirus- que está siendo neutralizado en apenas año y medio. Durante este periodo, además, se ha aplicado una política monetaria y fiscal de carácter expansivo y la banca ha mantenido el flujo de financiación a las empresas. Todo ello permite anticipar una salida rápida de la crisis.

Sin embargo, la mejora de la coyuntura económica no debe hacernos olvidar que existen miles de compañías que, siendo viables a medio y largo plazo, están atravesando graves dificultades financieras a causa de la pandemia y que hoy por hoy no tienen garantizada su continuidad.

Para proteger a estas empresas, el Gobierno adoptó el año pasado una serie de medidas de apoyo como la cobertura de los ERTE, la concesión de avales públicos y el establecimiento de una moratoria concursal, vigente hasta el próximo 31 de diciembre.

En la misma línea, el Ejecutivo anunció en marzo la creación de tres fondos por valor de 11.000 millones para reforzar la liquidez de las compañías más afectadas por la pandemia.

La mejora de la coyuntura económica no debe hacernos olvidar que existen miles de compañías que, siendo viables a medio y largo plazo, están atravesando graves dificultades financieras

El primero de ellos, dotado con 7.000 millones, está orientado a proporcionar ayudas directas a empresas de determinados sectores y que hayan perdido al menos un 30% de sus ingresos en 2020 con respecto al ejercicio anterior. Las ayudas habrán de destinarse a la satisfacción de la deuda y al pago a proveedores. Las comunidades autónomas se están encargando de la gestión del fondo en virtud de un convenio firmado con el Ministerio de Hacienda.

En segundo lugar, se ha dispuesto una línea de3.000 millones para la renegociación de los préstamos concedidos con aval público, en especial del ICO. A este respecto, se prevén tres mecanismos: la ampliación de los plazos de amortización, la conversión en préstamos participativos y la aplicación de quitas.

La primera medida es de aplicación obligada para aquellas empresas que en 2020 hayan visto reducida su facturación en un 30%. Para optar a los préstamos participativos y a las quitas, se requiere, además, haber tenido un resultado negativo después de impuestos. Las compañías interesadas en la renegociación de sus préstamos deben presentar la solicitud ante los bancos que se han adherido al código de buenas prácticas aprobado por el Ejecutivo.

Por último, Cofides está gestionando un fondo de 1.000 millones para la recapitalización de empresas de tamaño mediano (con una facturación de 15 a 400 millones en 2019) y que cuenten con un modelo de negocio viable a medio y largo plazo, pero que hayan perdido más de un 20% de sus ingresos en 2020 y hayan sufrido un deterioro en su estructura de capital.

Quedan menos de seis meses para el fin de la moratoria concursal, y las compañías que se encuentran en una situación financiera vulnerable deben explorar todos los recursos disponibles para mantener su negocio en funcionamiento, máxime teniendo en cuenta la mejora de las perspectivas macroeconómicas.

Quedan menos de seis meses para el fin de la moratoria concursal, y las compañías que se encuentran en una situación financiera vulnerable deben explorar todos los recursos

Al margen de las facilidades transitorias otorgadas por el Gobierno, el texto refundido de la Ley Concursal contempla la fórmula de los acuerdos de refinanciación, en virtud de la cual una empresa puede negociar con sus acreedores financieros diversas medidas para reducir el servicio de la deuda (aplazamientos, quitas, reducciones en el tipo de interés o conversión de sus créditos en capital), sin que ello afecte al resto de los acreedores.

Este instrumento tiene la ventaja de que no requiere acudir al juzgado más que para comunicar el inicio de las negociaciones y, posteriormente, para homologar el pacto a los eventuales acreedores disidentes.

La experiencia demuestra que los procedimientos judiciales no son los más adecuados para encauzar una reestructuración empresarial. Los juzgados están concebidos para reconocer derechos y para dirimir conflictos, no para reflotar compañías en crisis. La tendencia en el ámbito europeo apunta a que la vía judicial quede limitada únicamente a los procesos de liquidación.

En definitiva, la recuperación de la economía en el segundo semestre de 2021 constituye el escenario más propicio para que las empresas acogidas a la moratoria concursal encuentren una solución a sus problemas financieros, dejando el concurso de acreedores como último recurso.

Ahora bien, como en toda situación de crisis, las probabilidades de éxito serán mayores si los empresarios actúan de forma anticipada —mejor ahora que a la vuelta de las vacaciones— y si cuentan con el asesoramiento de un equipo de expertos jurídico-económicos en la materia.

*** Guillermo Prada es socio de PradaGayoso.