Con estos datos el presidente Sánchez se atreve a parafrasear al expresidente Aznar, que en su primera legislatura acuño aquello de: España va bien. Lo ha hecho recientemente desde Egipto, donde fue a probar un ejercicio de "diplomacia-económica" para las empresas españolas que trabajan allí. Un concepto que desarrolló en su célebre 'tesis doctoral'.

Desde ese país mediterráneo, el presidente ha declarado que España crece, que somos una de las locomotoras de la economía europea. La afirmación es cierta, crecer crecemos. Pero no lo suficiente. Si no creciéramos después de la caída del PIB del año 2020, estaríamos en la ruina y con un estallido social imparable. La última previsión de la OCDE es que no recuperaremos el nivel de antes de la pandemia hasta el 2023 o más.

Si no creciéramos después de la caída del PIB del año 2020, estaríamos en la ruina y con un estallido social imparable

 Lo que sabemos es que las estimaciones de Calviño no son ciertas. Está claro después de las últimas estimaciones de organismos internacionales (OCDE, FMI, …), europeos y nacionales. Las expectativas de crecimiento real este año están más cerca del 4% que del 6,5% que estimó el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado.

Con el 4% aproximadamente de crecimiento del PIB se está creando empleo. Por tanto, si estuviéramos creciendo al 6,5%, según las estimaciones del Gobierno, el desempleo estaría por debajo de tres millones de personas registradas en el SEPE y no habría trabajadores en ERTE. El paro sería cerca del 10% sobre la población activa. Es decir, para España, lo que se llama "paro friccional" por debajo del cual se producen aumentos salariales y se genera algo de inflación (de la sana no como la actual).

La subida de salarios y de empleo aumentarían las cotizaciones de los que trabajan y también los ingresos tributarios por IRPF, IVA y Sociedades sin necesidad de cambiar los tipos impositivos. 

Con esas cifras, las cuentas de la Seguridad Social estarían más equilibradas. Se moderaría el déficit de las pensiones y, por supuesto, el de las Administraciones públicas.

Las preguntas son dos. ¿En estas circunstancias, cuando se genera empleo con el 4% de crecimiento, por qué cambiar una reforma laboral que ha mejorado la movilidad del mercado laboral? ¿Por qué empeñarse en subir los tipos impositivos que reducen la liquidez de empresas y familias, los que generan de verdad el empleo con su inversión y/o gasto?

Las respuestas son claras: los cambios en leyes laborales y normas impositivas no responden a criterios de racionalidad económica, sino a directrices de ideología política.

Los cambios en leyes laborales y normas impositivas no responden a criterios de racionalidad económica, sino a directrices de ideología

Por tanto, este Gobierno sacrifica empleo y renta de las clases medias y bajas a cambio de mantenerse en el poder. Cuanto más desempleo, menos presión real para subir salarios. Al fin y al cabo el mercado laboral es eso: mercado. Si hay más paro, los salarios bajos no tienden a subir. Las subidas de Salario Mínimo Interprofesional SMI, son un arma de doble filo porque impiden que los menos preparados accedan al trabajo y tengan que ponerse en manos de las subvenciones entrando en el peligroso riesgo del voto cautivo.

Por contra, las clases adineradas, la casta (como diría Pablo Iglesias) se va a forrar con la política económica del Gobierno. Si a la contención de los salarios de los trabajadores se suma la inflación, que eleva los precios de ciertos activos (inmobiliarios, empresariales o financieros), los favorecidos son precisamente los que el Gobierno dice combatir.

Para seguir en el poder, Sánchez cede la iniciativa económica a Unidas Podemos, a los sindicatos, a la presión de la llamada 'cultura de izquierdas' y la iniciativa política a los nacionalistas-independentistas.

De manera que no se puede decir que España vaya bien. Va bien para algunos, para ricos e independentistas que, teóricamente, no son sus votantes. Es la paradoja de su política radical de izquierdas.