Y desde esa desnuda perspectiva general, a mi juicio la única pertinente, es desde la que se impone evaluar la procedencia de incorporar a la legislación española algo que semeja funcionar bien en Austria, lo que no prejuzga en absoluto que tuviese que seguir funcionando bien fuera de Austria. Sobre todo, cuando se repara en el hecho de que Austria presenta un índice promedio de desocupación algo inferior al 5% durante los últimos 20 años, frente a las obscenas tasas ponderadas, siempre por encima del 15%, que retratan a la España posterior al ingreso en la Unión Europea.

Añádase a ello que Austria se caracteriza por la gran estabilidad en el empleo de la que gozan sus trabajadores por cuenta ajena, por los salarios altos que de modo generalizado les pagan sus empresas y, tercero - pero no causa ni tampoco sinónimo de lo anterior -, por la alta productividad de su estructura económica toda. O sea, justo lo contrario de lo que acontece en España, país que arrostra de modo ya crónico un modelo definido por la enorme rotación e inestabilidad permanente en el mercado laboral y los salarios bajos, amén de por una productividad mediocre en relación a los países de su entorno.

Así las cosas, ¿aumentaría la eficiencia agregada de la economía española el hecho de adoptar la llamada 'mochila austriaca'? Es la pregunta a la que se debe responder antes de pronunciarse a favor o en contra. Tratemos de hacerlo.

A priori, se diría que sí. Que los trabajadores no temieran perder la protección vinculada a la antigüedad del contrato supondría, parece evidente, un incentivo a la movilidad voluntaria, lo que redundaría en una asignación más óptima de los recursos. Pero tan cierto resulta ser eso como que, y en la práctica, eliminar tal cortapisa afectaría casi exclusivamente al segmento de las plantillas integradas por los empleados dotados de alta cualificación, los únicos por los que estarían dispuestas a competir las empresas en contextos de crecimiento económico en los que tienden a escasear ese tipo de profesionales.

Para el resto de la fuerza de trabajo nacional, la caracterizada por niveles medios y bajos de formación específica, grosso modo dos tercios del total, la introducción de la mochila carecería de efectos significativos a los efectos que nos ocupan. De ahí que lo previsible fuese un incremento de los salarios correspondientes al tramo alto de la pirámide retributiva acompañado de la continuidad apenas levemente alterada de los rasgos hasta hoy dominantes en el grupo mayoritario de las plantillas. Por ese lado, poca cosa.

Otro argumento de los defensores de la mochila, y en especial de las voces procedentes de los entornos patronales, es el que enfatiza los efectos beneficiosos (para ellos) en cuanto a abaratar los despidos. Hipotética derivada que, por cierto, anda muy lejos de resultar algo evidente. Y es que bien podría ocurrir lo contrario, que la mochila austriaca, en realidad, encareciese los despidos.

En la Gran Recesión de 2008, la existencia de la mochila hubiera no solo abaratado el despido, sino que además lo hubiese incentivado

En última instancia, todo dependería del contexto macro. Así, en un marco de crisis, pongamos por caso la Gran Recesión de 2008, la existencia de la mochila hubiera no solo abaratado el despido, sino que además lo hubiese incentivado en grado sumo, con las consecuencias devastadoras añadidas que ello podría haber causado para la economía española en su conjunto. Piénsese, sin ir más lejos, en el incremento adicional del gasto público vinculado a las prestaciones por desempleo que se habría generado bajo ese supuesto.

Por el contrario, en periodos de relativa estabilidad o crecimiento, los más frecuentes desde una perspectiva a largo plazo, se produciría con ella en vigor la paradoja contraintuitiva de que, dados los rasgos estructurales de nuestro muy peculiar y castizo modelo productivo, se provocase el efecto perverso de incrementar la factura nacional agregada de las indemnizaciones empresariales por despido. Y por dos motivos, a cada cual más absurdo desde la óptica de la racionalidad económica.

El primero sería el derivado de que las compañías cuyas peculiaridades sectoriales y cultura empresarial provocan que despidan menos que las otras, en general las más modernas y punteras en lo tecnológico, estarían subvencionando a las que se significan por justo lo contrario. Pues el coste de despedir resultaría tras la implantación de la mochila mucho más bajo, sí, pero únicamente para las empresas del segundo tipo.

Estaríamos asistiendo a la 'socialización' de los costes empresariales derivados de reducir plantillas

En puridad, estaríamos asistiendo a la 'socialización' de los costes empresariales derivados de reducir plantillas. Aumentaría la factura anual de los despidos para las empresas que no despiden, mientras disminuiría, y mucho, la de las que sí despiden.  El efecto conjunto podría ser un incremento del coste total. Pero el segundo aún resultaría peor, pues se estaría introduciendo un nuevo impuesto para las empresas que gravaría las rescisiones de los contratos llevadas a cabo de modo unilateral por los empleados.

Imaginemos que un periodista de El Español recibe una oferta de trabajo de la competencia y, acto seguido, se dirige al director de este periódico para reclamarle una indemnización por irse. Suena absurdo, pero es lo que ocurriría de facto si la mochila austriaca estuviera integrada hoy en nuestro ordenamiento jurídico.

El gran riesgo asociado a implantar mochilas alpinas en parajes macroeconómicos muy distintos a los plácidos y bucólicos que imperan por norma en Austria remite a la trivialización del despido. Proceder siempre del modo más fácil y sencillo forma parte sustancial no de los hábitos empresariales, sino de la propia naturaleza humana. Y si despedir se convirtiera por ley en lo más fácil, nuestros empleadores, nadie lo dude, harían lo más fácil. Porque no somos Austria. Básicamente por eso.

*** José García Domínguez es economista.