Acelerar la recuperación económica de la Unión Europea, tras los golpes sufridos por la pandemia y la guerra de Putin en Ucrania, es uno de los principales retos de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, a lo largo de este segundo semestre de 2023. Será clave, además, para mantener el buen ritmo de crecimiento de nuestro país, al explicarse éste fundamentalmente por la aceleración de la UE, nuestros principales mercados de exportación.

Más allá de la coyuntura, la prioridad pasa por redefinir las reglas de coexistencia entre las economías europeas, adaptándolas a un entorno geopolítico plagado de incertidumbres. Unas reglas que, en el plano fiscal, se habían puesto en entredicho durante la pandemia, y que ahora se tienen que reactivar, partiendo de la propuesta de la Comisión Europea. Se trata de compatibilizar la sostenibilidad de la deuda pública de los Estados miembros con un crecimiento fundamentado en las transiciones energética y digital, y que avance hacia una mayor cohesión social.

En el ámbito energético es el momento de establecer una nueva regulación a nivel europeo del precio en el mercado eléctrico, que vaya más allá de los mecanismos de corrección implantados en algunos países de la unión, como ha sido la excepción ibérica. Con el objetivo de aumentar la autonomía energética de la UE, el plan REPowerEU debe pasar de las declaraciones a los hechos. Esto pasa por una reforma en profundidad del funcionamiento de los mercados.

Y por inversiones orientadas a mejorar las instalaciones e infraestructuras energéticas para satisfacer las necesidades inmediatas en materia de seguridad del suministro de gas, y eliminar los cuellos de botella interiores y transfronterizos en el transporte y la distribución de energía. Asimismo, para impulsar la transición verde se debe acelerar la implantación de energías renovables, avanzar en el almacenamiento de electricidad, aumentar la eficiencia energética de los edificios, apoyar el transporte sin emisiones y la descarbonización de la industria e incrementar la producción y uso de biometano sostenible y de hidrógeno renovable o sin combustibles fósiles.

Para impulsar la transición verde se debe acelerar la implantación de energías renovables

De manera similar, la puesta en marcha de un impuesto carbono a las fronteras de la Unión no puede retrasarse más, so pena de penalizar las empresas europeas que internalizan los costes medioambientales frente a las de otros países, que los obvian. La creación de un Fondo Social para el Clima puede permitir financiar medidas e inversiones para apoyar hogares, microempresas y usuarios del transporte vulnerables y ayudarles a atenuar los efectos sobre los precios del régimen de comercio de derechos de emisión para edificios, transporte por carretera y otros sectores. Asimismo, se debe avanzar en la eliminación gradual de los derechos de emisión gratuitos para el sector de la aviación, y la inclusión de las emisiones procedentes del transporte marítimo.

Además de la transición verde, la presidencia española del Consejo de la Unión Europea debe avanzar la digitalización de la economía, priorizando la formación de los trabajadores y del conjunto de la ciudadanía en competencias digitales, y la mejora de las infraestructuras, con el despliegue de la tecnología 5G y la conectividad digital para el 100% de la población. Solo así se logrará la digitalización de las empresas, especialmente las microempresas, las PYMEs y las start-ups. Será determinante también lograr la plena digitalización de las Administraciones Públicas, y avanzar en ciberseguridad y en los sistemas de regulación para prevenir efectos no deseados en el desarrollo de la Inteligencia artificial.

Finalmente, ante el debilitamiento del sistema multilateral, Europa no tiene más remedio que avanzar en pactos con otros grandes bloques comerciales. Es necesario salvaguardar los intereses de las empresas europeas ante el Inflation Reduction Act de EEUU, que incluye medidas de corte proteccionista.

La presidencia española del Consejo de la Unión Europea debe avanzar la digitalización de la economía, priorizando la formación de los trabajadores

Por otra parte, nuestro país, por su papel de puente con América Latina, ofrece una oportunidad para lograr que se ratifique el Acuerdo UE-Mercosur. Respecto a las relaciones UE-China, es el momento de fortalecer vínculos económicos y comerciales, para mitigar los procesos de desglobalización. Para España, en donde las exportaciones supusieron el 41,7% del PIB en 2022, fomentar la corriente de la globalización hacia Asia es clave para mantener el crecimiento del empleo y las inversiones.

Todos estos retos económicos que España tiene por delante durante la presidencia de la Unión Europea son suficientemente importantes como para que el adelanto de las elecciones generales al próximo 23 de julio no perjudique la toma de decisiones. Nos jugamos mucho, España y la UE, no sólo en términos estrictamente económicos, sino también en la preservación del estado de bienestar, en un contexto global marcado por las incertidumbres y las tensiones geopolíticas.

*** Mónica Melle Hernández es consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y Profesora de Economía de la UCM.