Burocracia frente a medicina
Propósitos sanitarios para la legislatura nueva
A nadie, y mucho menos a la nueva ministra de Sanidad, se le escapa que el sector público atraviesa un momento crítico, con listas de espera récord, una preocupante escasez de profesionales y la Atención Primaria en serios problemas. La ministra asume un papel clave en estos próximos años: establecer un marco propicio para sacar a España de este laberinto sanitario y también colaborar con las Autonomías para que cientos de miles de españoles (y los cientos que desesperantemente se incorporan cada día) puedan ser efectivamente atendidos.
El escenario supone un desafío de tal tamaño que apremia encontrar la manera de resolverlo. Nuevamente - y ya son incontables las veces- el sector empresarial sanitario tiende la mano. Que nadie olvide que durante la pandemia nos ocupamos de atender al 30% de los afectados, evidenciando nuestra capacidad y disposición.
Pero hay voces ideologizadas que señalan a la sanidad privada como parte del problema, denunciando que absorbe recursos que de otra manera reforzarían la sanidad pública. Se les olvida decir que la privada, como recurso flexible de la pública por mandato legal, presta servicio a través de conciertos públicos a precios un 50% más baratos de promedio que los propios de la sanidad pública. Somos más eficientes, pero no somos sustitutivos del Estado. Y ni queremos, ni podemos minorar la capacidad de la sanidad pública. Aclaremos este punto de una vez por todas para evitar malentendidos y promover, fruto de ello, una colaboración efectiva. Somos parte de la solución para reducir las listas de espera.
"Que nadie olvide que durante la pandemia nos ocupamos de atender al 30% de los afectados, evidenciando nuestra capacidad y disposición".
Algunas ideas que han surgido en el debate público en las últimas semanas de fijar incentivos a las autonomías que cumplan con la reducción de listas de espera y tasas a las que no, y a la vez aprobar la ley de Equidad que convierta en excepcional la colaboración con la sanidad privada, obliga directamente al país a una de tres posibilidades: ofrecer una peor calidad asistencial para reducir tiempos unitarios de atención médica; incrementar exponencialmente los impuestos a los ciudadanos para financiar un enorme refuerzo de la sanidad pública o redistribuir los actuales afectando a otras partidas del Estado de Bienestar – efecto manta, cubro mis pies pero descubro mi nariz-; o bien generar un estado de sanciones a las comunidades autónomas sin solución de continuidad que no conducen a ningún lado.
Se habla también de poner límites que ayuden a garantizar los tiempos de espera. Eso ya existe con los periodos máximos legales de Garantía de Respuesta Asistencial comprometidos por cada CCAA. Si la espera supera el tiempo máximo establecido en un centro de la red pública, la consejería de sanidad competente está obligada a ofrecer al paciente la posibilidad de recibir la prestación en un centro concertado. La realidad es que no se están cumpliendo estos periodos máximos por la omisión de esta obligación por las administraciones sanitarias y por el desconocimiento del ciudadano.
"No se están cumpliendo estos periodos máximos por la omisión de esta obligación".
Y aquí viene otro de los grandes problemas sanitarios. La ministra Mónica García afirmó en su toma de posesión que la situación de los profesionales sanitarios es una de sus principales competencias en esta legislatura. Sin duda, tendrá que resolver uno de los problemas más urgentes que enfrenta el sistema de salud en la actualidad.
La falta de médicos y personal sanitario se encuentra enquistada y requiere una buena planificación al menos a 10 años vista, y por supuesto que incluya también las necesidades del sector de la sanidad privada, que atiende a uno de cada tres pacientes en España. Es imperativo reconocer que la colaboración entre ambos sectores es esencial para garantizar el acceso a profesionales capacitados y ofrecer una atención de calidad a la población.
En este sentido, confiamos en continuar con la colaboración iniciada en 2023 para compartir información con Sanidad y así obtener la foto íntegra de la necesidad de profesionales sanitarios en nuestro país.
Sin duda, figura entre los principales propósitos de Año Nuevo de la sanidad privada colaborar desde una interlocución profunda, sincera y enriquecedora con todas las instituciones, nacionales y autonómicas, y así poner en valor la experiencia y capacidad innovadora del sector privado. Aprovechar estas fortalezas permitirá implementar tecnologías avanzadas, reducir los tiempos de espera y mejorar la gestión de recursos, beneficiando así a toda la población. Sin la sanidad privada el sistema de salud pública será menos resistente y menos flexible y pondrá en riesgo su sostenibilidad.
Confiamos en que las palabras manifestadas por la propia titular de Sanidad de "poner la escucha y el diálogo en el centro de las políticas del Ministerio de Sanidad" sea más realidad que nunca en lo referente también a la sanidad privada.
*** Carlos Rus es presidente de ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española) y de la comisión de Sanidad de la CEOE.
