En cualquier caso, poner cifras resulta esclarecedor, pero aún más poner las cifras en su contexto. En primer término, en 2023 España tuvo unos ingresos públicos récord, pero eso no fue suficiente para pagar los gastos. Finalmente, el déficit público quedó en 53.159 millones de euros, un 3,64% del PIB. Esta cifra está por debajo del objetivo comprometido con las autoridades europeas, pero habrá que seguir reduciéndola.

Hay dos razones fundamentales, una que nos lo exigen desde Europa, y la otra, y más importante, es que hay un déficit primario del 1,18%. Esto quiere decir que hay déficit antes de pagar intereses. Por eso, en circunstancias de inflación reducida, que es hacia donde deberíamos ir a medio plazo, no deberíamos tener déficits primarios porque si no, la deuda irá aumentando cada vez más, especialmente si los intereses de la nueva deuda que se emite van aumentando, como inevitablemente ocurrirá.

Los ingresos públicos no son suficientes para cubrir nuestro nivel actual de gasto público, pero, también, son los niveles más elevados de ingresos públicos que nunca ha tenido la economía española. Estos ingresos fueron de 625.661 millones de euros, un 42,8% del PIB. En términos de PIB, sólo tuvimos un mayor porcentaje de ingresos en 2021, que es el récord con un 43,3% del PIB. Si sólo tomamos los ingresos obligatorios, impuestos y cotizaciones sociales, en relación con el PIB, entonces obtenemos el índice más conocido y utilizado, el de presión fiscal.

La presión fiscal se redujo ligeramente en 2022 y 2023, después de haber alcanzado el récord también en 2021. Esto quiere decir, en primer término, que la recaudación de impuestos es superior al pico de la burbuja en 2007 tanto en términos absolutos, como en términos relativos, y tomemos casi cualquier indicador que tomemos.

Los ingresos públicos no son suficientes para cubrir nuestro nivel actual de gasto público

Pero, en 2007 España tuvo un superávit público de casi el 2% del PIB. En esos años, como decía el expresidente Rodríguez Zapatero “bajar impuestos también es de izquierdas”. La diferencia era que el gasto público era menor. Pero volver a ese nivel de gasto público, por debajo del 40% del PIB exigiría unos sacrificios sin precedentes.

La razón es que el envejecimiento de la población ha incrementado los gastos de una forma muy importante, y lo seguirá haciendo en el futuro. Quédense con un solo dato, el gasto total en pensiones en 2007 fue de 91.458 millones de euros, un 8,5% del PIB. En este 2023, las pensiones públicas ascendieron a 190.687 millones de euros, un 13,04% del PIB.

A futuro, los gastos en pensiones, pero también en sanidad y dependencia, que son partidas muy importantes, seguirán aumentando si no se toman medidas de contención, porque están directamente ligados con el envejecimiento de la población. También aumentarán los pagos por intereses. Y no sólo es una cuestión de que tenemos más deuda pública, sino de que buena parte de ellas se emitió con tipos inferiores a los vigentes, y a los que previsiblemente habrá en el futuro.

Estas son nuestras necesidades de gasto, y, también en función de ellas, hay que evaluar los impuestos que pagamos los españoles. Volviendo a la presión fiscal, lo primero que convendría matizar es que la reducción entre 2022 y 2023 es muy inferior a lo que indican las cifras. Entre 2022 y 2023, la presión fiscal se redujo en tres décimas, al pasar del 38,3% al 38%. Sin embargo, aquí no se incluyen las “prestaciones patrimoniales no tributarias” a la Banca y las energéticas, porque, en teoría no son impuestos (ni tampoco cotizaciones). Si las incluimos, la presión fiscal es inferior a la 2021, que es el récord histórico, pero prácticamente se ha mantenido respecto al año anterior.

Esto quiere decir que la recaudación de impuestos y cotizaciones ha aumentado, pero ligeramente menos que el crecimiento del PIB entre 2021 y 2023. Pero, si comparamos con 2019, la presión fiscal ha aumentado casi cuatro puntos (o incluso más, si comparamos con el récord de 2021). Apenas ha habido aumentos de impuestos, incluso algunos de los nuevos en este periodo, como el de solidaridad a las grandes fortunas o la denominada tasa “Google” han recaudado mucho menos de lo previsto.

En este 2023, las pensiones públicas ascendieron a 190.687 millones de euros, un 13,04% del PIB

Incluso, ha habido algunas rebajas en el IVA a parte de la alimentación, y especialmente en los impuestos especiales, y también en el IVA a la energía, que se han revertido este 2024. También ha habido dos pequeñas rebajas para los contribuyentes que menos ganan en el IRPF ¿Qué ha ocurrido?

Fundamentalmente, han ocurrido dos cosas: en primer lugar, que ha aflorado economía sumergida, lo que ha aumentado la recaudación por encima de lo previsto. Como informaba EL ESPAÑOL el cambio de hábitos en la Pandemia, así como los cambios en la normativa anti-fraude, llevaron a la generalización de los medios de pago electrónico, que, a diferencia del efectivo, dejan rastro. Esto se tradujo en una recaudación anual superior en más de 6.000 millones de euros sólo en el IVA. A veces, se recauda más sin necesidad de subir los impuestos a los que cumplen correctamente.

El segundo fenómeno no es tan positivo. La recaudación del IRPF se ha disparado por el crecimiento de salarios, pensiones y otras rentas, que ya se recogen en el PIB, por afloramiento de economía sumergida, como comentábamos antes, y también por la inflación. Aunque el PIB y la renta per cápita reales no han superado al de 2019, el tipo efectivo pasó del 12,8% al 14,3%. Esto supone un aumento de la cuota a pagar con la misma o menos capacidad económica, lo que se conoce en la jerga como progresividad en frío. Según mis cálculos, sólo este efecto, que es una subida real de impuestos, serían unos 12.600 millones de euros de recaudación adicional en nuestro principal impuesto.

El resumen de toda esta cuestión es que los españoles pagamos más impuestos. Pero que, también ha aumentado el gasto público, y no disminuirá sin medidas dolorosas, sino que aumentará. Donde se ha concentrado el aumento de impuestos ha sido, fundamentalmente, en asalariados y pensionistas, con rentas superiores a los 20.000 euros aproximadamente, que soportan el 80% de la recaudación del IRPF. Y todo esto ha tenido más que ver con la evolución económica y con la inflación, que con medidas normativas de aumento de impuestos.

Creo que, con este panorama, necesitamos una reforma global del sistema fiscal, que evalúe también la eficiencia del gasto público. Y uno de los componentes que habría que abordar en la reforma fiscal es aumentar la transparencia de ingresos y gastos públicos. Pero, habría que insistir en realizar un diagnóstico real de ingresos y gastos públicos, porque el populismo fiscal de izquierdas, que proclama que sólo van a pagar los ricos, o de derechas, que afirma que, recortando impuestos indiscriminadamente se recauda más, son dos caminos distintos… para acabar en ninguna parte.

***Francisco de la Torre Díaz es economista, inspector de Hacienda y autor del libro "Y esto, ¿quién lo paga? Economía para adultos" (Debate, 2023).