Sin duda alguna estamos ante un reto monumental considerando diversos aspectos como la normativa cambiante, la ingente burocracia, la falta de transparencia en los procedimientos administrativos, la inseguridad jurídica derivada de decisiones judiciales discrepantes, la oposición social y la incertidumbre de los ingresos que permitan asegurar la viabilidad económica de las instalaciones y su financiación. 

A fecha de 31 de mayo de 2024, hay 140 GW con permisos de acceso y conexión concedidos a instalaciones eólicas y fotovoltaicas pendientes de puesta en servicio. Pero no todos estos proyectos llegarán a buen puerto debido a diversas causas; principalmente medioambientales, urbanísticas, de oposición social, por imposibilidad de obtener financiación o por condicionantes que hacen inviables los proyectos, como los soterramientos de líneas, tan impulsados por las administraciones como discutibles desde un punto de vista ambiental.

A fecha de 31 de mayo de 2024, hay 140 GW con permisos de acceso y conexión concedidos a instalaciones eólicas y fotovoltaicas pendientes de puesta en servicio.

A pesar de todo 2030 está a la vuelta de la esquina, y no solo eso, debemos pensar ya en el 2050, año en el que España tiene el objetivo de convertirse en una economía neutra en carbono y con un sector eléctrico 100% renovable. Es por ello por lo que es necesario mejorar ciertos aspectos clave para conseguir los objetivos marcados, algo para lo que será necesario la colaboración de todos los agentes implicados en el desarrollo de las energías renovables. 

El primer paso para el desarrollo de un proyecto es la obtención de un punto de conexión del sistema eléctrico en el que inyectar la energía generada. Este procedimiento se caracteriza por una normativa mejorable y, en especial, por una mayor transparencia del proceso. Una clara muestra de que se puede mejorar en estos aspectos es el elevado volumen de conflictos de acceso -reclamaciones- expuestos ante el regulador. 

Y es que según las memorias de actividad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), este órgano regulador recibió 181, 214 y 202 conflictos en los años 2020, 2021 y 2022 respectivamente.

Esto indica la disconformidad de los promotores con las denegaciones de los permisos de acceso por REE por causas que, en ciertas ocasiones, no están debidamente acreditadas.

Se requiere, por tanto, una mayor transparencia en los procesos, como por ejemplo que un promotor conozca su posición en el listado de prelación temporal, que los permisos de acceso se concedan conforme a la capacidad disponible en el momento en que formula su solicitud o que los gestores de redes respondan en los plazos establecidos. 

Pero, sobre todo, la normativa que rige el acceso y conexión debería ser menos rígida y permitir, entre otros asuntos, intercambios de permisos de acceso entre promotores que minimizasen las líneas de interconexión a las redes; o diferenciar y facilitar el acceso y conexión a las muy necesarias y urgentes instalaciones de almacenamiento, segregándolas de las instalaciones de generación, considerando su faceta de demanda. 

Y es que según las memorias de actividad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), este órgano regulador recibió 181, 214 y 202 conflictos en los años 2020, 2021 y 2022 respectivamente.

Otro aspecto muy importante que debería regularse en la normativa, sería la obligación de compartición de infraestructuras de interconexión. Actualmente, en los proyectos que se tramitan en el estado y en algunas comunidades autónomas, para la obtención de la autorización administrativa previa se exige que se acredite, por parte del promotor solicitante, que se dispone de acuerdo de compartición de infraestructuras con otros promotores que compartan el mismo nudo de conexión de la red de transporte o distribución.

Sin embargo, ese promotor solicitante no dispone de ninguna capacidad de negociación frente al resto de promotores, ya que la normativa no se la otorga, quedando al arbitrio y la buena voluntad -o no- de esos terceros promotores, generando situaciones injustas y que interfieren en la competencia.

Es imprescindible que se obligue a los promotores, a través de la normativa, a compartir líneas de alta tensión y subestaciones colectoras para minimizar el número de estas infraestructuras y así su impacto ambiental y la oposición social que generan. Y, en especial, a las líneas individuales de evacuación por muy privativas que éstas sean, considerando el interés general. Parece lógico no construir una maraña de líneas cuando en ocasiones es posible evitarlo compartiéndolas, siempre que sean aéreas y no soterradas. 

Asimismo, los cambios en la normativa y la simplificación administrativa pueden permitir una agilización en la implantación de renovables. Sin embargo, no bastan nuevas leyes o la trasposición de directrices europeas. Hace falta mucho diálogo entre administraciones, empresas y agentes sociales, y ser ágil y decidido en llevar a cabo acciones que permitan lograr los objetivos. El tiempo vuela y el cambio climático no espera.

En definitiva, España enfrenta un desafío titánico en su camino hacia un futuro energético sostenible y libre de carbono. La clave para superar este reto radica en mejorar la transparencia y flexibilidad de los procedimientos administrativos, fomentar la cooperación entre promotores y optimizar el uso de las infraestructuras existentes. Solo así podremos acelerar la transición energética y asegurar un futuro más limpio y sostenible para todos.

Por Juan Barreiro, director general de SSE Renewables en España.