Manifestantes de Bangladesh protestan frente a la Casa Blanca en Washington contra la reforma de la ley. Europa Press
Las protestas de Bangladesh dejan a más de 174 muertos y tres sancionados con cadena perpetua en EAU
La Suprema Corte anunció que los puestos de gubernamentales, 5% serán reservados para los hijos y nietos de los veteranos, 2% de para las mujeres, personas con discapacidad y minorías étnicas y sexuales y el 93% restante será asignado por meritocracia.
24 julio, 2024 02:00El 1 de julio, estudiantes de la prestigiosa universidad bangladesí de Daca comenzaron a protestar contra la reforma de una ley anulada en 2018 que reservaba 30% de los puestos gubernamentales para los hijos y los nietos de los veteranos de la guerra de independencia de 1971. El 20 de julio, el ejército fue desplegado para reforzar a la Policía en las protestas que han tomado lugar en todo el país.
Las telecomunicaciones han sido interrumpidas y no hay servicio de Internet fijo ni móvil y las redes sociales están bloqueadas aunque todavía hay servicio telefónico y SMS. Alrededor de 2.500 civiles y estudiantes han sido arrestados y se reportan más de 175 muertes confirmadas y miles de heridos con gases lacrimógenos, granadas de sonido, armas de fuego, etc.
Los manifestantes rodearon e incendiaron una de las principales emisoras de la televisión estatal Bangladés TV (BTV) en Daca. Según fuentes locales, varios empleados de BTV se encontraban en ese momento en el interior de la estación.
El fin de semana hubo toque de queda impuesto por la policía en Daca, con órdenes de “disparar a matar a las personas que estuvieran fuera durante las horas que el toque de queda estuviera en vigor”, explica Council on Foreign Relations.
El director regional Adjunto para Asia Meridional de Amnistía Internacional, Babu Ram Pant, dijo que el creciente número de víctimas “es una escandalosa muestra de la absoluta intolerancia de las autoridades bangladesíes hacia la protesta y la disidencia” y sus víctimas deben recibir plena reparación por parte del Estado. Aclara que es responsabilidad de las autoridades poner fin inmediatamente “al uso ilegítimo de fuerza letal contra los manifestantes”.
La embajada estadounidense en Daca informó en su página web de que hay una alerta de seguridad. La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Washington emitió un nivel de alerta de viaje indicando que Bangladés está en un ‘nivel 4’ de riesgo, por disturbios civiles, delincuencia y terrorismo. En el país asiático la alerta que indica “no viajar” es consecuencia de los disturbios civiles.
Las universidades, institutos, colegios y seminarios islámicos han sido cerrados temporalmente. Es una de las protestas más violentas que ha sufrido el país. Según la ONU, Bangladés es uno de los países menos desarrollados del mundo. Las protestas son consecuencia de una frustración en la economía, pues el país lucha contra una elevada inflación (afectada aún más por las protestas) y la falta de buenos empleos (en el gobierno) una vez graduados. Uno de los motivos por el cual quieren un empleo público “es la seguridad social”, explica una estudiante de la Universidad de Daca, Lamia Rahman Supti a DW.
La primera ministra Sheikh Hasina está estrenando su cuarto mandato, está en el poder desde 2009 y gobierna una “autocracia competitiva”, explica Council on Foreign Relations.
En 2018, la Suprema Corte de Bangladés reformó la ley introducida por su padre, Sheikh Mujibur Rahman —quien lideró el movimiento independentista—, por protestas estudiantiles. Sin embargo, en junio de 2024, el The New York Times explica que la reforma fue anulada y la ley restablecida después de que las familias de los Mukti Bahini (luchadores por la libertad) presentaron una demanda. Los estudiantes protestan porque, dicen, esa ley solo beneficia a los simpatizantes de la Liga Awami, el principal partido de centroizquierda del país que participó en la guerra de 1971.
La primera ministra cuestionó que “si los empleos no se reservan a los veteranos, ¿a quién deberían reservarse? ¿A los hijos de los razakars?”. Razakar es un término peyorativo cuyo significado social es “traidor al Estado”, utilizado para los colaboradores bangladesíes del ejército pakistaní durante la independencia, explica Syeda Shagufe Hossain en un artículo de The Wire.
El gobierno actual justifica la ley argumentando que la reserva del 56% de los puestos de trabajo se adoptó para reconocer los sacrificios realizados por los “luchadores de la libertad” en 1971, a los que les corresponde 30%. El 26% restante se reserva para mujeres, personas con discapacidad y minorías étnicas y sexuales. Mientras que el restante 44% eran asignados por méritos.
El pasado domingo, la Suprema Corte anunció que sólo se reservaría un 5% para los hijos y nietos de los veteranos, un 2% iría destina a mujeres, personas con discapacidad y minorías étnicas y sexuales y el 93% restante sería asignado por meritocracia.
La protesta, sin embargo, no ha terminado. Los estudiantes y los civiles involucrados, explica Anadolu Agency, piden entre sus demandas una disculpa de la primera ministra por las muertes, así como la dimisión del ministro del Interior, Asaduzzaman Khan, y del secretario general de la Liga Awami, Obadaiul Quader, responsables de la violencia en el país.
Los simpatizantes con las protestas estudiantiles no estuvieron sólo en Bangladés. La corte federal de Abu Dabi en los Emiratos Árabes Unidos penalizó a 53 banglaesíes con 10 años de cárcel, uno con 11 años y tres fueron sancionados con cadena perpetua. Supuestamente cometieron los delitos de reunirse en “un lugar público y protestar contra su gobierno de origen con la intención de incitar a los disturbios, obstruir la aplicación de las leyes y reglamentos, perturbar los intereses individuales, causar daño y peligro a terceros, violar sus derechos, alterar el tráfico y el transporte y dañar la propiedad tanto pública como privada”, destaca la Agencia de Noticias WAM. Los ciudadanos de Bangladés constituyen la tercera comunidad de expatriados más grande del país árabe y los partidos políticos y los sindicatos están prohibidos en la federación monárquica de siete emiratos.
