El Gobierno desoirá el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que advierte de la posible inconstitucionalidad de la futura ley de vivienda por su invasión de las competencias autonómicas en la materia. 

El Ejecutivo se ha comprometido también a mantener en la ley el contenido pactado originalmente por el PSOE y Unidas Podemos. Lo ha hecho con el argumento de que el informe del CGPJ se ha extralimitado realizando una enmienda a la totalidad de la norma. 

El Gobierno afirma que el informe del CGPJ, el segundo que realiza el órgano de gobierno de los jueces sobre la futura ley de vivienda, sólo debía analizar los tres artículos nuevos que modifican la ley de enjuiciamiento civil, y no el contenido global de la norma.

Isa Serra, portavoz de Unidas Podemos, ha llegado a afirmar que el CGPJ "lidera la reacción antidemocrática al Gobierno de este país". 

Preceptivo, pero no vinculante

En su informe, preceptivo pero no vinculante, el CGPJ critica la intervención del precio del alquiler por su "complejidad reglamentista" y advierte de un posible alud de reclamaciones judiciales de los propietarios. Propietarios a los que la nueva ley convierte en garantes del derecho constitucional a la vivienda del resto de los ciudadanos

Si el informe del CGPJ se ha extralimitado o no es tema de debate para juristas. Pero dos hechos son indudables.

El primero, que el Gobierno está en su derecho de hacer caso omiso de un informe que, de acuerdo con la ley, no es vinculante. 

El segundo, que el informe del CGPJ incluye argumentos jurídicos y referencias suficientes a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como para prever un posible futuro revolcón de la ley en los tribunales si los afectados por el intervencionismo de la ley deciden dar la batalla jurídica y plantear su inconstitucionalidad. 

¿Una nueva ley Corcuera?

La nueva ley de vivienda, que recoge buena parte de las medidas contrarias al libre mercado y al derecho de propiedad defendidas por la izquierda populista, es uno de los proyectos estrella de este Gobierno. Su anulación total o parcial por los tribunales supondría un revolcón de extraordinario calado para PSOE y Unidas Podemos. 

El caso recuerda a la ley de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como ley de la patada en la puerta. Un proyecto que el ministro del Interior del PSOE José Luis Corcuera defendió personalmente, a pesar de su flagrante inconstitucionalidad, hasta el punto de amenazar con dimitir si los tribunales la anulaban en alguno de sus puntos elementales. 

Cuando el Constitucional declaró ilegales en 1993 dos preceptos clave de la norma, Corcuera cumplió su palabra y presentó su dimisión irrevocable a Felipe González.

Hoy, 29 años después, el Gobierno ha decidido asumir toda la responsabilidad por una posible inconstitucionalidad de la ley al hacer caso omiso del dictamen del CGPJ. Si el Tribunal Constitucional anula parcial o totalmente la norma, ¿asumirán sus máximos responsables la responsabilidad política por dicha ilegalidad, o se escudarán de nuevo en la supuesta "reacción antidemocrática" del Poder Judicial?