El pasado 13 de enero se cumplieron 200 años del nacimiento del cuerpo de Policía Nacional y 180 del germen de la Guardia Civil. Dos siglos de existencia en los que ambos uniformados han visto tres guerras carlistas, una contra Estados Unidos, cinco golpes de Estado exitosos, una sangrienta guerra civil, siete constituciones, 36 años ininterrumpidos de dictadura franquista y una Transición hacia la democracia. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FyCSE) han acompañado a España en sus dos últimos siglos de historia, han formado parte de sus luces y de sus sombras, de sus ascensos y declives, y hoy pueden decir que están imbricadas en su ADN y son indisociables de su identidad nacional.
Sabedores de su relevancia histórica y de lo imprescindibles que son para el correcto funcionamiento del orden social, muchos de sus agentes aún no dan crédito a que en pleno siglo XXI aún existan serias deficiencias sistémicas, estructurales, en ambos cuerpos. Los reclamos van por delante de las conquistas. Sin ir más lejos, las matanzas de agentes de la Guardia Civil por parte del narco en el Estrecho de Gibraltar y las sucesivas crisis migratorias en Ceuta, Melilla y Canarias, así como la presión social padecida en las calles y lingüística en Cataluña han puesto de manifiesto que tener un mayor número de efectivos no necesariamente supone unas mejores condiciones laborales ni una mayor seguridad.
No obstante, sería un error negar que se hayan hecho avances en los últimos años. Por ejemplo, en 2018 se logró una mejora salarial para ambos cuerpos cuando aún José Ignacio Zoido era ministro de Mariano Rajoy: tanto la Policía Nacional como la Benemérita llegaron a un acuerdo con el Gobierno para lograr la ansiada equiparación de sus sueldos. Con el cambio de Ejecutivo y la entrada de Fernando Grande-Marlaska al frente del ministerio de Interior, también se abrieron nuevas plazas y desde 2018 hasta 2023 se recuperaron 14.381 puestos de trabajo en las FyCSE. De hecho, el actual ministro, y los datos corroboran la premisa, ha asegurado en reiteradas ocasiones que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil se encuentran en "máximos históricos" en cuanto a número de efectivos se refiere.
Sin embargo, a pesar del aparente buen dato estadístico y de la mejora salarial conseguida bajo el gobierno del PP, prácticamente todos los sindicatos policiales consultados por este diario –UFP, CEP, UGC, AUGC, UnionGC– alertan de que aún existen desigualdades territoriales y problemas en el suminsitro de material en algunos territorios, así como una carencia preocupante de efectivos en lugares críticos –el Campo de Gibraltar, la Costa del Sol levantina, Canarias y Baleares– e incluso un incremento de la inseguridad judicial ante el aumento de la violencia contra las FyCSE. Problemas que, sumados, opacan los datos de ocupación "históricos" de los que se jacta hoy Interior.
Policía Nacional y Guardia Civil, en datos
La gran pregunta es: ¿cuántos agentes hay y cómo están distribuidos territorialmente? ¿Son suficientes para cubrir las necesidades de seguridad del territorio nacional? ¿Gozan de las mismas prestaciones económicas según qué Comunidad Autónoma? EL ESPAÑOL ha tenido acceso a las bases de datos actualizadas de la Policía Nacional (marzo de 2024) y de la Guardia Civil (noviembre de 2023), en las cuales se especifica el número de agentes de los diferentes cuerpos, su distribución territorial por comisarías y provincias y la diferencia entre el ideal de plazas que debería haber cubiertas en cada zona geográfica y el número real de agentes que las ocupan.
En total, entre los dos cuerpos, en España hay 150.666 agentes en activo, de los cuales 2.856 corresponderían a agentes de reserva de la Guardia Civil. La Policía Nacional suma 70.780 agentes estructurados en diferentes rangos: comisarios principales (130), comisarios (324), inspectores jefe (1.489), inspectores (4.490), subinspectores (5.289), oficiales de policía (7.316) y agentes convencionales (51.498), además de facultativos (112) y técnicos (132). Sin embargo, del número de agentes rasos en activo, 51.498, hacen falta, como mínimo, 5.714 en toda España para cubrir la cifra ideal de las dotaciones, prácticamente un 10% del total de la plantilla.
Fuentes de la Unión Federal de Policía (UFP) consultadas por este diario aseguran que esos datos están desactualizados y que en realidad hace falta un "ingente número" agentes más allá de los que marca el catálogo, por lo que porcentaje de ocupación "debe ser mucho más bajo" que el 90% de media que marcan las estadísticas actuales de Interior.
"El Campo de Gibraltar, el Levante español, Cataluña y las islas Baleares son las zonas donde mas problemática hay para cubrir plazas, y aunque se cubrieran no sería suficiente", señalan fuentes de la Confederación Española de Policía (CEP). "Hay pocos policías, hay poco material y poca voluntad de ir allí destinado. Imagina que en el campo de Gibraltar hubiera 800 policías en función de lo que el ministerio ha marcado. Aunque estuvieran los 800 cubiertos, no sería suficiente dada nuestra realidad. Necesitaríamos 2000, pero tampoco habría 2.000 policías que quieran ir allí, porque no se cobra lo suficiente. Tienen que ampliarse los catálogos, dar mejores retribuciones y más medios".
La deficiencia de agentes nacionales en las dotaciones territoriales es especialmente sangrante en Cataluña, donde hay 2.446 agentes activos para los 3.160 necesarios (un 77% de ocupación). "En Cataluña se está reproduciendo el problema que ha existido históricamente en el País Vasco, y es que, socialmente, como norma general, no somos aceptados por una parte de la sociedad que simpatiza con el movimiento independentista. Eso genera frustración, falta de arraigo y unas necesidades más amplias de irse de la plantilla. En Cataluña es donde acaban los últimos de la promoción, y cuando tienen ocasión se marchan".
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Cataluña tiene su propio cuerpo de agentes, dependiente de la Generalitat, los Mossos D'Esquadra, cuyo número de activos es considerablemente mayor que la suma de policías nacionales y guardias civiles en territorio catalán. Hay 17.881 Mossos frente a 2.962 agentes de Policía Nacional y 2.948 de la Guardia Civil. Además de su mayor número, a pesar de la equiparación salarial lograda en 2018 con Interior por la Policía Nacional y la Guardia Civil, los Mossos tienen unas condiciones económicas mucho más competitivas que las de los otros dos cuerpos.
UFP recuerda que "la jubilación de un Mosso es de 2.300 €, mientras que la de un policía es de 1.600 €". También, que los catalanes tienen gratificaciones por acudir a juicio y por hacer horas extra. "Un Mosso hace 3 horas de más, avisa a su responsable, se las apuntan y se las pagan a casi 30€ la hora. O les compensan las horas de ir a un juicio, cuando a nosotros a veces nos toca hacerlo en tiempo libre. La brecha salarial y de condiciones es enorme. ¿Quién nos compensa aquí si hacemos esas horas de más? Claramente hay una desigualdad entre ambos cuerpos, y eso no es justo".
Un Policía Nacional recién salido de la academia puede llegar a percibir 1.925 € brutos mensuales. Cada trienio suma otros 30 euros más. Los oficiales cobran 200 € extra y los subinspectores, 350 €. Cuanta más antigüedad, más acumulación, por lo que los agentes más veteranos pueden rondar los 2.500 € mensuales. "Los Mossos y la Ertzaintza generan mucho más a largo plazo, unos 100€ por trienio", señalan de la UFP. Además, algunos agentes que trabajan en ciudades muy extensas, como Madrid, cuentan con un plus de grandes urbes.
La Ertzaintza y la Policía Foral de Navarra también presentan numerosas desigualdades en cuanto número de efectivos. El País Vasco tiene 7.663 agentes propios frente a 758 activos de la Policía Nacional y los 2.731 de la Guardia Civil, lo que supone un 83% y un 81% del total ideal marcado por el catálogo. En Navarra hay 1.148 policías forales frente a 300 nacionales y 1.566 de la Benemérita, lo que supone una ocupación del 86% y del 87%, algo mayor que en el caso vasco.
El dilema del "bajo mínimos"
"Queremos un aumento de plantilla, porque estamos bajo mínimos", añade Eduardo A. García, secretario de comunicación de Unión de Guardias Civiles (UniónGC). "Somos insuficientes para acometer todas las competencias. No nos vale con ceder competencias a otros cuerpos: queremos las nuestras, dar un servicio de garantía, pero necesitamos un drástico aumento de plantilla".
En la Guardia Civil, explica García, hace falta una reestructuración nacional, porque no hay unidades de Seguridad Ciudadana ni plantillas de Tráfico que sean efectivas por debajo de 65 miembros. "Tenemos puestos con 8, 6 y hasta 5 efectivos", denuncia. "También queremos más medios materiales, porque a estas dos unidades, por ejemplo, no se les ha completado la entrega de chalecos antibalas. Y necesitamos que se nos dote de vehículos adecuados. Nos han dado coches basados en tecnología eléctrica que no son adecuados para muchas de las unidades, como las del Campo de Gibraltar, que se dan para patrullar la costa, y no son efectivos".
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, acude a la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz tras el asesinato de dos agentes en Barbate. Europa Press
Hay zonas especialmente problemáticas, como la del Estrecho, o ciertas áreas de Huelva, Cádiz, Málaga, Ceuta, Canarias y Baleares donde existen serios problemas con el narcotráfico y la inmigración. En el caso de Andalucía, tras los asesinatos de varios agentes por parte de los narcotraficantes, Unión de Guardias Civiles reclama que se declare la Zona de Especial Singularidad, lo que se traduciría "en un aumento drástico de plantilla, en el apoyo temporal de unidades especializadas, como el GRS, o la vuelta a unidades como OCON-Sur, que demostró ser absolutamente efectiva".
"En 2024 también estamos viendo cómo en algunas zonas de Cataluña y Baleares entra inmigración de forma descontrolada, por lo que reclamamos un mayor esfuerzo del Gobierno y de la Unión Europea, puesto que son sus fronteras. Ademas, necesitaríamos una protección jurídica específica de las unidades que tenemos en comunidades autónomas que cuentan con policía autonómica propia. Perdemos terreno en beneficio de las policías autonómicas. Ciertas especialidades que han sido santo y seña del cuerpo o competencia exclusiva de Guarida Civil, como Servicio Marítimo, se están transfiriendo".
"En cualquier caso, demos por válidas las cifras de Interior", concluye Eduardo A. García. "La realidad es que en los últimos años se han creado oficinas en muchas comandancias, y a ese personal lo han sacado de núcleos de servicio operativos". Los tres ejemplos que pone el experto son los equipos VioGén contra la violencia de género, los Arroba contra los delitos informáticos y los Roca contra robos en el ámbito rural, los tres dependientes de la Guardia Civil.
"Ninguno de los tres tiene plantilla propia, pero cada uno está formado por cuatro o cinco agentes que salen de las unidades de Seguridad Ciudadana. Los cuatro compañeros de mi puesto de Cantabria que están trabajando para los VioGén o Arroba de Madrid constan en mi puesto, pero también en VioGén y Arroba. Necesitamos esa auditoría para saber si desde Madrid se está duplicando a ese personal, ya que estas unidades no tienen catálogo real propio. Cuando se los llevan, luego no nos mandan efectivos 'de repuesto' porque siguen contando en nuestro puesto".
Sin profesión de riesgo
A raíz de ese descontento, la semana pasada se manifestaron en Madrid el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que consiguieron concentrar a 12.000 personas, según Delegación de Gobierno. Entre sus exigencias se encuentra que el ministerio de Interior ejecute la equiparación salarial firmada en 2018, y sobre la que la Audiencia Nacional falló en junio de 2023 que el Gobierno debía completar, efectivamente, la igualdad salarial entre los diferentes cuerpos, algo que, de momento, no se cumple.
Es ahí, en la diferencia de condiciones económicas, donde reside una de las principales diferencias internas entre la Policía Nacional y la Guardia Civil: aunque los salarios son equiparables entre ambos cuerpos, "la Benemérita tiene un parque móvil de 33.000 viviendas, y los nacionales no tenemos ninguna", recuerdan desde la UFP, algo que también consideran que va en contra de la igualdad de condiciones de ambos cuerpos.
A raíz de la tragedia de Barbate, donde los agentes Miguel Ángel González y David Pérez fueron asesinados por la narcolancha que conducía Kiko 'El Cabra', se reavivó una de las reivindicaciones históricas de ambos cuerpos: que sus profesiones sean catalogadas de riesgo. El sindicato policial CEP lanzó una iniciativa ante la Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo, pero el PSOE y sus socios –ERC, BNG, Podemos y Sumar– votaron en contra de aprobar esta petición urgente, que tuvo que salir adelante gracias a los votos del PP, Ciudadanos y Vox.
"Estamos viendo un amplio cambio social y notamos un aumento de las agresiones contra la policía", señala la Confederación Española de Policías. "Desde el año 2022, han aumentado las agresiones a 1.200 mensuales. La Policía Nacional y la Guardia Civil sufrimos el gran número de ellas. Más de 35 al día, con una proporción más alta en el primer grupo. En 2023 la estadística ha aumentado a los 1.400. Creemos que parte de la sociedad que ataca a la policía sabe que las leyes son lo suficientemente blandas para que pegar a las autoridades salga casi gratis. Es intolerable. Queremos que nuestro país nos reconozca como profesión de riesgo".
Para la CEP es incomprensible que la Policía Local o Municipal, la Ertzaintza vasca, la Policía Foral navarra, los Mossos catalanes, los bomberos y hasta los cantantes o bailarines sean considerados profesionales de riesgo, mientras que los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil no gozan de ese privilegio. "Eso les da ventajas a ellos a la hora de jubilarse, y supone un auténtico desprecio hacia nosotros por parte del Gobierno", añaden del sindicato policial. Entre las ventajas más inmediatas está que en las profesiones de riesgo permiten una jubilación más temprana sin penalizaciones.
El problema no está sólo en la jubilación, denuncia el sindicato, sino en las penas relativas a las potenciales agresiones a los agentes. "Creemos necesario reforzar la seguridad jurídica de la Policía Nacional, y uno de los puntos principales es la modificación del Código Penal para que las agresiones, los delitos contra un agente de la autoridad, se salden con penas mayores. Ahora casi sale gratis pegarle a un policía. Estamos perdiendo el principio de autoridad. Los malos saben que embestir la lancha de un policía sale más económico que perder el cargamento de droga o el castigo de los jefes del narcotráfico".
Y continúa: "El ministerio está escondiendo la cabeza como un avestruz. Queremos cambios retributivos, en la jubilación, más protección jurídica, es básico cobrar bien, jubilarnos mejor y llegar a casa vivos todos los días. Los máximos históricos son un dato real, pero no es suficiente. Interior nos puede decir que tenemos 73.000 policías, pero realmente con 48 millones de habitantes y la situación de frontera con África y nuestras circunstancias sociales claramente no lo son. Faltan muchísimos policías para acometer las necesidades que tenemos".
