Los González, cuatro jueces en la familia: un apellido ilustre hasta que exculpó a ‘La Manada’

Si había algo presente en la casa de Ricardo Javier González González durante su infancia eso era la música. El recuerdo surge inevitable. A él y a sus hermanos les resulta imposible no acordarse de la enorme colección de discos que tenía su padre. Eran cerca de 10.000: jazz, blues, rock… Toda clase de sonidos impregnaban en aquellos días el aire de la casa que la familia tenía en Pamplona, a donde habían llegado desde Riaño (León). En ese nuevo hogar comenzaron a prosperar. Otro sonido característico era el de las leyes: un hogar aromatizado con el perfume de los viejos libros de derecho, con cientos de folios de sentencias que el padre se llevaba a la casa, con el debate jurídico en la sala de estar. Los procesos penales, el material con el que trabajaba su progenitor, todo ello desprendía . Todo ello lo mamaron este juez y sus hermanos en la casa incluso antes de haber nacido.

Todos en la familia de Ricardo González, el juez que ha estado en boca de todos esta semana por querer absolver a La Manada, se vieron enormemente influenciados por la profesión de su padre. Ya desde chicos, cuentan en el entorno de la familia a EL ESPAÑOL, todos comenzaron a interesarse por el mundo del derecho, por la audacia de la abogacía, por los entresijos de la judicatura. El ambiente que se respiraba en aquel hogar, al ver cómo trabajaba el padre, hijo que Ricardo y sus hermanos adquiriesen ya de pequeños la vocación por el estudio de las leyes, por el ejercicio del tercer poder del estado.

Y así, uno tras otro Ricardo y sus tres hermanos fueron siguiendo el ejemplo del padre, haciendo las oposiciones a la judicatura y aprobando todos ellos con notables resultados. Tomaron el relevo del padre en el ejercicio del análisis de las leyes. Resulta raro hallar en los juzgados de Pamplona a alguien que desconozca quiénes son los cuatro miembros de la estirpe de los González González. La saga es más que conocida. 

Del mismo modo que el tribunal que juzgó el delito de violación en los hechos perpetrados por ‘La Manada” fue incapaz de ponerse de acuerdo en cuanto si aquello era o no violación, los compañeros del juez y los abogados que le conocen de todos estos años tampoco concuerdan: las preguntas sobre sus virtudes y defectos son siempre opiniones encontradas.

Hasta hace apenas una semana pocos habían indagado en la historia del magistrado que aboga por soltar a La Manada, de una de las pocas personas que no ven una violación en lo sucedido en aquel portal de Paulino Caballero la madrugada del 6 al 7 de julio del año 2016. Tampoco en la historia de su familia, en los orígenes de la pulsión y el anhelo por acceder a la judicatura.

La música de su infancia, la que le ha acompañado durante toda la vida, el soniquete del juez dictando sentencia, se ha convertido en la última semana en el sonido de las críticas exacerbadas por su polémica sentencia. El de su familia era un apellido ilustre en la ciudad, el de una serie de conocidos juristas repartidos por las distintas salas de los juzgados del Palacio de Justicia de Pamplona. Hasta que se toparon con la sentencia de La Manada.

Infancia en Riaño

La historia de los González arranca en un pequeño pueblo leonés llamado Riaño. Su madre era maestra, el padre ya abría sus primeros pasos en el mundo de la judicatura. Aunque el origen de la familia es madrileño, los lazos y el arraigo con Riaño hace que el pueblo sea un lugar importante para la familia. Muy importante.

El lugar, un pequeño pueblo leonés situado en las faldas de los Picos de Europa, es un lugar tranquilo en el que los veranos transcurren frescos. Allí se puede ir a la nieve, recorrer en moto las carreteras, hacer senderismo o visitar el emblemático y trágico embalse. El lugar es bien conocido en la familia porque es un poco el emblema y la metáfora del pueblo. Allí tuvo lugar una historia trágica que recuerdan los González cuando vuelven cada verano. Hace ahora treinta años, el embalse no era un embalse, sino un valle repleto de vida y de gente. En aquel entonces los militares iniciaron dos semanas de desalojo y destrucción, casa por casa, de todos los vestigios habitados del valle para llenar aquel reducto de población en un enorme contenedor de agua. Siete pueblos quedaron sepultados bajo las aguas.

Un golpe durísimo para muchos, que vieron cómo las autoridades se llevaban de forma injusta todo lo que era suyo, una sentencia ilógica e inhumana que dejó a cientos de personas sin sus casas. Muchos vieron con horror cómo los recuerdos desaparecían en las profundidades del embalse. Lo que queda de aquello es el pueblo de Riaño, reconstruido a orillas de la estructura de ingeniería diseñada en tiempos de Franco y cuya obra fue ejecutada en 1987, durante el segundo Gobierno de Felipe González.

Embalse de Riaño, en León, donde los González pasan a veces sus vacaciones.

Aquella historia la conocen bien los familiares de Ricardo Javier González, que acuden a la zona con regularidad. De allí se marcharon hace años con destino a Pamplona. Sus padres decidieron instalarse en la Comunidad Foral. Eran los años duros, los años del plomo de ETA, y por eso el padre, ya juez, iba a todas partes acompañado de escolta.

El padre de Ricardo fue durante muchos años magistrado de la sala de lo Civil. Luego fue titular de la sala de lo Contencioso Administrativo. Esa fue la semilla de la que surgieron luego las cuatro ramas, los cuatro hijos dedicados también a la judicatura.

De un modo o de otro, todos los hijos han tenido importantes cargos en los juzgados navarros. Carlos, por ejemplo, no siguió los pasos de su padre en la especialidad elegida, pero le fue bien. Desde el año 1998, ha sido Magistrado en el Juzgado de lo Social en Vitoria y después en Pamplona, cargo que a día de hoy. Fue también Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, la instancia superior ante la cual ahora los abogados de las partes en el caso de ‘La Manada’ han de presentar el recurso con el que revertir la sentencia en su favor. El segundo de los hermanos todavía no ha trascendido su identidad, pero es juez también en Pamplona.

El tercero, Miguel Ángel es el único de los cuatro hermanos que no se ha metido en la judicatura. A día de hoy es vocal en el colegio de abogados de Pamplona,abogado en ejercicio desde el año 1989 y miembro de la Comisión del turno de oficio y coordinador del servicio de asistencia letrada al detenido. Se dedica específicamente al Derecho Penal, como su hermano, protagonista estos días por su impopular y cuestionado fallo. También es cantante de un conocido grupo de rock de versiones. Distintas asociaciones de jueces y fiscales con las que se ha puesto en contacto este periódico aseguran que la sentencia, a su juicio, tendría un veredicto bien claro: la condena por agresión sexual. 

La exhaustividad, punto fuerte y a la vez debilidad

Ricardo González, este jueves en la entrada del Tribunal Superior de Navarra.

Todos los miembros de esta arraigada familia en Pamplona miran y arropan ahora a Ricardo González, quien el otro día revelaba su rostro por primera vez tras dictar su extenso voto particular en el que abogaba por dejar suelta a La Manada. Casado, padre de dos hijos, pasó años de muchos viajes destinado en diferentes ciudades de la geografía española, trabajando para hacerse un hueco en los juzgados, para conseguir su propia sala. Pasó por Valencia, por Cantabria y por Bilbao.

Hace quince años, en 2002, llegó a Pamplona para quedarse con uno de los tres asientos de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, la ya famosa sala 102 en la que los periodistas pudieron asistir y comprobar con sus propios ojos la apariencia física de los cinco violadores sevillanos.

González nunca había tenido que pasar el filtro del protagonismo de los focos, nunca había tenido que pasar por el incandescente foco de las televisiones, por el roce con los plumillas, por los canutazos y los flashes. Todo esto, dicen personas de su entorno, es algo extraño para él, un tipo discreto y gris cuyo día a día discurre con normalidad en los juzgados. Más allá de los expedientes que se le han ido abriendo, no se le conoce un solo percance, un solo escándalo en el trato con los funcionarios y las funcionarias de los juzgados.

Es, según quienes le conocen, un hombre entregado a las leyes. Unos dicen que heredó de su padre la meticulosidad, la puntualidad. “Es que este es su punto fuerte”. Por eso dicen de él que los retrasos que ha acumulado y por los que se le han abierto diversos expedientes no suponen problema alguno. Todo se debe, dicen a esa exhaustividad tan suya en los razonamientos, en la redacción de su texto, en las valoraciones que hace de las pruebas

Pero otro de los que le conocen, que han compartido con él años y años de procesos penales, coinciden en un defecto del magistrado: el reposo y la tranquilidad prolongada en el tiempo a la hora de dictar la sentencia luego le pasan factura. “Es el típico juez que, de tanto marear y darle vueltas a las cosas, se equivoca. De tanto buscarle la puntilla se equivoca". Así, dicen compañeros de los juzgados, se enreda en menudeces, en pequeñeces que dilatan el momento de emitir su veredicto.

Su peculiar forma de actuar le ha acarreado más de un disgusto en el desempeño cotidiano de su labor como magistrado. Al Tribunal Supremo no le quedó más remedio que sancionarle tres veces con una pena económica. Hubo una cuarta, la peor y más grave de todas, más grave; en la que además el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le suspendió de sus funciones durante seis meses.

Ocurrió en el año 2001. González cometió una falta muy grave: tardó más de dos años en resolver un caso en principio sencillo: un proceso de separación y divorcio.

Resoluciones anómalas

Prenda era conocido en su barrio, entre otros sobrenombres, como Joselito El Gordo.

Sus expedientes están plagados también de resoluciones “anómalas”. El CGPJ contó años después con informes de otros juristas de la ciudad muy contrariados por las decisiones que iba tomando, por la controversia que generaban sus sentencias. Más o menos, aquella situación remite a la polvareda que se ha erguido en la ciudad esta semana. Solo que esta vez todo sucede elevado a la enésima potencia.

Desde hace muchos años, Ricardo González tiene fama de relllenar y rellenar folios de sentencias en los asuntos más triviales, en las historias más pequeñas. Esta rémora algunos la ven como un signo de identidad propio del magistrado. No tiene vuelta de hoja. Es su forma de ser.

Quizá por eso, dicen algunos, se enreda en la sentencia de ‘La Manada’ en aspectos intrascendentes, pequeñas faltas de concordancia entre la versión ante la policía y la versión ante el juez. En gran parte el retraso de la sentencia ha sido por su culpa. Ha sido él quien lo ha dilatado todo tanto, el que ha provocado que la lectura del fallo se haya tenido que prorrogar durante cinco meses. Estaba describiéndolo todo, tratando de desmontar la versión de la víctima -que sus dos colegas creen a pies juntillas y dan por buena-, fijándose con una lupa demasiado grande en las contradicciones de una joven a la que los informes periciales avalan, a la que los testigos avalan, a la que los vídeos avalan, a la que los jueces avalan y a la que las pruebas avalan. “Son pequeñas contradicciones entendibles”, dicen a EL ESPAÑOL desde la Asociación de Fiscales Progresistas.

Pese a todo, en el entorno del magistrado no han sentado nada bien las declaraciones que Rafael Catalá realizó esta semana. Fue ahí cuando recayó sobre él la sombra de la duda. Sus compañeros reaccionaron respaldándole, igual que su familia y toda la plana del Consejo General del Poder Judicial, pidiendo la dimisión de ministro.

Hace más de un mes, la siguiente noticia abría algunas secciones de los periódicos locales en Pamplona: “La Audiencia absuelve a una banda acusada de robar en camiones al anular las escuchas telefónicas que autorizó el juez instructor”. La sentencia era de Ricardo González. En ella justificaba la absolución de los ladrones porque “en el oficio policial se aprecia mucha deducción y escaso dato objetivo que funde las deducciones”. Tardó 14 meses, según cuentan fuentes judiciales a EL ESPAÑOL, en redactar la sentencia sobre aquel caso. El veredicto en aquel caso menor le llegó a ocupar 88 páginas.