Pedro Sánchez dijo que si llegaba al Gobierno tras la moción de censura convocaría elecciones. No lo hizo. Esa fue una de sus primeras mentiras, que luego definió como "cambios de opinión". En mi opinión, y en la de la mayoría de las personas con las que hablo, el gobernante más mentiroso que ha tenido España. Seguramente a la altura de Fernando VII en su nivel de podredumbre moral.
Pedro Sánchez afirmó que no pactaría con Podemos porque el "95 por ciento de los españoles dormirían por noche" ya que habría "dos ejecutivos en uno". Y terminó pactando con una cuadrilla de impresentables ahora señalados por sus actitudes machistas.
Pedro Sánchez en un debate electoral le dijo a Pablo Casado: "A ustedes, señor Casado, se les fugó Puigdemont, y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española". Todavía estamos esperando. En cambio ha promovido un indulto generalizado a los delincuentes del procés y posteriormente una amnistía. Por cierto, también dijo que "el independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido, han tenido indultos condicionados". Maldita hemeroteca.
Pedro Sánchez llevaba cinco años diciendo que en ningún caso pactaría con Bildu. "Si quiere se lo digo cinco veces, o 20. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar", y para ser presidente del Gobierno pactó con los exetarras en diciembre de 2023. Luego, les entregó el gobierno municipal de Pamplona.
Pedro Sánchez dijo que "no podemos permitir que la gobernabilidad de España descanse sobre partidos independentistas". Hoy en España hasta se promueven quitas de la deuda catalana desde el independentismo avaladas por su Gobierno.
Son solo algunas de las perlas del presidente del Gobierno apoyado por toda la izquierda política (empezando por Compromís) y mediática incluso con su mujer, Begoña Gómez, investigada por usar su relación para ganar dinero en la Complutense en una cátedra sin siquiera ser licenciada; con su hermano, David Sánchez, investigado por su filiación para conseguir un sobrerremunerado puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz gobernada por los socialistas; son su número dos, José Luis Ábalos, investigado por una trama de corrupción que ha devenido en lo más grotesco de la política nacional desde 1976, el "caso Jésica".
Por no hablar del asalto a todas las instituciones del Estado, desde el CIS a TVE pasando por el poder judicial y las empresas con capital público. Además del intento de control de los medios de comunicación afines y no afines, promoviendo medios nuevos o haciendo un uso partidista de la publicidad institucional. Un auténtico derribo controlado de la democracia española para mantenerse en el poder.
En este contexto, el ciudadano que no quiera que le suban los impuestos; que le mantengan en la infrafinanciación mientras se premia exetarras y delincuentes del procés catalán; que manipules la educación de sus hijos con imposiciones lingüísticas e ideológicas; que quiera que se recuperen las playas y cauces fluviales desde la ingeniería y no que reine la inacción basada en el cambio climático... debe pensar muy seriamente sobre lo que la izquierda política y mediática está haciendo con Carlos Mazón, una verdadera cacería.
El ciudadano y votante debe ser consciente de que si cae Mazón en la Comunidad Valenciana, lo que vendrá no es un nuevo gobierno de centroderecha liberal. Ni tampoco la extremaderecha que se quedará en su umbral de voto. Lo que vendrá será lo mismo que estamos viendo en el Gobierno nacional de Pedro Sánchez.
El ciudadano y votante de la Comunidad Valenciana debe preguntarse: ¿Quienes son los mienten? ¿Pedro Sánchez? ¿El ministro socialista Óscar Puente que afirmó que la contratación de Jésica siguió todos los procedimientos reglados? ¿La ministra Pilar Alegría que dice que la quita de la deuda catalana es asumir las hipotecas de los españoles? Suma sigue. ¿O es Carlos Mazón, quien ha acreditado ante la juez instructora que no estaba en el Cecopi (porque no era miembro) cuando se mandó tardíamente el sms de alerta ante la riada? Un sms sobre la presa de Forata, no sobre el barranco del Poyo sobre el que la CHJ (competente sobre cauces y ramblas) dirigida por un socialista no informó a la Generalitat.