Los supermercados de Castilla y León rechazan el plan de Yolanda Díaz para frenar la inflación

La Asociación de Supermercados de Castilla y León (Asucyl) se une al comunicado hecho público hace unas horas por la ACES (Asociación Española de Cadenas de Supermercados de España), en el que rechazan la medida propuesta por la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de topar los precios de 30 alimentos básicos para hacer frente al empobrecimiento de las familias españolas.

Un comunicado que Anged (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución) y Asedas (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados) han emitido tras reunirse con Díaz y en el que le han expuesto a la vicepresidenta del Gobierno que también comparten su preocupación por la subida de los precios, pero que la solución para que las familias puedan hacer la compra, no pasa por intervenir el mercado.

Las organizaciones empresariales han recordado que la propia dinámica competitiva del sector ha respondido a los problemas que la inflación genera en los consumidores. De hecho, todas las cadenas de distribución "llevan meses trabajando para ofrecer una cesta de la compra más económica, a través de productos de marca propia, más promociones y descuentos", aseguran.

Frente a escaladas de precios de hasta tres dígitos en la energía y las materias primas básicas, la cadena agroalimentaria está contribuyendo a amortiguar la inflación. De acuerdo con los últimos datos, entre julio de 2021 y julio de 2022 el IPC de la Alimentación y Bebidas ha crecido a una tasa anual media del 6,7%, frente a una tasa anual media en el índice de precios industriales (IPRI) de Alimentación de 12,8%. En el mismo periodo, el IPC general también ha registrado una variación media del 7,5%.

De hecho, el propio Ignacio García Magarzo, director general de Asedas, aseguraba en una entrevista radiofónica que "el problema de la subida del IPC no está en los márgenes comerciales sino en los costes"

La asociación de empresarios de supermercados de Castilla y León se une así al comunicado firmado hoy por los grandes representantes del sector, para rechazar unánimemente la "inviable y contraproducente propuesta de elaborar una cesta de la compra básica a precios cerrado".

Los argumentos de estas asociaciones para decir 'no' a la polémica solución propuesta por la vicepresidenta, criticada incluso por miembros del propio Gobierno como la Ministra de Hacienda, María Jesús Montoro o el Ministro de Agricultura, Luis Planas, pasan porque se parte de "un diagnóstico erróneo de la formación de precios en la cadena (IPOD) que compara sólo la diferencia entre precios de origen y destino, al estar basado en datos de una organización agraria que carecen de base científica ya que, al expresar las diferencias de precios en porcentajes, distorsiona la percepción del consumidor e ignora el valor que aportan otros eslabones de la cadena".

Además, consideran que "otros estudios fiables, como los que elabora el Ministerio de Agricultura, no coinciden en absoluto con dicho análisis. La distribución alimentaria organizada tiene unos márgenes porcentuales muy reducidos como se puede comprobar en los datos públicos de las empresas".

Incluyen, por otro lado, que "la estructura de la distribución alimentaria en España (definida por su escasa concentración) hace que el pacto requiera del acuerdo con cientos de empresas. El comercio tradicional tiene una cuota de mercado muy importante especialmente en productos frescos. Además, presentaría graves riesgos para la competencia, perjudicando a unos comerciantes frente a otros y a los consumidores que viven en poblaciones pequeñas", además de que sería necesario evaluar su compatibilidad con la normativa de defensa de la competencia.

El argumentario de estas asociaciones no ha quedado ahí. En la reunión mantenida con Yolanda Díaz le han hecho ver el ejemplo de "experiencias similares fallidas en otros países. Los acuerdos firmados por el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, en 2004 y 2010 tuvieron como resultado, por una parte, una drástica pérdida de confianza en el comportamiento del consumidor con un descenso en el consumo y, por otra, una bajada muy importante de la calidad de los productos en las gamas afectadas", recuerdan.

Soluciones para contener la inflación en los alimentos

Cabe destacar que los precios de la alimentación en España, según este comunicado y en los últimos 20 años, se han mantenido "extraordinariamente estables, con subidas que han coincidido con otra crisis de materias primas en 2007 y con la subida del IVA en 2012. En la actualidad, las causas del alza del IPC en alimentación son objetivas: alza del coste de la energía, de los carburantes y de las materias primas, agravado por la guerra de Ucrania".

En este sentido, los representantes de los supermercados de España y de la Distribución han propuesto a la vicepresidenta del Gobierno otras acciones que a su juicio sí permitirían una contención de la inflación en los alimentos, como una bajada temporal del IVA de los alimentos –una experiencia que hizo Alemania en 2020 por un periodo de seis meses con resultados positivos-, así como la suspensión temporal de impuestos medioambientales que penalizan el consumo y reducción del coste regulatorio.

Además, proponen a la ministra que se apruebe un precio de la energía sostenible para toda la cadena y especialmente para la distribución alimentaria. El alza del coste de la energía hace que empresas de la distribución corran el riesgo de entrar en pérdidas este año y, por ello, se solicita un Estatuto de Sector Esencial para el gran consumidor de energía, que apoye a estas empresas como se está haciendo en otros sectores.

La distribución alimentaria española, así como el resto de la cadena, "ha demostrado en las dos últimas décadas y, más recientemente, con la crisis sanitaria su eficiencia para servir al consumidor alimentos de calidad, variados, seguros y a precios competitivos y su compromiso con los consumidores", añaden. Por lo tanto, "no es momento de dividir a la cadena, sino de trabajar unidos para hacer frente a la actual crisis multifactorial y seguir facilitando a todos los ciudadanos por igual el acceso a la alimentación", concluyen en su comunicado.