PP y Vox tramitarán antes de agosto elevar a rango de ley la regulación de violencia intrafamiliar

El Partido Popular y Vox han "consensuado" los mecanismos de coordinación del Gobierno autonómico y las funciones del vicepresidente sobre el acuerdo de legislatura suscrito públicamente el 10 de marzo por Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo y que establece 11 ejes y 32 acciones de gobierno.

Un documento elaborado por los dos partidos y donde lo más destacado es el análisis que hace del punto número 10 del acuerdo de legislatura firmado el 10 de marzo, donde se ha avanzado que se iniciará antes del 31 de julio la tramitación para elevar a rango de ley la regulación en materia de violencia intrafamiliar. Sin duda uno de los puntos más importantes y polémicos del pacto. De esta manera, y según el acuerdo, se buscará aprobar "una ley de lucha contra la violencia intrafamiliar para promover medidas preventivas y dotar de una protección adecuada a sus víctimas. Actualizaremos la normativa vigente en materia de protección para mejorar la atención a las víctimas, especialmente cuando sean menores, mayores, mujeres, personas con discapacidad o personas vulnerables, y con especial énfasis en el medio rural, garantizando la igualdad".La idea del partido de Abascal es que la lucha contra la violencia no se quede solo en la machista, sino que desde el primer momento han intentado incluir el término intrafamiliar donde se incluyan también menores o personas mayores. No obstante, esto no supondrá la derogación de la Ley de Lucha Contra la Violencia de Género, tal y como apuntan fuentes del PP. 

Además, también anuncia el desarrollo del eje número 3 del acuerdo de legislatura, se iniciará antes del 30 de junio la tramitación de una normativa en materia de concordia. Es decir, el punto donde acordaron "reivindicar nuestra historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles".

Las funciones de García-Gallardo

Por otra parte, según el documento al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, han acordado también las funciones del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, que, además de ser el representante institucional en sustitución del presidente, asumirá la presidencia de la Comisión Delegada del Gobierno (encargada de asuntos económicos menores pero que no van al Consejo de Gobierno) y de la Comisión de Simplificación Administrativa, incluyendo procedimiento ambientales; la representación suplente en el Comité de las Regiones; el Comisionado de las Víctimas del Terrorismo; la representación institucional de las relaciones de los órganos de la administración de la comunidad con el Consejo Consultivo de Castilla y León y el Procurador del Común, así como con las fundaciones, asociaciones y colegios profesionales. Lo que no tendrá es ninguna consejería ni la dirección de comunicación.

En concreto, hace ya casi un mes, PP y Vox acordaron, como ejes de su futuro gobierno, “vigilar y defender la igualdad social, laboral, de oportunidades entre mujeres y hombres; promover la solidaridad entre todas las comunidades y ciudades autónomas, a la vez que fortalecer el papel de las provincias y municipios; reivindicar la historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de su utilización para dividir a los españoles; y defender los intereses de la comunidad en el marco de la Unión Europea”.

Este acuerdo se suma al ya conocido de que el Partido Popular tenga la Presidencia de la Junta, siete consejerías y la portavocía. Por su parte, Vox se hace cargo de la Vicepresidencia y de tres consejerías (Agricultura, Industria y Empleo y Cultura y Turismo). 

Reducción de los impuestos

Asimismo “apuestan por impulsar todas las capacidades productivas y los recursos disponibles en Castilla y León para el crecimiento económico y la creación de empleo; reforzar el compromiso con el mundo rural y con sus oportunidades de desarrollo; garantizar unos servicios públicos de calidad, compatibles con una reducción de los impuestos autonómicos; desarrollar mejores infraestructuras de comunicación y transportes para la conectividad del territorio; asegurar la cohesión, el equilibrio y la integridad territorial de Castilla y León; apoyar a las familias, a la natalidad y la lucha contra la despoblación, como centro de las políticas públicas; y reducir el gasto institucional superfluo”.

Tras las conversaciones para formar un “Gobierno autonómico estable, sólido y fuerte pensando en los intereses de las personas de Castilla y León y de España”, según informan, ambos partidos han estructurado los instrumentos de coordinación del gobierno autonómico, que son la creación de las comisiones de seguimiento del programa de gobierno y para la elaboración y para la autorización, seguimiento y evaluación de la planificación de las campañas de publicidad institucional, con participación de la vicepresidencia, así como la participación del órgano directivo dependiente del vicepresidente en la Comisión de Secretarios Generales.