Un cayuco zarpado de Senegal, con 188 personas a bordo, luce una bandera española al acercare a la isla canaria de El Hierro.

Un cayuco zarpado de Senegal, con 188 personas a bordo, luce una bandera española al acercare a la isla canaria de El Hierro. EP

Política CRISIS MIGRATORIA

Moncloa acuerda con Canarias la salida de 4.000 menas a la península y el PP exige que los tutele el Gobierno, no las CCAA

Clavijo y el ministro Torres pactan un traslado que, a falta de fijar los criterios de reparto, dejaría libre de la reubicación a País Vasco y Cataluña. Los populares sólo apoyarían el borrador de decreto si el Gobierno pone los fondos.

Más información: Imbroda, presidente de Melilla: "Quitar el rechazo en frontera es un disparate, podrán entrar todos los ilegales que quieran".

Publicada
Actualizada

El Gobierno de Canarias ha arrancado, por fin, una solución al de España para la crisis migratoria de las islas. Moncloa "aliviará la presión insostenible" de menores extranjeros no acompañados que se "hacinan" en los 81 centros de acogida bajo la autoridad insular. Según ha podido confirmar este periódico, Fernando Clavijo, presidente canario, y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial (y su antecesor en el Ejecutivo autonómico) han acordado el traslado de 4.000 menas como ya anticipó este diario el pasado 8 de enero.

Entonces, ambos dirigentes se emplazaron a cerrar el pacto "antes de fin de mes", según las fuentes de la negociación consultadas. Clavijo y Torres son rivales políticos en las islas, uno lidera de Coalición Canaria y el otro, el PSOE. En estas tres semanas, han estado intercambiando documentos y borradores de un decreto que imponga el traslado a la península de estos chicos y chicas.

Además, el acuerdo incluye otra reubicación: la de hasta 500 menores procedentes de Ceuta, de los más de 1.000 que indicaban las proyecciones que podrían estar bajo la tutela de la ciudad autónoma (aunque fuentes oficiales rebajan esa cifra a no más de 455). Aunque, en todo caso, los traslados no se completarán antes de cinco meses desde que la medida entre en vigor.

Con este pacto, el Partido Popular queda en una difícil situación. Desde el pasado verano, el partido de Alberto Núñez Feijóo demostró su voluntad política de poner solución a la crisis. De hecho, el traslado de menas acordado con Moncloa en julio le costó la ruptura de sus acuerdos de gobierno en seis autonomías con Vox.

Aunque la política migratoria había quedado fuera de los pactos en Extremadura, Murcia, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares y Castilla y León, los de Santiago Abascal abandonaron los consejos de gobierno y ahora se niegan, incluso, a negociar los presupuestos de 2025.

Pero el negociador del PP con el Gobierno, el portavoz parlamentario Miguel Tellado, dio por rotas las conversaciones con el Ejecutivo el pasado mes de diciembre, ante la negativa de Moncloa a pedir asistencia de la UE y a aportar fondos a las CCAA para la atención a los menores. Y tanto Clavijo como Feijóo acusaron al Gobierno de Pedro Sánchez de "estar tratando de forzar la ruptura de la alianza que gobierna las islas", entre CC y el PP.

La última reunión, en la sede de la Delegación del Gobierno de Canarias en Madrid, fue un auténtico fracaso. Y las relaciones entre populares y nacionalistas insulares alcanzaron su peor momento, llegando a temerse la ruptura, a pesar del pacto cerrado en septiembre por Clavijo y Feijóo.

La UE desea implicarse

Manolo Domínguez, vicepresidente de las islas y líder de los populares insulares ha seguido trabajando, desde entonces, para recomponer las relaciones. De hecho, suya es la propuesta que el PP le ha hecho llegar a Moncloa. Los de Feijóo apoyarán este reparto de los 4.500 menores si es el Estado el  que "se hace cargo de la tutela" de los chicos con sus propios fondos y medios.

Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo, reunido en Bruselas con Manolo Domínguez, vicepresidente de Canarias.

Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo, reunido en Bruselas con Manolo Domínguez, vicepresidente de Canarias. E.E.

Así lo acordaron los presidentes autonómicos del PP hace dos semanas en su cumbre de Colunga (Asturias) y así lo dejaron por escrito en la llamada Declaración de Asturias, que firmaron los 11 presidentes de CCAA del PP, además de los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y el propio Domínguez, como vicepresidente de Canarias.

El vicepresidente canario ha pasado los últimos dos días en Bruselas, tratando de implicar a las autoridades de la Unión Europea en la "emergencia migratoria" de Canarias. Allí se ha reunido con el presidente de la Comisión de Asuntos de Interior, Justicia y Libertades Públicas (LIBE) del Parlamento Europeo, que ha prometido enviar una misión de la Eurocámara a las islas.

"No tiene sentido que el Gobierno de España no pida ayuda a la UE, a pesar de que el director de Frontex ha ofrecido 3.500 agentes para patrullar las aguas de las islas, y evitar las llegadas de pateras y cayucos, y de que la presidenta de la Comisión quiere activar el mecanismo de solidaridad europeo", explica Domínguez a este diario. "En Bruselas no se entiende que la ruta canaria sea la única que sigue abierta para la entrada masiva de irregulares en toda la Unión". 

El vicepresidente canario también se reunió con Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo (PPE). En la cita, el político alemán se comprometió a impulsar iniciativas para que la Unión "se implique más y le afee al Gobierno de España su falta de políticas migratorias" que afectan a toda la Unión. Lo cierto es que fuentes de la Comisión confirman a este periódico que el Ejecutivo español "no ha pedido" asistencia y que, sin eso la UE no puede actuar.

Cataluña y País Vasco, libres

Pero la realidad es que el acuerdo entre Clavijo y Torres no entra en las posibles ayudas de la UE y tampoco prevé que el Estado se haga cargo de la tutela de los menas. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el texto legal que se ha pactado, que prevé una reubicación de estos miles de menas en la península, fija la responsabilidad de su tutela, atención, educación, atención psicosocial y alojamiento en las Comunidades Autónomas.

Falta confirmar si la medida se tramitará como un real decreto, que es lo que desea el Gobierno de Canarias, o como proposición de ley, que es lo que prefiere el Gobierno.

La primera opción sería mucho más rápida. Porque entraría en vigor en cuanto se aprobara por el Consejo de Ministros y, además, ya cuenta con los votos necesarios en el Congreso.

Clavijo se ha encargado de eso. Primero, porque la idea parte de una propuesta conjunta que él mismo llevó, pactada con el lehendakari vasco Imanol Pradales, a la Conferencia de Presidentes del 13 de septiembre en Santander. Y segundo, porque ya ha pactado con Carles Puigdemont el apoyo de Junts a la propuesta.

"Los nacionalistas y los independentistas no aceptarían la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería", como ya demostró Junts votando en contra el pasado julio en el Congreso, explica una fuente del entorno del presidente canario. "Porque eso les implica en una solidaridad obligatoria con el resto del Estado". Sin embargo, un reparto puntual como éste responde a "una emergencia", explican las fuentes.

Además, ocurre que, según los criterios definidos en la propuesta de Clavijo y Pradales, ni el País Vasco ni Cataluña recibirían nuevos menas. La inmensa mayoría irían a Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, aunque en el acuerdo aún aparece un "por definir" en os párrafos que hacen referencia a los criterios de reparto.

Una crisis enquistada

La crisis migratoria lleva siendo el caballo de batalla de Clavijo desde que recuperó el Gobierno de las islas, en el verano de 2023. Entonces, ya denunció una "emergencia humanitaria", en una entrevista con este periódico, porque se había encontrado a las ONG saturadas "con más de 2.500 menores" bajo la responsabilidad de la Comunidad Autónoma. 

Pero después de un ejercicio de récord, el de 2024, en el que llegaron a las islas casi 50.000 personas en situación irregular, el número de menas tutelados por su Gobierno llegó a rozar los 6.000 chicos y chicas. "Y el dato no era más alto porque otros 1.500 menores habían cumplido los 18 años en el transcurso del año", explica una fuente del Gobierno canario.

El problema es que la crisis permanece enquistada, el Ejecutivo autonómico hubo de gastar más de 160 millones de euros de sus presupuestos para atender "la emergencia diaria", y que los jóvenes que dejaban de ser considerados menas quedaban desamparados, sin techo ni 'papeles' para poder valerse por sí mismos. Y salían del circuito de protección por la imposibilidad de que pudieran permanecer en ellos "ante la sobreocupación" de los centros.

La salida de estos 4.000 menores de Canarias y 500 de Ceuta, en todo caso, sólo es un alivio "puntual". Siguen llegando, por decenas cada día, y ambos territorios quedarán, en todo caso, con una sobreocupación "superior al 100%" de sus capacidades.