Una jefa de los Mossos: era "habitual" usar material caducado al identificar a víctimas como las del 17-A

Ahora, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Sabadell investiga ahora si el uso de reactivos con la fecha de caducidad vencida ha podido provocar errores en la identificación de los muertos en los atentados yihadistas del 17-A en Barcelona y del accidente aéreo de Germanwings (24 de marzo de 2015).

En su informe, firmado el 26 de septiembre de 2018, la subdirectora de Recursos Humanos de los Mossos reconoció que el Laboratorio de Análisis Biológico utilizaba en aquellos momentos reactivos y otras sustancias caducadas, tras someterlas a una prueba de "retestado" para garantizar que sigan teniendo efectividad.

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Si la prueba da resultado positivo —explicó en su escrito—, estos materiales se siguen utilizando en el laboratorio y se les asigna un plazo más largo de caducidad, mientras que si se observa alguna "anomalía" en los resultados, las sustancias son retiradas. 

"El uso de material caducado es una práctica habitual en los laboratorios", alegó la directiva de los Mossos. "Siempre que se haga la correspondiente verificación de 'retesteado' para comprobar la eficacia de los productos", matizó. No obstante, reconoció que esta circunstancia no se hace constar en los correspondientes informes de ADN enviados a los Juzgados.

Pero esta práctica no está contemplada en las prescripciones de uno de los principales fabricantes de los reactivos que los Mossos d'Esquadra utilizan para realizar pruebas de ADN, ThermoFisher.

En su página web, la compañía advierte de que sólo garantiza la fiabilidad de sus resultados durante los 12 meses posteriores a la venta del producto. La misma empresa avisa de que sus kits de reactivos para pruebas de ADN no deben ser utilizados más allá de la fecha de caducidad establecida, a partir de la cual el resultado obtenido pierde fiabilidad.

Llevaban tres años caducados

La investigación que desarrolla la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Sabadell ha podido constatar que el Laboratorio de Análisis Biológico de los Mossos ha venido utilizando reactivos que llevaban hasta tres años caducados.

En un auto firmado el pasado marzo, la Audiencia Provincial de Barcelona alude al informe de la subdirectora de Recursos Humanos y ordena reabrir la causa.

La juez titular del Juzgado había archivado el caso el 29 de abril de 2021. Ahora, los magistrados le ordenan retomar la instrucción y practicar nuevas diligencias.

La Audiencia Provincial considera necesario esclarecer las contradicciones entre el informe de E. C. A. y la información facilitada por el exjefe del gabinete técnico del Departamento de Interior de la Generalitat catalana, quien en un escrito oficial fechado el 24 de julio de 2018 manifestó, hasta en cuatro ocasiones, que la Unidad Central del Laboratorio de Análisis Biológicos (UCLAB) de los Mossos "no ha utilizado material fungible caducado en las analíticas que realiza".

Informe de Pere Ferrer

Por ello, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial ordena a la juez de Sabadell que siga investigando si éste último cometió un delito de falsedad documental.

"Como la subdirectora de Recursos Humanos lo reconoce en su informe de 26 de septiembre de 2018, contrariamente a lo declarado por el jefe del gabinete técnico el 24 de julio anterior, admite que, en efecto, se vienen utilizando reactivos biológicos caducados", señala el auto de la Audiencia Provincial; "siendo cosa distinta que intente justificar que ello no supone problema alguno (...) que pudiera, por el uso de tales inservibles reactivos, considerarse no fiable o incorrecto", añade el auto.

Como ha informado EL ESPAÑOL, la juez de Sabadell archivó la causa tras realizar una única diligencia: solicitó un informe al director general de los Mossos, Pere Ferrer, sobre esta cuestión.

En su respuesta, Ferrer argumentaba que no existe ningún riesgo de que el uso de reactivos caducados pueda provocar un "falseamiento" del resultado de la prueba de ADN.

El director general de los Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer.

Pero la Audiencia Provincial reprocha que, "por mucho que al instructor le pueda parecer acertada la motivación justificativa [del informe de Pere Ferrer] que acoge de forma acrítica, en modo alguno puede constituir la motivación de su resolución de archivo".

"No entendemos que pueda hacerse [el archivo de la causa] con tan sólo contar con tal clase de explicaciones [las de Ferrer]; la cuestión es de tal calado técnico que exige una investigación pericial de mayor intensidad", añaden los magistrados de la Sección Tercera.

Y el tribunal incide en que, dadas las contradicciones de las "diametralmente opuestas e incompatibles" declaraciones de E. C. A. y del entonces jefe del gabinete técnico, aún se mantiene viva la sospecha de un delito de falsedad documental. Ambos funcionarios han sido citados a declarar en la causa como investigados, al igual que el jefe del Laboratorio Biológico Central de los Mossos d'Esquadra.

"El presunto delito de falsedad [documental] (...) sigue permaneciendo, pues, en la medida que de que se acepta el uso de reactivos biológicos más allá de su fecha de caducidad, es evidente que la información facilitada por el jefe de gabinete técnico (...) puede considerarse inveraz, constituyendo ello el sustrato del delito de falsedad en documento público cometido por funcionario", concluye el auto de la Audiencia Provincial.

Accidente de Germanwings

En consecuencia, el tribunal ha ordenado seguir investigando este caso. Y la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Sabadell ha solicitado ahora revisar las analíticas de ADN de todos los fallecidos del atentado yihadista del 17 de agosto de 2017, para analizar si los Mossos utilizaron reactivos caducadas que hayan podido provocar errores en la identificación de los cadáveres.

Los ataques del 17-A tuvieron lugar en las Ramblas de Barcelona y en la localidad de Cambrils (Tarragona). La juez también ha ordenado revisar las pruebas de ADN de las víctimas del accidente aéreo de Germanwings (24 de marzo de 2015), en el que murieron 149 personas; y del siniestro de un autocar en Freginals (Tarragona), donde perdieron la vida 13 estudiantes el 20 de marzo de 2016.

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La juez abrió la instrucción a raíz de la denuncia presentada en mayo de 2020 por un especialista facultativo de los Mossos, quien también aprecia en estos hechos indicios de los delitos de malversación (por la destrucción de reactivos caducados), prevaricación y estafa procesal, ante la eventualidad de que los Mossos hayan enviado a distintos juzgados analíticas de ADN realizadas con reactivos en mal estado.

Antes, se habían presentado quejas sindicales en ese sentido y escritos por la vía administrativa. Por el momento, la Audiencia Provincial barcelonesa tan sólo ve indicios de falsedad documental.

El 17-A y la Audiencia Nacional