Transparencia, libertad de información y Covid-19

En la nueva batalla por el relato que se está gestando estos días una víctima colateral puede ser la transparencia, esencial en una democracia y más en situaciones excepcionales. Ahí como botón de muestra tenemos el último episodio con las insólitas preguntas del CIS de Tezanos para evidenciar el supuesto apoyo público a una "verdad oficial", suponemos que facilitada por el Gobierno al que sirve con tanta desinhibición desde una institución pública que debería ser, como todas, neutral y profesional.

El problema es que además de las posibilidades de manipulación evidentes, esa supuesta verdad oficial está dejando estos días bastante que desear. Así, pese a la información y a las ruedas de prensa que se realizan todos los días para facilitar la información sobre enfermos, ingresados en UCIS y fallecidos a consecuencia del COVID-19 los datos son manifiestamente mejorables.

Y eso también es un problema a la hora de generar la confianza en las instituciones y en los gobernantes esencial siempre y más ahora. Cierto es que el problema de los datos sanitarios viene de antes, de la falta de coordinación y de estadísticas homologables en materia sanitaria entre CCAA que han permitido gobiernos de distinto signo; pero lo cierto es que es ahora cuando se ha puesto de manifiesto en el peor momento posible.

Hasta el punto de que el Ministerio de Sanidad ha tenido que sacar una norma durante la pandemia (la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo) para asegurar la remisión correcta de información homologable al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, lo que no ha impedido a Comunidades Autónomas como Cataluña apuntarse a una forma distinta de contar los fallecidos.

En la batalla por el relato que se está gestando estos días, una víctima colateral puede ser la transparencia

Otro problema añadido que acentúa la desconfianza se refiere a la paralización de las solicitudes del derecho de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, derecho de acceso a la información pública y buen gobierno a consecuencia de las previsiones de la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo que declara el estado de alarma, y que suspende todos los plazos administrativos salvo excepciones.

Entre estas excepciones, por ahora, no se cuentan al menos en el Estado y la mayoría de las CCAA estas solicitudes de transparencia incluso cuando se refieren a la situación provocada por el Covid-19.

Es muy preocupante que se suspenda la tramitación de las peticiones de información sobre los ciudadanos sobre la crisis sanitaria en este momento, máxime cuando es perfectamente posible mantener la interpretación contraria, es decir, que sí hay que tramitar estas peticiones si al interesado le parece bien (que evidentemente se lo parece, por eso las hace) como está haciendo alguna Comunidad Autónoma como la Junta de Castilla y León.

Se trata de la transparencia pasiva, no de la transparencia activa que se refiere a la información que las Administraciones están obligadas a publicar por ley o a la que voluntariamente quieran publicar o facilitar.

Pero es que además hay también problemas con la transparencia activa; por ejemplo no se está facilitando información activa sobre la contratación de urgencia realizada por el Ministerio de Sanidad cuando así lo impone la normativa de transparencia y la propia regulación de los contratos del sector público.

La urgencia no es una excusa. Pero además, la transparencia pasiva es fundamental ya que la iniciativa parte de periodistas, sociedad civil organizada o ciudadanos de a pie que quiere información adicional o más comprometida que la que se facilita voluntariamente. Porque estas preguntas suelen ser un poco más incómodas, por decirlo elegantemente, que la información oficial que las Administraciones no tienen problemas en facilitar dado que la puede controlar.

La transparencia pasiva es fundamental ya que la iniciativa parte de periodistas, sociedad civil organizada o ciudadanos que quiere información adicional

Por eso si se niegan (o dan la callada por respuesta amparándose en el silencio administrativo, lo que es muy frecuente) es posible interponer una reclamación administrativa ante el órgano de garantías correspondiente, en el caso del Gobierno el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Se refieren, por ejemplo, a cuestiones tales como la compra de los famosos tests fallidos, las realizaciones de tests a altos cargos o funcionarios frente a personal sanitario en situación de riesgo, el teletrabajo real de los funcionarios (ordenadores portátiles facilitados, conexiones a Internet, control de las tareas realizadas, etc.) u otras similares, por mencionar alguna de las que por ejemplo se han hecho desde la Fundación Hay Derecho y que no han obtenido respuesta precisamente por estar suspendida su tramitación.

En el Portal de Transparencia de la Administración del Estado se recoge esta suspensión de los términos e interrupción de los plazos para la tramitación de estas solicitudes que incluso se pretende "vender" como una garantía adicional para el ciudadano dado que no le corren los plazos de los recursos tampoco.

El problema, claro está, es que esta información es relevante precisamente ahora y no más tarde, ya que se trata de obtener datos que puedan permitir a los ciudadanos monotorizar –por usar una expresión grata al Ministro del Interior- la actuación del Gobierno, CCAA y entidades locales en esta crisis y exigir, en su caso, la correspondiente rendición de cuentas, ya sea política, administrativa o judicial.

El Estado de Derecho y con él la libertad de información y la transparencia no se puede suspender suspendido durante el estado de alarma; no solo eso, estas herramientas son más necesarias que nunca.

*** Elisa de la Nuez es abogada del Estado, coeditora de ¿Hay derecho?