La sentencia del Tribunal Constitucional alemán marca un antes y un después en el papel de la política monetaria sobre la economía de la zona euro, al mostrar dudas más que razonables sobre el encaje legal de las compras de deuda pública por parte del Banco Central Europeo (BCE) efectuadas desde marzo de 2015 (el denominado Programa de Compras de Deuda Pública, PSPP por sus siglas en inglés).

Debido al vacío jurídico existente en esta materia, dado por la falta de una doctrina clara proveniente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el Constitucional germano ha decidido tomar cartas en el asunto dentro de su ámbito de competencia nacional (es decir, el Gobierno, el Parlamento y el Bundesbank) exigiendo que se demuestre por parte del BCE que no hay efectos distorsionantes sobre la economía y, en caso de que esto no suceda, ordena al Bundesbank no participar en la ejecución de las decisiones de política monetaria adoptadas por el Consejo de Gobierno del BCE.

Supone, en toda regla, un freno efectivo a las pretensiones por parte de los Gobiernos europeos, de los mercados financieros y de los propios banqueros centrales, de aplicar una política monetaria sin límites, fuera de los más elementales checks-and-balances y traspasando peligrosamente la delgada línea que marcan los Estatutos del BCE de la prohibición de monetizar de forma directa la deuda pública.

En las reacciones que se han producido tras la sentencia, llama la atención hasta qué punto está arraigada en la opinión pública la asociación entre política monetaria sin límites y solidez de la zona euro. Se ha elevado a categoría permanente lo que debería haber sido una intervención monetaria transitoria de carácter expansivo entre 2014 y 2015 en aras de evitar la caída de la oferta monetaria y proporcionar la liquidez suficiente para no retornar a la crisis de deuda de 2010.

Sin embargo, al primer intento de normalizar la política monetaria casi tres años después de cuando lo había empezado a hacer Estados Unidos, el entonces presidente del BCE, Mario Draghi, decidió dar marcha atrás al pretender utilizar la política monetaria de forma permanente para sostener artificialmente el ciclo económico.

La sentencia supone un freno efectivo a las pretensiones de aplicar una política monetaria sin límites

Desde entonces y con la llegada del coronavirus, las presiones han ido en aumento, hasta el punto de comprometer seriamente el mandato de la nueva presidenta Christine Lagarde para, incluso, lanzar la monetización directa de la deuda pública activando el no-nato OMT que creó Draghi en 2012.

En todo caso, la avalancha de liquidez (y de deuda) no para de crecer, sosteniendo unos tipos de interés extraordinariamente bajos en la deuda en circulación de los Tesoros europeos. En términos prácticos, el BCE ha ampliado su capacidad de ser caja efectiva de amortización de la deuda pública europea, con un exceso de liquidez que no para de subir (ya por encima de los 2,1 billones de euros), un balance en máximos históricos y una cartera de bonos que le hace ser el mayor hedge fund de renta fija del mundo (2,7 billones al cierre de abril).

Tras algunos años en los que el Consejo de Gobierno del BCE guardaba más o menos las formas (también desde el punto de vista jurídico, con frases como “dentro del mandato establecido”), en los últimos dos años se ha perdido en gran medida el rigor estatutario y esto ha sido uno de los elementos de evidencia empírica que más han pesado en la deliberación de los jueces del Alto Tribunal alemán.

Ante un BCE que pudiera estar fuera de sus competencias, era necesario dar el primer paso para crear un mecanismo efectivo de separación de poderes y cumplimiento de las reglas vigentes, ya que el organismo monetario está ‘cooptado’ a las claras por los Gobiernos y autoridades europeas que exigen sin parar programas de expansión de liquidez sin límites.

La política monetaria se ha convertido para los Gobiernos en un seguro estabilizador ex ante sobre las tensiones en los mercados de capitales, especialmente para los países más endeudados y con más dificultades para hacer sostenible su deuda.

En este sentido, el discurso continuo del ex presidente Draghi en torno a la separación entre riesgo soberano y riesgo bancario ha saltado por los aires poniendo en peligro la propia salud del sistema financiero y convirtiéndolo en un eslabón más del BCE.

A la luz de estos hechos, el Constitucional alemán intenta romper el esquema (o, mejor dicho, el círculo vicioso) "política monetaria – sostenimiento de la Eurozona", señalando que las políticas conjuntas y solidarias entre los estados miembros tiene que hacerse bajo la responsabilidad presupuestaria, la proporcionalidad y la no distorsión.

Señala hasta qué punto ya se pueden haber producido daños irreparables y cómo será difícil de abordar un examen de las compras realizadas de forma retroactiva.

Obviamente si un Banco Central quiere ejercer de ‘monetizador’ del déficit público, está en su derecho de hacerlo pero previa reforma de sus Estatutos, no por la ‘puerta de atrás’ como nos convenció el expresidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, en 2015 cuando puso en marcha el QE europeo.

No se trata de que la Justicia alemana diga al resto qué es lo que tiene que hacer, sino que se limita a su ámbito competencial de aplicar las leyes vigentes y, si en algún momento hay mayoría para cambiarlas, podrán cambiarse. Mientras tanto, es necesario cumplirlas.

En suma, la Justicia alemana ha sido la encargada de poner el 'cascabel' al 'gato BCE' vía su principal accionista (Bundesbank), haciendo algo inédito hasta la fecha.

Casi siempre a lo largo de la Historia, el único fenómeno que ejercía un control efectivo sobre la política monetaria era la inflación. Ante subidas generalizadas de los precios en las economías, los bancos centrales abandonaban su tendencia natural hacia la expansión monetaria (no en vano, la mayor parte de los bancos centrales nacionales nacieron como cajas de amortización de la deuda pública y como financiadores privilegiados de los Estados) estableciendo medidas de control de la masa crediticia. Ahora, en pleno siglo XXI, ha tenido que ser la Justicia la que reafirme los principios básicos del rule of law.