Y es que el ya de por sí complejo debate político y mediático ha adquirido algún grado de más por la propuesta que contempla el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado a la Comisión Europea en torno al pago por uso en la red de carreteras del Estado para 2024.

De esta guía, que recoge la hoja de ruta a seguir para la reconstrucción tras la pandemia, se desprende el objetivo de dar respuesta a dos principios en los que se basará dicha utilización: 'quien contamina paga' y 'el que usa paga', que permitirán aumentar la recaudación. 

El Gobierno ha justificado esta medida aludiendo a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, al impacto de las carreteras sobre el medio ambiente y a la eficiencia del transporte. 

Es cierto que, a tenor de las cifras, la falta de conservación en las carreteras de nuestro país resulta evidente, lo que está impactando de manera negativa en la red viaria. Por ejemplo, los recursos destinados a conservación y seguridad vial se han visto mermados en un 76% para la red dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana como consecuencia de los sucesivos y reiterados ajustes en los presupuestos públicos. 

De hecho, nuestras calzadas acumulan un déficit de mantenimiento que asciende hasta los 7.500 millones de euros, que sería la inversión necesaria para que alcanzasen un estado aceptable. Además, dicho déficit ha incrementado las emisiones en un mínimo de 25 millones de toneladas de CO2 en la última década, lo que resulta insostenible desde el punto de vista medioambiental.

Nuestras calzadas acumulan un déficit de mantenimiento que asciende hasta los 7.500 millones de euros

Con esta radiografía, la situación reviste de gravedad en términos económicos, medioambientales y de seguridad. Por tanto, se requieren medidas que contribuyan a paliar la falta de inversión pública suficiente para dar respuesta a las necesidades reales de mantenimiento de la red, cuestión que tampoco se prevé que mejore en los próximos años dada la limitación de los recursos públicos y la necesidad creciente de atender el gasto social en partidas como el desempleo, las pensiones, la sanidad, la educación… 

De ahí, la urgencia de replantear nuestro modelo tradicional de financiación de las infraestructuras viarias, así como de su mantenimiento. En este marco, convendría dar paso a nuevas fórmulas recogidas en la Directiva europea relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras, y sustentarlas sobre los principios de "quien usa paga y quien contamina paga" preconizados por la Comisión Europea, como recientemente queda reflejado en su Estrategia de movilidad sostenible e inteligente: encauzar el transporte europeo de cara al futuro publicada en diciembre de 2020. 

Otro dato que viene a avalar y respaldar estas tesis es que en el 82% de nuestra red viaria interurbana de alta capacidad, la más extensa de toda la Unión Europea, los usuarios no pagan tasa alguna por su uso.

Entre otras ineficiencias, este modelo genera una gran desigualdad territorial ya que cuatro comunidades autónomas concentran el 52% de la red de peaje y pone de manifiesto una clara falta de armonización con el modelo vigente en Europa, donde actualmente veintitrés países tienen tarificado el 100% de su red de gran capacidad frente al 18% (y bajando) de España. 

Por tanto, la recaudación que se obtenga debería conformar un fondo exclusivo para infraestructuras viarias y transporte que permitiera acabar con el déficit existente y llevar a cabo otro tipo de actuaciones como acondicionamientos puntuales, reducción de las emisiones, creación de carriles reservados, reducción de la siniestralidad o adaptación de las vías a nuevos modos de movilidad que están por llegar en nuestro país. 

Además de planes específicos para transportistas y profesionales, previendo las dificultades o incremento de costes que estas medidas les supondrían a corto plazo y hasta su efectivo ajuste en la economía y en la conciencia social.

Porque entre tantas curvas, baches y algún que otro socavón, urge salvaguardar nuestras carreteras y acelerar su recuperación.

*** Pedro Fernández Alén es presidente de la CNC (Confederación Nacional de la Construcción).