Por ejemplo, ha sido un escándalo sin parangón que el informe hable de “salario completo” refiriéndose al coste laboral. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, el salario se refiere a la retribución que recibe el trabajador por cuenta ajena. Desde ese punto de vista, podría ser cuestionable asumir que el término “salario completo” es sinónimo de “coste laboral”.

Porque, efectivamente, lo que los trabajadores recibimos no es lo mismo que el coste que nuestro puesto de trabajo supone para la empresa. Hay que sumar el coste de la Seguridad Social y las indemnizaciones, prestaciones sociales y gastos en formación. Pero, el coste que la empresa paga a Hacienda, el coste impositivo, que depende de diferentes factores, como el sueldo bruto, la actividad y el convenio colectivo, no es verdaderamente una obligación tributaria que la empresa adquiere, sino que se deriva de la actividad del trabajador, pero que es gestionada por la empresa.

La razón aducida es simplemente la facilitación de la gestión del cobro, de manera que se reduzcan los costes de transacción para el Estado. El destino del coste no salarial, es decir, de la Seguridad Social, es múltiple: las contingencias comunes (como cubrir el sistema de pensiones o las bajas, las prestaciones por desempleo, contingencias profesionales, la formación y la aportación al Fondo de Garantía Salarial. Si no se ocupara de su gestión la empresa, sucederían dos cosas.

Primero, en nuestra nómina mensual aparecería el sueldo bruto y el neto. Y nada más. Segundo, habría un sistema que, tal vez desde el banco donde domiciliamos la nómina, cada mes ingresaría el monto correspondiente a la Agencia Tributaria. O bien, exactamente igual que hacemos la declaración de la renta e ingresamos o recibimos la cantidad correspondiente, o como los autónomos hacen trimestralmente, cada ciudadano se encargaría de pagar al Estado, por su cuenta.

Lo que los trabajadores recibimos no es lo mismo que el coste que nuestro puesto de trabajo supone para la empresa

¿Aumentarían los costes de transacción? Seguramente. Pero también aumentaría la claridad y la consciencia de lo que se lleva el Estado de nuestro esfuerzo. 

Un esfuerzo que nunca es suficiente, porque el sistema de pensiones está quebrado, y aunque estemos manteniendo a los pensionistas actuales con pensiones bastante altas, sabemos que probablemente nadie nos va a mantener a nosotros llegado el momento.

Lo que el “Impuestómetro 2024” intenta poner sobre la mesa es precisamente, qué parte del esfuerzo de los ciudadanos se lleva el Estado. Personalmente, a mí me interesaría casi más “monitorizar” cada euro de los impuestos, para comprobar a dónde va, si el destino se corresponde con el que dicen los gestores públicos y si se emplea de la manera más eficiente.

Quienes defienden la gestión pública a capa y espada me aseguran que los despilfarros son, por utilizar un término coloquial, el chocolate del loro, naderías. Y que el grueso va a lo que tiene que ir.

Sin embargo, me parece una falta de respeto hacia el ciudadano y de honestidad y un incumplimiento de lo que significa la función pública, pretender que, porque no es mucha cantidad, no está mal despilfarrar el dinero de los demás. A la clase trabajadora y a la clase media le cuesta mucho ganar cada euro. Recordemos la esclerosis aguda de nuestro mercado laboral y nuestra posición vergonzosa en el ranking de tasa de desempleo de la Unión Europea. 

Quienes defienden la gestión pública a capa y espada me aseguran que los despilfarros son, por utilizar un término coloquial, el chocolate del loro, naderías

Imaginemos que un acusado de fraude se defiende afirmando que, como la cantidad no es excesiva, comparada con el total de la recaudación, no pasa nada y que mejor hablemos de cosas importantes. Impensable. 

Porque las malas acciones, intencionadas o no, del ciudadano se penalizan de manera tajante, pero las de los administradores públicos, no. Ellos no sufren en sus bolsillos ni en su vida la multa y la señalización que nosotros sí. Son la nueva aristocracia y nosotros los nuevos siervos. Y lo peor: nos comportamos como tales. Y, por eso, admitimos una regulación excesiva y depositamos en sus manos la educación de nuestros hijos, y casi, nuestra forma de vida. ¿Se ganan los políticos con sus acciones tanta confianza? No. Pero vivir fuera del sistema es muy costoso. El que puede emigra, a riesgo de ser acusado de ser mal patriota, egoísta y otras lindezas. 

Por eso, creo que merece la pena tomarse la licencia de denominas “salario completo” al coste laboral correspondiente al salario más lo que las empresas gestionan en lugar de hacerlo directamente el trabajador. Es cierto que está incluido en la nómina. ¡Sólo faltaría! Quienes argumentan en este sentido, como si eso fuese suficiente, no se dan cuenta de que es el mínimo de información que merecemos los que financiamos al Estado. Como lo es que aparezca el IVA en las facturas para que sepamos a quién pagamos lo que compramos. 

En nuestro sistema tributario, el hecho imponible es el que genera la obligación con el fisco, porque manifiesta una capacidad económica por parte del ciudadano. La progresividad implica que, a mayor capacidad de pago, mayor cantidad a pagar. Pero la proporción entre esa obligación y la capacidad económica es muy relevante. Y cuando el poder adquisitivo de los ciudadanos sigue un 11% por debajo de la media de la UE, y un 15% por debajo de la media de la eurozona, sería esperable que la presión fiscal se rebajara. Sin embargo, según el informe del Instituto de Estudios Económicos, la presión fiscal es un 17% mayor que en el resto de Europa. 

Mientras tanto, nuestro gobierno sigue sin explicar qué pasa con los Fondos Europeos Next Generation, que iba a aliviar la situación. Y podemos estar seguros de que nadie va a responder de la malísima gestión de dichos fondos que tan bien le vendrían a muchas PYMES y microempresas. Esas que asumen un coste salarial imposible y crean trabajo y riqueza.