El proyecto de ley, que ha empezado a tramitarse en el Congreso, tiene grandes carencias, pero sin duda puede y debería ser mejorado por medio del debate parlamentario.

Desde el punto de vista de la salud, el sector del transporte-movilidad es actualmente uno de los principales responsables de la mala calidad del aire que respiramos. La contaminación atmosférica es responsable de más de 300.000 muertes prematuras en Europa y alrededor de 20.000 en España, cada año, además de provocar importantes costes sanitarios.

Así lo recoge el informe "La calidad del aire en Europa 2022" de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). Según el análisis de la AEMA, la contaminación atmosférica sigue planteando riesgos significativos para la salud en Europa, causando enfermedades crónicas y muertes prematuras.

Por ejemplo, en 2020, el 96% de la población urbana de la UE estuvo expuesta a concentraciones de partículas finas (PM2.5) superiores al nivel orientativo de la OMS de 5 microgramos por metro cúbico (μg/m³) de aire. La contaminación atmosférica también es perjudicial para la biodiversidad y daña los cultivos agrícolas y los bosques, causando importantes pérdidas económicas.

En lo que respecta al cambio climático, el sector transporte es el principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en España. En 2022, este sector contribuyó con el 30,7% del total de dichas emisiones, según consta en el "Informe de Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Edición 2024 (1990-2022)" (marzo de 2024) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Por sí solo, el transporte por carretera supuso el 28,4% del total de las emisiones de GEI del citado Inventario.

Sin embargo, el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, entre otras carencias notables, no incluye en su articulado la obligación de conseguir la neutralidad climática del sector transporte-movilidad a más tardar en el año 2050 ni objetivos intermedios de reducción de emisiones de GEI para el 2030 y 2040 en relación con los niveles existentes en 1990. Tampoco incorpora objetivos de reducción de la contaminación atmosférica provocada por este sector. Además, se ha renunciado a establecer un esquema estable de financiación del transporte público -una de nuestras asignaturas pendientes-, lo que deja esta cuestión al albur del Gobierno de turno.

Existe un enorme potencial de mejora del proyecto de ley de Movilidad Sostenible. Sin duda, este debería recoger medidas específicas para la movilidad sostenible y electrificada en el medio rural (un ámbito completamente olvidado por esta propuesta legislativa), debidamente adaptadas a la propia idiosincrasia de estos territorios. En relación con esto último, se deberían introducir medidas concretas de transición justa e incorporar el concepto de "pobreza en el transporte" y medidas para combatirla.

Así mismo, debería integrar la eficiencia energética en el conjunto de su articulado, optando por un sistema multimodal de transporte adecuado en términos de eficiencia que tenga como columna vertebral el transporte público y los tres modos más sostenibles: el peatonal, el ciclista y el ferroviario. Dentro del espacio urbano, debería darse claramente prioridad a la movilidad no motorizada.

Con respecto al ferrocarril, además de eliminar el mecanismo que incluye el cierre de líneas de tren supuestamente "ineficientes", se debe incluir la recuperación de las conexiones transfronterizas y los trenes nocturnos y plantearse seriamente poner a España al nivel de la UE en el porcentaje de mercancías transportadas por ferrocarril. Solo hace falta mirar más allá de los Pirineos y ver lo atrasado que vamos en estos aspectos.

Como también están haciendo ya otros países de la UE, el proyecto de ley debería incluir medidas de reducción de los graves impactos sociales, ambientales y climáticos del transporte aéreo, como pueden ser la eliminación de los vuelos domésticos para los que exista una alternativa ferroviaria existente y adecuada en términos de tiempo de viaje, conectividad y seguridad.

La mayoría de los desplazamientos en días laborables se hacen para ir a trabajar. En ese sentido, el proyecto de ley tiene que mejorar notablemente el planteamiento que hace sobre los planes de movilidad sostenible al trabajo, para que reflejen la realidad del tejido empresarial de España.

Resulta ciertamente contradictorio que una ley denominada de "movilidad sostenible" considere prioritario el gas natural licuado, un combustible fósil de elevadísimo potencial de calentamiento climático (80 veces más que el del CO2 en una perspectiva a 20 años), para su despliegue en los puertos y el suministro al transporte marítimo.

Es difícil que lleguemos a descarbonizar nuestro sistema de transporte si la futura ley de movilidad sostenible da apoyo explícito al uso de ciertos combustibles fósiles. En su lugar, la ley debería fijar una hoja de ruta con objetivos concretos y ambiciosos para el despliegue de combustibles renovables de cero emisiones derivados del hidrógeno verde para la aviación y el transporte marítimo. Al contrario que el transporte por carretera en cualquiera de sus modalidades (en el que los vehículos eléctricos de batería son la opción más eficiente y limpia), el transporte aéreo y el marítimo sí son dos sectores que tienen muy difícil descarbonizarse mediante la electrificación directa.

Para discutir sobre todas estas cuestiones, las 15 entidades sociales, sindicales, ecologistas y juveniles que estamos trabajando juntas para tratar de mejorar el contenido del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, hemos organizado un debate presencial en el Congreso de los Diputados este próximo lunes 15 de abril.

Con este debate, queremos conocer, en la primera mesa redonda, qué planteamientos tienen los ministerios de Sanidad, Transportes y Movilidad Sostenible y Transición Ecológica y Reto Demográfico sobre los impactos socio-económicos, climáticos, medioambientales y sanitarios del actual sistema de transporte-movilidad.

Y, en una segunda mesa redonda, entender la posición de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados sobre este proyecto de ley y qué propuestas de mejora presentan para lograr que la futura Ley de Movilidad Sostenible sea el instrumento adecuado para conseguir un sistema multimodal de transporte descarbonizado, saludable, eficiente, sostenible, justo e inclusivo en España.

** Carlos Bravo, coordinador de una coalición de 15 organizaciones sociales, sindicales, ecologistas y juveniles que trabajan en mejorar el proyecto de ley de movilidad sostenible