Pero, especialmente me sorprende que se quiera convencer a un accionista del Banco Sabadell de que cambie sus acciones por otra de un nuevo banco, “que tenga más capacidad para pagar impuestos”. Quizás se podría argumentar que se puede tener más capacidad para pagar impuestos, y finalmente no pagarlos, pero aun así me sigue pareciendo una afirmación un tanto sorprendente, especialmente para convencer a un accionista, para el que los impuestos de la sociedad de la que es dueño no dejan de ser un coste.

Pero, en mi opinión, estas afirmaciones de Genç pueden ser bastante indicativas sobre las ventajas e inconvenientes de este intento de concentración hostil. Empecemos por el final, la capacidad para apoyar a la economía: esto es un planteamiento absolutamente genérico, pero qué conduce a una pregunta importante: ¿está la economía mejor en su conjunto con un banco sistémico, BBVA, y otro grande, Sabadell, o sólo con un banco muy sistémico, especialmente en España, y dentro de ella, especialmente en dos CCAA, Cataluña y Comunidad Valenciana? Es posible que el criterio de apoyo a la economía en su conjunto pueda ser mucho más exigente que el del actual accionista del Banco Sabadell.

Uno de los factores fundamentales que determinaría si la nueva entidad puede apoyar más a la economía, o no, es si puede dar más crédito que BBVA y Sabadell por separado. En principio, una fusión podría mejorar el acceso a la financiación mayorista de los grandes mercados. Y si una entidad financiera se puede financiar mejor, podría dar más créditos y también más baratos.

Pero, si no estamos hablando de entidades financieras muy pequeñas, sino de grandes bancos, el problema es el opuesto, la concentración, puesto que dos grandes bancos, que además ya ganan dinero, no deberían ser ineficientes, sino todo lo contrario. 

Y si una entidad financiera se puede financiar mejor, podría dar más créditos y también más baratos

Si hay empresas que han obtenido créditos de los dos bancos fusionados, los riesgos para la nueva entidad se acumulan. Esto penaliza a la nueva entidad, que tiene que “consumir” más capital para garantizar el riesgo acumulado. Esto supone menos capacidad para dar crédito y no menos.

Y por supuesto, la concentración implicaría menos opciones para solicitar crédito de las empresas, lo que supone, casi por definición, mayores tipos de interés y condiciones más onerosas, lo que, probablemente, no suponga más capacidad de apoyo a la economía.

En términos generales, ha sido la economía la que ha tenido que apoyar al sector financiero y no al contrario. Según los últimos datos de la Intervención General de la Administración del Estado, el rescate financiero ha acabado costando al contribuyente español más de 73.000 millones de euros. Aun así, podía haber sido peor. Ese fue el caso de Irlanda, en el que la crisis de sus dos grandes bancos llevó al país a un rescate total, que llevó a subidas masivas de todos los impuestos (salvo el de sociedades).

En ese sentido, hay que ser conscientes de que el tamaño de los gigantes procedentes de fusiones es un riesgo latente, aunque los bancos estén ahora bien gestionados. Y si no queremos creerlo, pensemos en el caso del Banco Popular, adjudicado en 2017 por -2.000 millones de euros a Banco Santander, que unos años antes no sólo era un banco sólido, sino simplemente el banco más rentable y eficiente del mundo.

Pero, con todo lo que más me ha sorprendido ha sido la “capacidad para pagar más impuestos”. En su oferta, BBVA ofrece una acción nueva por cada 4,83 acciones del Banco Sabadell. Esto supone valorar Sabadell en unos 12.000 millones de euros. Pues bien, según las cuentas anuales del banco opado, al cierre de 2023, los activos fiscales diferidos de este banco, el Sabadell, ascendían a 6.385 millones de euros, de los que eran “monetizables” 4.743 millones.

La concentración implicaría menos opciones para solicitar crédito de las empresas

Esto viene a ser, si se ha tomado en cuenta, y cuesta creer que no haya sido así, la mitad de la valoración. Los activos fiscales diferidos son una anotación contable que expresa el derecho a pagar menos impuestos sobre los beneficios en el futuro. Los monetizables están garantizados con un aval del Estado. Esto quiere decir que en caso de que la entidad tenga pérdidas o tenga que liquidarse se convierten en una devolución tributaria, es decir que este importe lo pagaríamos el resto de los contribuyentes. Esto ya ha ocurrido en un par de ocasiones por unos pocos… miles de millones de euros. En mi último libro, “Y esto, ¿quién lo paga? (Debate 2023) lo explico detalladamente.

En cualquier caso, si no se quiere heredar los activos fiscales, y se quiere pagar muchos impuestos, entonces basta con realizar una fusión sin acogerse al régimen especial, una fusión no protegida en jerga. En esencia, el régimen consiste, además de subrogarse (heredar) también los activos fiscales como las bases imponibles negativas, en diferir las plusvalías latentes hasta que se realicen frente a terceros. Esto suena muy complicado, pero es simple y casi siempre un factor fundamental. Imaginen que una sociedad absorbida tiene un edificio ya amortizado y construido hace 50 años, cuyo valor es de 100 millones de euros.

Según la contabilidad de las fusiones, el edificio entra en la contabilidad de la absorbente con un valor de 100 millones de euros. Si la fusión no se acoge al régimen especial, hay que tributar por esta “plusvalía”, que nadie ha pagado, de 100 millones de euros. El régimen especial permite pagar el impuesto sobre beneficios, que sería un 30%, cuando se venda el edificio, que conservaría su valor fiscal cero.

A mí me resulta complicado que una operación de este tipo se pueda realizar obviando regímenes especiales e impuestos. Pero, lo habitual es que la Hacienda Pública salga perdiendo, y mucho en términos netos en cuanto a impuestos. Por ejemplo, una fusión suele suponer muchos despidos. En este caso, los costes de reestructuración ascenderían a unos 1.450 millones según el proyecto hecho público por BBVA. Esta cuantía es íntegramente deducible en el impuesto de sociedades.

Sin embargo, las indemnizaciones por despidos, que parece que no serían pocos, están fundamentalmente exentas del IRPF, y la escasa parte que suele tributar lo hace con reducción por irregularidad. En el primer año, en consecuencia, se ingresan menos impuestos. En el futuro, aunque el banco ganase más dinero, y pese a todas estas cuestiones como activos fiscales diferidos, pagase algo más de impuestos sobre beneficios, también pagarían menos retribuciones salariales. Al final, por el IRPF se acaba obteniendo más ingresos, especialmente en nóminas importantes- por eso, muchos huyen, a veces ilegalmente, del IRPF y constituyen sociedades.

En resumen, si obviando todos estos problemas, y alguno más que no detallo por no hacer interminable este artículo, se acaban obteniendo más beneficios, y pagando, además, más impuestos que las entidades por separado, sólo puede ser por una causa, se obtienen muchos más ingresos. Eso, en el caso de un mercado maduro, sólo podría ser porque se cobren muchos más intereses a los particulares y las empresas financiadas, o también porque se remuneren aún menos los depósitos. Esto me cuesta ver que suponga más “capacidad de apoyo a la economía”, y aunque la nueva entidad pagase más impuestos, también me cuesta ver que suponga más ingresos en términos globales para la Hacienda Pública. Pero, igual sólo me cuesta verlo a mí, que sigo sorprendido.

***Francisco de la Torre Díaz es economista, inspector de Hacienda y autor del libro "Y esto, ¿quién lo paga? Economía para adultos" (Debate, 2023).