Los colegios católicos contra Ayuso por la prohibición de las tablets: "Contradice nuestra libertad y autonomía"

Las Escuelas Católicas de Madrid (ECM) no están de acuerdo con la medida que ha anunciado la Comunidad de Madrid este miércoles con respecto a la regulación del uso de dispositivos electrónicos en los colegios financiados con fondos públicos a partir del próximo curso. 

Así lo han manifestado en un comunicado en el que expresan que se trata de una "medida taxativa que se contradice con los principios de libertad, pluralidad y calidad de enseñanza postulados por la Comunidad de Madrid y que, sin duda, preocupa enormemente a los 340 centros que conforman la red de ECM, al ver vulnerado su derecho a desarrollar un proyecto educativo propio y, sobre todo, elegido libremente por las familias".

En concreto, la decisión que el Gobierno de la región ha anunciado consiste en la prohibición del uso individual de pantallas en Infantil y Primaria, a través de un Proyecto de Decreto.

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"Entendemos que el uso de dispositivos digitales admita un debate profundo que incluso debiera liderar la escuela, pero en ningún caso podemos hacerlo obviando el derecho de los titulares a establecer los proyectos educativos de sus centros, e imponiendo los enfoques y herramientas de su acción educativa", aseguran desde la organización compuesta por distintos centros de enseñanza concertada.

Afirman, con respecto a esto, que el art. 121 LOE establece que el proyecto educativo del centro es competencia de su titularidad y, por tanto, que la acción educativa, y con ella la orientación pedagógica, las metodologías implantadas, los recursos didácticos y, en su caso, la digitalización, forman parte de este proyecto educativo. "Por otro lado, y en cumplimiento del artículo 111 de la LOMLOE, las titularidades de los centros están obligadas legalmente a implementar estos procesos de digitalización".

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En este sentido, desde ECM manifiestan su defensa a la "autonomía de los centros y el trabajo emprendido durante muchos años en sintonía con una sociedad digital".

"Tenemos la obligación de alfabetizar a nuestros alumnos. Por supuesto, nos ponemos a disposición de la Administración y del resto de los agentes sociales para hablar sobre este asunto, de modo que la normativa resultante sea coherente con el entorno y respetuosa con el proyecto educativo, siempre en pro de una educación de calidad, plural y libre", han concluido.