Manifestación del Orgullo de Budapest de 2022. Reuters
Orbán prosigue con su agenda contra el colectivo LGTBI: Hungría prohíbe el Orgullo para "defender a los menores"
Se permitirá a la Policía el uso de cámaras de reconocimiento facial para identificar y multar a todas aquellas personas que asistan al evento.
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El Fidesz, el partido de Viktor Orbán, prosigue su cruzada contra el colectivo LGTBI. El Parlamento húngaro ha aprobado este martes una enmienda a la ley de reunión que prohíbe en la práctica la celebración del desfile del Orgullo LGTBI e imponer multas a los organizadores y a las personas que asistan a este evento que lleva celebrándose casi tres décadas. Todo ello bajo su manido pretexto de la defensa de los menores.
Orbán, quien ha criticado abiertamente el Orgullo, ha intensificado en las últimas semanas sus ataques contra los medios de comunicación y las personas LGTBI desde la toma de posesión de Donald Trump y con la mirada puesta en las elecciones en Hungría del próximo año.
La enmienda registrada el lunes por Fidesz y aprobada este martes en el Parlamento junto a los votos de la extrema derecha, prohíbe en la práctica el Orgullo por considerarlo perjudicial para los niños. "El proyecto de ley modifica la ley que regula el derecho de reunión, estipulando que está prohibido celebrar reuniones que violen la prohibición establecida en la ley de protección de la infancia", señala el texto aprobado.
También permite a la Policía el uso de cámaras de reconocimiento facial para identificar y multar a todas aquellas personas que asistan al evento celebrado en la Avenida Andrassy, una amplia calle en el centro de Budapest. La enmienda prevé que aquellos que abandonen la marcha al ser advertidos por la Policía, no serían multados.
El propio Orbán ya aconsejó el pasado mes de febrero a los organizadores que ni siquiera se molesten este año en organizar el evento.
La oposición ha denunciado que esta enmienda vulnera uno de los derechos fundamentales, el de reunión, y limita más aún los derechos de la comunidad LGTBI en el país centroeuropeo. Durante la votación, los legisladores del partido opositor y liberal Momentum prendieron bengalas de los colores de la bandera húngara, rojo, blanco y verde.
Los diputados de la oposición encendieron bengalas durante la votación en el Parlamento a modo de protesta. Reuters
Por su parte, los organizadores contestaron que el Orgullo, que "no supone ninguna amenaza para los menores", se celebrará porque la libertad de reunión es un derecho constitucional.
En la misma línea, el alcalde liberal de Budapest, Gergely Karacsony, aseguró en una publicación de Facebook que la marcha del Orgullo se llevará a cabo este año y "tal vez sea más grande que nunca".
El colectivo LGTBI, objetivo de Orbán
En los últimos años, Orbán, en el poder desde 2010, ha impuesto como eje de su acción de Gobierno una agenda cristiano-conservadora, en la que el colectivo LGTBI es blanco de sus ataques.
La mayoría parlamentaria del Fidesz modificó en 2011 la Constitución y fijó que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. El Gobierno de Orbán también ha prohibido que la parejas del mismo sexo puedan adoptar a niños.
Más recientemente, en 2021, prohibió lo que denomina la "promoción de la homosexualidad" entre los menores de 18 años a pesar de las fuertes críticas de grupos de derechos humanos y la Unión Europea.
El Fidesz presentó la semana pasada al Parlamento un proyecto de enmienda de la Constitución que afirma que "todo niño tiene derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su adecuado desarrollo físico, mental y moral. Este derecho será prioritario sobre todos los otros derechos fundamentales, con la excepción del derecho a la vida". De esta manera, la enmienda haría posible limitar el derecho a la libre reunión.
El desfile del Orgullo en Hungría se celebra desde hace 29 años y el de este verano será la 30.ª edición de la marcha, con la que concluye el mes Pride en Budapest y otras ciudades del país.
Pese a las políticas de Orbán, el apoyo del desfile sigue creciendo entre los húngaros y mientras que en 2019 el 34 % de los encuestados aseguraba que se debería prohibir, para hoy ese número se redujo al 27 %.
