La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante la reunión de este miércoles en Bruselas
Bruselas incluye una cláusula 'Buy European' en su plan de rearme: el 65% de los equipos debe fabricarse en la UE
La Comisión de Ursula von der Leyen avisa de que Rusia estará preparada para atacar a un Estado miembro en un plazo de entre tres y cinco años.
Más información: Bruselas plantea asumir la compra centralizada de armamento como hizo con las vacunas contra la Covid
"Si Europa quiere evitar la guerra, tiene que prepararse para la guerra". La Comisión de Ursula von der Leyen ha presentado este miércoles la versión final, la letra pequeña, de su plan de rearme para la UE. Una iniciativa cuyo objetivo es hacer frente a la amenaza de Rusia en un momento en que la Casa Blanca de Donald Trump se desentiende de la seguridad del continente. De hecho, el Kremlin estará preparado para atacar a un Estado miembro en un plazo de "entre 3 y 5 años", según el análisis de riesgos de Bruselas. Por ello, Von der Leyen ha fijado el año 2030 como plazo máximo para que Europa alcance su plena independencia militar.
La piedra angular del plan de rearme de la UE es un nuevo fondo de 150.000 millones de euros, que concederá créditos blandos a los Estados miembros con el objetivo de que puedan acelerar la inversión en defensa. El plazo máximo de devolución se ha fijado en 45 años, con un periodo de carencia de 10 años en los pagos de principal. Los Estados miembros disponen de un plazo de seis meses para presentar su solicitud.
Estos préstamos computarán como deuda para los Estados miembros que los soliciten, cuyo único beneficio será un tipo de interés favorable gracias a la buena nota crediticia del Ejecutivo comunitario. Alemania ya ha anunciado que no va a pedirlos porque ya paga menos en los mercados, pero esto sí podría ayudar a países como España o Italia, con un coste de financiación superior al de Bruselas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había reclamado, además de los préstamos, subvenciones a fondo perdido que no computen como deuda, pero el Ejecutivo comunitario ha ignorado esta demanda.
En un guiño a Francia, el Ejecutivo comunitario ha introducido una cláusula 'Buy European' en el reglamento del fondo. Se trata de una preferencia para el armamento comunitario cuyo objetivo es impulsar la base industrial militar del continente, aunque no es tan estricta como reclamaba París. Por un lado, los Estados miembros sólo podrán usar los créditos para comprar productos de empresas con sede en los países de la UE y Ucrania.
Además, los Gobiernos deberán garantizar que los equipos militares adquiridos tengan un mínimo del 65% de contenido fabricado en territorio europeo. Para los sistemas militares complejos (como sistemas de defensa antimisiles, activos espaciales o inteligencia artificial) se aplicará la misma regla, combinada con la obligación de exigir a los contratistas que controlen plenamente el diseño del equipo. Esto se hace para garantizar que no se crean nuevas dependencias para sistemas complejos, cuya llave la tenga en última instancia por ejemplo Estados Unidos.
"Debemos comprar más productos europeos. Porque eso significa fortalecer la base tecnológica e industrial de defensa europea. Esto significa estimular la innovación. Y eso significa crear un mercado a nivel de la UE para equipos de defensa", ha defendido la presidenta Von der Leyen.
Los 150.000 millones se distribuirán entre los Estados miembros en función de los proyectos de inversión que presente cada país. Bruselas quiere incentivar las compras conjuntas de armamento y por eso exige que participen un mínimo de dos Estados miembros y candidatos, más Ucrania y Noruega. La lista puede ampliarse a otros países, como Reino Unido, siempre que firmen un acuerdo con la UE. El anticipo de los créditos (equivalente al 15% del total) se pagará ya en 2025, mientras que el último desembolso debe hacerse antes del 31 de diciembre de 2030.
El dinero debe destinarse de forma preferente a financiar capacidades prioritarias en las que la UE se ha quedado atrás, como sistemas de defensa aérea, sistemas de artilería, misiles y munición, drones y sistemas antidrones, movilidad militar o inteligencia artificial. La Comisión Europea se ofrece a asumir la compra centralizada de estos equipos en nombre de los Estados miembros, como hizo con las vacunas contra la Covid, pero sólo si los Gobiernos lo aceptan. Las adquisiciones de armamento con estos créditos estarán exentas del pago del IVA.
El segundo pilar del plan de rearme de Bruselas consiste en activar las cláusulas de escape nacional previstas en el Pacto de Estabilidad, con el fin de que el aumento de la inversión nacional en defensa no compute para las reglas de disciplina fiscal. El Ejecutivo pretende dar así margen a todos los Estados miembros para subir su inversión en defensa en hasta 1,5 puntos del PIB. En total, se trata de movilizar hasta 650.000 millones de euros extra en cuatro años de las arcas nacionales.
La cláusula de escape estará vigente durante un periodo de cuatro años. Pero como la subida del gasto militar que persigue Bruselas es para siempre, al final los Estados miembros se verán obligados a recortar otros gastos o subir los impuestos para acomodar la inversión en defensa.
