Los migrantes se reúnen en el hotspot, un centro de recepción para migrantes, antes de la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en septiembre de 2023.
Von der Leyen busca países "seguros" donde abrir campos de deportación fuera de la UE: su 'pero' es que aún no existen
EL ESPAÑOL consulta a numerosos expertos para analizar las implicaciones legales (y morales) de la propuesta de Ursula von der Leyen de enviar fuera de las fronteras comunitarias a migrantes a los que se les ha rechazado la solicitud de asilo.
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"Hemos roto muchos tabúes". A principios de 2022, el entonces Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell, utilizó esta expresión para referirse a la histórica decisión de la UE de enviar armas a Ucrania. Hoy, su afirmación sigue más que vigente. En lo que se refiere a la defensa y la seguridad —con el rearme europeo en el centro del debate—, pero también en el ámbito migratorio, uno de los asuntos más delicados de la política comunitaria. Y no porque haya habido un aumento descontrolado en la llegada de migrantes, ya que, de hecho, las cifras muestran una tendencia a la baja. Sino, porque, en un momento en el que una ultraderecha en ascenso capitaliza el discurso antimigratorio, Bruselas se ha decantado por cruzar los límites que antes parecían inquebrantables.
En sus primeros meses, la nueva Comisión Europea de Ursula von der Leyen, la más derechizada de las últimas décadas, disfrazaba su inclinación hacia medidas migratorias más restrictivas bajo el eufemismo de "explorar soluciones innovadoras". Ahora, sin embargo, ha abandonado esas fórmulas ambiguas para abrir de par en par la puerta a que los Estados miembros recurran a campos de deportación fuera de las fronteras comunitarias.
La propuesta sigue, en cierta medida, la estela del polémico modelo ensayado (y hasta la fecha fallido) por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en sus acuerdos con Albania. Y es la manera en la que el Ejecutivo europeo trata de dar respuesta a la petición de numerosos países miembros para que se actualice la directiva de retornos de 2008. Entre otras cosas porque las tasas de retorno de aquellos que no tienen derecho a estar en suelo europeo rondan apenas el 20%.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una rueda de prensa en Bruselas.
"Que cuatro de cada cinco personas a las que se les emitió una decisión de retorno terminen quedándose en la UE demuestra claramente que algo no está funcionando. Es inaceptable", denunciaba recientemente el comisario de Interior, Marcos Brunner. Lo hacía, además, con los datos de la Agencia Europea de Asilo en la mano, que indican que sólo un 42% de las solicitudes de asilo que se registraron en el espacio Schengen europeo en 2024 fueron aceptadas. Y ofrecía, como parte de la solución, la idea de estos hubs de retorno, incluida y respaldada legalmente en el proyecto de reglamento presentado a inicios de marzo por Von der Leyen.
Se trata en realidad de la última pieza del Pacto Europeo de Migración y Asilo, un compendio de normas que ya endurecen —o hacen más eficaces, según algunas voces— las condiciones de acogida y que echará a andar en verano de 2026. Así, el objetivo de la nueva normativa es bastante claro: simplificar y acelerar las expulsiones de inmigrantes irregulares. Sin embargo, el camino para alcanzar esa meta plantea aún muchas dudas legales y en materia de derechos humanos.
Eurostat
Meloni vs Von der Leyen
Sobre el papel, la propuesta de Von der Leyen "introduce la posibilidad" de devolver a un país distinto al de origen a las personas que ya han recibido una decisión final de retorno. Esto la hace diferente al modelo de Meloni, dirigido a los migrantes interceptados en el Mediterráneo y a los que se ha intentado enviar a Albania para que gestionen desde allí su solicitud de asilo. Los centros de la UE, en cambio, están pensados para los migrantes que ya han visto rechazada su solicitud o que están en situación irregular, como los que han superado el tiempo de su permiso de residencia o de trabajo.
Para Francesco Pasetti, investigador principal del área de Migraciones de CIDOB y profesor en el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), ambos esquemas siguen una tendencia restrictiva y buscan externalizar lo máximo posible. Sin embargo, detalla, "mientras el plan italiano se centra en el proceso, en la tramitación del asilo, la propuesta europea pone el foco en el retorno". Y en esa diferencia también se encuentra el límite de lo legal.
Entre otras cosas, porque la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y el Reglamento de Dublín, aunque no prohíben la externalización, establecen que los países europeos son los responsables de ofrecer un procedimiento de asilo justo dentro de su territorio.
La nebulosa de los países seguros
Según explica a este periódico Florian Trauner, decano de la Escuela de Gobernanza de la Universidad Libre de Bruselas y experto en migraciones, el principio de no devolución (non-refoulement) del derecho internacional, que impide que los países receptores devuelvan a los migrantes a lugares donde puedan ser perseguidos, permite legalmente establecer centros de deportación en terceros países que se consideren "seguros". Esta es, de hecho, una de las condiciones que establece el reglamento propuesto por la Comisión Europea: que los campos de deportación sólo se puedan cerrar a través de pactos bilaterales (que suelen incluir incentivos económicos) entre un Estado miembro y países extracomunitarios que "respeten los estándares y principios internacionales en materia de derechos humanos, de acuerdo con el derecho internacional, incluido el principio de no devolución".
El problema es que no hay consenso sobre qué países entran en esa categoría. La directiva 2013/32/UE define un "tercer país seguro" como aquel donde se puede demostrar que tiene un sistema de asilo accesible y justo, garantiza la seguridad y los derechos de los refugiados y no hay riesgo de persecución o trato inhumano. Sin embargo, la decisión final recae en cada Estado miembro.
Con algunas excepciones, la mayoría de los Estados miembros consideran "seguros" a los Balcanes Occidentales (Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Kosovo), además de Georgia y Moldavia. No obstante, mientras Alemania y Francia incluyen a Túnez y Marruecos en su lista, España no lo hace. Turquía, por su parte, está considerado un lugar apto por Hungría, Croacia y Eslovenia.
Ahora bien, ni siquiera que un Gobierno considere seguro un territorio es suficiente. En una sentencia reciente, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dejó claro que, para que un país sea considerado "seguro", debe serlo en todo su territorio. Precisamente este criterio permitió a los jueces italianos bloquear la deportación a Albania de migrantes egipcios y bangladesíes. También los intentos de deportación a Ruanda propuesto por el anterior Gobierno británico de Rishi Sunak, fueron paralizados por el Tribunal Supremo nacional.
Migrantes llegan al Reino Unido tras cruzar el canal de la Mancha. Reuters
¿Existen realmente países totalmente seguros? Siguiendo las directrices, podría decirse que lugares como Canadá, Noruega o Suiza podrían ajustarse a esa definición, aunque no son precisamente puntos de origen de migrantes irregulares en Europa, ni tienen interés en convertirse en países de tránsito. Además, aunque lo desearan, si son seguros o no en su totalidad es discutible, ya que se puede alegar que existen zonas dentro donde hay violencia o discriminación.
Estrictamente hablando, ningún país cumple con los criterios de seguridad, que, al fin y al cabo, son bastante flexibles. Tanto que la Administración de Donald Trump, siguiendo su política de mano dura y deportaciones masivas, incluso ha llegado a plantear considerar a México como un "tercer país seguro". A pesar de que el sistema de asilo mexicano está completamente desbordado. Y a pesar también de que no puede ofrecer una protección real a los migrantes, quienes enfrentan secuestros, extorsiones y abusos.
Para no pillarse los dedos, la Comisión Europea planea redefinir el concepto de "tercer país seguro" antes de junio de este año y elaborar una lista de países de origen seguros. El objetivo es reducir el número de territorios de los que acoger refugiados (ya que solo se tramita el asilo si la persona proviene de un sitio considerado no seguro) y, al mismo tiempo, ampliar el abanico de Estados a los que se puede deportar a los migrantes.
Esta lista, según ha explicado Ursula von der Leyen, será "dinámica" y podrá ser "expandida o revisada con el tiempo". Además, está siendo elaborada junto con la Agencia Europea para el Asilo y organizaciones internacionales como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional de Migraciones. Esto, sin embargo, no ha acallado las críticas, que alegan que entre el reconocimiento formal de ciertos valores y la aplicación práctica a veces hay una gran distancia.
Los derechos humanos, en riesgo
El caso de Australia, que suele citarse en Europa como ejemplo por su política de enviar migrantes a centros de detención en las islas de Manus (Papúa Nueva Guinea), Nauru (en el Pacífico) y la Isla de Navidad, es una prueba de ello. Sus centros cumplen con los requisitos formales de derechos humanos, pero en ellos se han denunciado condiciones inhumanas, abusos sexuales y casos de intentos de suicidio por parte de menores.
En este sentido, numerosas organizaciones europeas consideran que la medida violará inevitablemente los derechos humanos y dejará a las personas migrantes "en un limbo", sin saber cuál será su destino. "La iniciativa abre la puerta a que los Estados envíen a personas a países con los que no tienen ningún vínculo, donde quedan retenidas en centros de detención, sin garantías creíbles de que se respeten sus derechos. Sinceramente, Europa ha tocado fondo", denuncia Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas. Y añade que se trata de un "enfoque punitivo, basado en la detención y que sólo aumentará los costes en los presupuestos nacionales y, más grave aún, el sufrimiento de las personas cuyos derechos están restringidos y violados".
Uno de los puntos controvertidos es que el reglamento propuesto establece que los solicitantes de asilo rechazados deben facilitar su identificación personal, datos biométricos, detalles de contacto e información sobre los países por los que transitaron. Quienes no cooperen se enfrentarán a prohibiciones prolongadas de entrada en la UE e incluso a "sanciones económicas", cuyos detalles no se especifican.
La patrullera italiana que transportó el martes a los 43 migrantes a Albania y que ahora tienen que volver. Efe
Cuánto tiempo permanecerán esas personas en las instalaciones o cómo volverán a sus países de origen son cuestiones aún sin resolver. Sobre ello, Belén Zanzuchi, analista de políticas europeas en el Migration Policy Institute (MPI) explica a EL ESPAÑOL que los centros de retorno no están pensados para ser un lugar de permanencia, sino de tránsito, desde donde se realizaría el retorno a los países de origen. No obstante, matiza, para que esto funcione, "la UE necesita que los territorios de origen readmitan a sus ciudadanos". En otras palabras, el retorno no es posible sin la aceptación expresa caso por caso de los gobiernos de los países de origen. Y ese es, precisamente, uno de los principales desafíos a los que se enfrenta Bruselas.
"El gran fallo del actual sistema de retornos de inmigrantes irregulares es que no existe colaboración con muchos países de origen para documentar y devolver a estas personas. No están interesados porque el coste político es enorme", sostiene Carmen González, investigadora principal del Real Instituto Elcano, donde dirige las áreas de Opinión Pública y de Migraciones.
"El gran fallo del actual sistema de retornos de inmigrantes irregulares es que no existe colaboración con los países de origen"
Lo cierto es que desde la crisis de refugiados de 2015, la UE ha llegado a acuerdos con gobiernos como el de Túnez o el de Turquía, que combinan la readmisión, incentivos económicos y sanciones para forzar la cooperación. El alcance, sin embargo, se ha demostrado limitado.
Políticamente, la Unión Europea se ha encontrado con dificultades para encontrar países dispuestos a cooperar o para albergar centros de retorno. "Esto hace que la iniciativa corra el riesgo de ser relativamente costosa y con un valor principalmente simbólico, en el sentido de que no cambie de manera significativa las dinámicas o las cifras migratorias", sostiene el experto en migraciones Florian Trauner.
Un plan caro
De lo que no cabe duda es que el coste de poner en marcha estos hubs será elevado. El diario italiano La Repubblica realizó un cálculo sobre cuánto iba a pagar el Gobierno de Meloni por cada solicitante de asilo que fuese enviado al centro de Albania. La cifra ascendía a 297 euros por persona al día, lo que supone casi 10 veces más que si la recepción se hiciera en Italia. En total, se prevé una inversión de 800 millones de euros en cinco años. En el caso del plan británico para Ruanda el coste era también desorbitado. La cadena BBC calculó que la deportación por persona aumentaría a 63.000 libras. Eso sin contar con los 370 millones destinados a la construcción de las instalaciones.
Con todo, esta normativa aún debe ser debatida y aprobada por el Parlamento Europeo y los gobiernos nacionales. Pero los expertos consultados para este reportaje coinciden en que, por más matices que se añadan, sólo su implementación permitirá comprobar si se respetan los derechos humanos. Además, advierten que, con toda probabilidad, será en los tribunales donde se dirima en última instancia la viabilidad de estas medidas restrictivas, convirtiendo así la migración en un pulso entre política y justicia.
