El pasado domingo, Pedro Sánchez sorprendió en el Congreso del PSOE de Galicia al referirse a los Estados fallidos del Sahel. Distanciándose del foco de la conversación pública europea actual, el presidente vino a decir que para España las amenazas no provenían tanto del frente oriental como del frente sur.

Este domingo, en el Congreso del PSOE de Aragón, ha abundado en la misma idea: "La Defensa en el este de Europa nada tiene que ver con los desafíos de seguridad que tenemos en España", porque "nosotros no vamos a tener un ataque físico de Rusia".

Esta línea de discurso que está perfilando Sánchez se encamina a trasladar el marco de que España debe "aportar Defensa, pero sobre todo, seguridad y ciberseguridad". Un argumentario con el que el PSOE ha iniciado su campaña para hacer pedagogía sobre las bondades de aumentar el gasto militar.

Sánchez tiene que lidiar con un contexto doméstico que le dificulta cumplir con la aceleración del objetivo del 2% del PIB en Defensa a la que le ha apremiado Bruselas. La fórmula que ha encontrado esta vez para hacer de la necesidad virtud (y poder sortear el triple escollo de la oposición de sus socios de izquierdas al rearme, la ausencia de Presupuestos y los límites a un mayor sobreendeudamiento) es la recalificación del "gasto militar" como "inversión en Defensa".

Pero este discurso de las amenazas híbridas no es más que un nuevo juego del trile para tratar de embaucar a la vez a sus socios, vendiéndoles que el incremento del gasto en Defensa es una oportunidad empresarial que no irá en detrimento de las partidas sociales, y a la Unión Europea, haciendo que computen como gasto en Defensa otras partidas existentes.

Sánchez pretende que la inversión en seguridad consista también en "mejorar nuestra capacidad en ciberseguridad, la protección de infraestructuras críticas o en hacer frente a las emergencias de protección civil derivadas de una emergencia climática que está afectando principalmente al Mediterráneo".

Es decir, está ampliando el alcance de la cuestión del gasto militar hasta diluirlo. Una patraña de la que también ha participado Diana Morant, defendiendo que "cuando hablamos de Defensa no estamos hablando solo de tanques o de misiles", sino también "de satélites" y "del espacio". Y Mónica García, que para justificar la traición de la postura antibelicista de Sumar, sugirió extender el ámbito de la seguridad a "la inversión en "material sanitario" y las "reservas de medicamentos como las vacunas".

Pero es una tomadura de pelo servirse de este concepto lato de seguridad para convertir las políticas contra las emergencias climática o sanitaria en gasto en Defensa.

Porque, por esa regla de tres, todo el gasto público puede considerarse gasto en Defensa. Los hospitales públicos nos defienden de las enfermedades, el mantenimiento de las carreteras nos defiende de los accidentes de tráfico, y así sucesivamente.

Sánchez espera que Bruselas financie las nuevas partidas en Defensa con transferencias, pero Von der Leyen ya ha descartado ese escenario.

Está decidido además a sufragarlas con ampliaciones de crédito, hurtándole inconstitucionalmente al Parlamento el control financiero de la política de gasto del Gobierno.

Y, bajo el supuesto de que "lo importante no es gastar más sino gastar mejor", pretende salir del atolladero con un ardid nominalista que permitiría que partidas como el presupuesto de la Guardia Civil o los créditos destinados a I+D computasen como gasto militar. Y, de esta forma, aumentar inmediatamente en unos 8.000 millones de euros la cuantía sin aportar un solo euro extra.

Y todo ello con tal de que Sánchez pueda ahorrarse el pactar una política de Estado en materia de Defensa transparente, seria y clara. Pero en esta hora crítica para Europa, España no puede seguir regateando las obligaciones que le competen en la garantía de la seguridad colectiva europea.