Las izquierdas no han tardado en usar como munición contra el PP el acuerdo alcanzado este lunes entre el Govern de Carlos Mazón y Vox Valencia para presentar unos Presupuestos para la Comunidad Valenciana.

Los "puntos de entendimiento" con Vox que ha admitido Mazón en su comparecencia suministran la coartada perfecta para el discurso del "muro" contra el PP del PSOE y sus socios: Feijóo dará entrada en el Gobierno a la ultraderecha tan pronto como tenga ocasión. 

Pero el acuerdo de Valencia no permite sostener este sofisma.

En primer lugar, porque una cosa es gobernar en coalición con un partido, y otra muy distinta, en un sistema de representación parlamentaria multipartidista, un pacto puntual para aprobar unos Presupuestos. Especialmente cuando quien pone el grito en el cielo por que el PP se haya apoyado en Vox, el Partido Socialista valenciano, no le ha ofrecido a Mazón ninguna alternativa, más allá de exigir su dimisión.

Por lo mismo, no es de recibo pretender que los españoles comulguen con la rueda de molino de que es venenoso pactar unos Presupuestos con Vox, pero no con Bildu. Y no se puede olvidar que los abertzales votaron a favor de las últimas cuentas aprobadas por Sánchez en 2022. ¿Es realmente Feijóo más dependiente del extremismo que Sánchez?

No supone incoherencia alguna defender (como hace este periódico) que Vox no debería entrar en los Ejecutivos y, a la vez, que no se puede estigmatizar el hecho de pactar una norma con Vox, como si fuera en sí mismo algo repudiable.

De hecho, tampoco lo es en este caso por su contenido.

Es innegable que el presidente de la Generalitat se ha avenido a rubricar un discurso más contundente y controvertido en materia de inmigración y de ecología para congraciarse con Vox.

Pero lo cierto es que el compromiso de agilizar expulsiones de inmigrantes irregulares o de revertir la agenda verde no pasan de una declaración retórica a fin de que Vox pueda anotarse un tanto de cara a su electorado. Mientras que lo que es una realidad tangible es que ha logrado amarrar sus votos para las cuentas de 2025.

Por otro lado, pese a la hiperventilación de la izquierda por la supuesta asimilación de las tesis ultras de Vox, no puede decirse que Mazón haya estampado su firma en nada que el discurso del PP español o del PP europeo no hubiera suscrito antes.

La denuncia de la "implantación extremista" de la "agenda ambientalista" que ha lamentado Mazón no rechina con respecto a la crítica al "dogmatismo climático" que ha proferido Feijóo en otras ocasiones, o la enmienda al pacto verde que ha asumido Ursula von der Leyen en Bruselas.

Incluso el punto más objetable del acuerdo, la negativa a la solidaridad en el reparto territorial de los menas, no tiene visos de traducirse más que en un simple derecho al pataleo, en la medida en que el Gobierno tiene la potestad de imponer esos cupos a la comunidades autónomas.

Y si hablamos de inmigración, el pacto que verdaderamente abraza una retórica xenófoba es el que alcanzó el PSOE con Junts para la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña.

Puede que el acuerdo con Vox resulte inconveniente desde el punto de vista político para Génova, en un momento en el que, además, Abascal está marcando su perfil más intransigente y euroescéptico. Aunque Feijóo lo haya avalado sin objeciones, parece evidente que compromete el discurso de la autonomía que el PP se afana por trasladar, y la verosimilitud de una alternativa de Gobierno en la que no dependa de la ultraderecha.

Pero lo que es indudable es que el acuerdo de Presupuestos es bueno para los valencianos. Porque gracias a la estabilización del resto de legislatura, el Govern va a disponer de un instrumento para poder llevar a cabo la reconstrucción tras la dana.

En un contexto de flagrante filibusterismo por parte del Gobierno central para dejar quemarse a Mazón, lo cierto es que no había una alternativa real al entendimiento con Vox. Y en ese sentido habla bien del PP que haya priorizado la dotación de una herramienta financiera para la reconstrucción de Valencia a las consideraciones orgánicas sobre el menoscabo reputacional que pueda entrañar esta solución.