Farkhad lleva cinco meses muerto por la Covid, pero la justicia todavía lo persigue en Alicante

Farkhad no ha podido cumplir una de sus últimas voluntades en vida: ser juzgado. Tal deseo no se debía a que este empresario jubilado hubiese perdido la cabeza, nada de eso, esa inquietud era la consecuencia de su hartazgo al arrastrar durante 22 largos años, el sambenito de estar encausado dentro de una instrucción judicial para la que nunca llegaba el día del juicio. "Mi cliente tenía interés en que se celebrase la vista oral para limpiar su nombre", confirma el letrado Javier Verdú. "Ahora el problema es que Farkhad falleció y casi cinco meses después de notificarle su defunción a la Audiencia Provincial de Elche, la Sala no emite el auto de extinción de la responsabilidad penal".

Farkhad murió el 4 de septiembre de 2021 por culpa del coronavirus. Su deceso se comunicó a la autoridad judicial el 9 de ese mismo mes, pero a pesar de ello, 149 días después de haber recibido sepultura, la Sala mantiene los cargos contra un difunto que yace en el cementerio y para el que sigue reclamando 26 años de cárcel y que pague 6 millones de euros. A buen seguro que este empresario no cumplirá ninguna de esas dos penas, puesto que falleció, no ya esperando, sino literalmente, reclamando ser juzgado por delitos societarios, contra la propiedad industrial, apropiación indebida, coacciones, administración desleal...

"Mi cliente estaba tan desesperado que presentó una denuncia para exigir la celebración de su juicio al servicio de inspección y al servicio de atención al ciudadano del Consejo General del Poder Judicial". No habla en vano el letrado: el pobre Farkhad Abassov se marchó al otro barrio terriblemente molesto con la Administración de Justicia porque las diligencias que le afectaban se retrotraen a un lejano 1999. "Pedí muchas veces que se señalara la vista para solicitar como cuestión previa la prescripción de los hechos porque la Fiscalía se iba a adherir parcialmente".

El origen del drama judicial de este magnate de Azerbaiyán que acabó en la ruina fue un cruce de querellas. Todas ellas se interpusieron después de que Farkhad y un empresario ruso pagasen 170 millones de las antiguas pesetas al dueño de un astillero, para hacerse cada uno con el control del 25% de dos sociedades dedicadas a la construcción, reparación, mantenimiento, alquiler y venta de embarcaciones. La operación incluía una concesión administrativa para explotar un hangar-taller en el puerto de Guardamar del Segura.

Aquella inversión fue una de las que Farkhad realizó tras instalarse junto a su familia, en una urbanización del municipio alicantino de Rojales, gracias a la fortuna que hizo como empresario petrolero en Azerbaiyán. Una vez asentado en suelo patrio invirtió en un restaurante, en el sector inmobiliario, y en las citadas sociedades dedicadas a los barcos de lujo. La operación fue un desastre con cruce de querellas porque en las mercantiles había préstamos hipotecarios pendientes; una deuda con proveedores de 214 millones; se debían los salarios a cincuenta empleados... 

La querella que el magnate azerbaiyano presentó contra el dueño del astillero, por apropiación indebida de 1,2 millones de euros, no llegó a ningún sitio: fue sobreseída. Por contra, el empresario del astillero vio prosperar sus cuatro denuncias y Farkhad acabó arruinado porque todo su patrimonio fue embargado durante un proceso judicial que se eternizó. Una de las claves para que la instrucción se demorase se debió a que las querellas se presentaron en distintos juzgados de Elche y Torrevieja en 1999, pero no se unificaron en un solo proceso judicial hasta 2002.

La instrucción se convirtió en una condena en vida para el magnate arruinado porque la Fiscalía y la acusación particular tardaron tres años en presentar sus escritos acusatorios (2005); después, pasaron otros tres años para que se emitiese el auto de apertura de juicio oral (2008); desde 2012 hasta 2018 no se practicó ni una sola diligencia; luego transcurrió una década para que la Audiencia Provincial de Elche se pronunciase sobre las pruebas admitidas a la vista oral (2018); y finalmente la guinda: la fecha del juicio se suspendió hasta en cuatro ocasiones.  

El prestigioso letrado murciano Javier Verdú. Badía

Queja al Poder Judicial

En julio de 2021, el empresario jubilado y su abogado contactaron con EL ESPAÑOL para denunciar públicamente el enorme retraso que sumaba la causa. Después de aquella entrevista, Farkhad presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "por deficiencias" en el funcionamiento de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche.

Desde la Unidad de Atención Ciudadana del CGPJ le respondieron esto: "Con relación a su escrito, le informamos que damos traslado de su queja al magistrado-juez del órgano afectado para su conocimiento y, en su caso, adopción de las medidas que procedan para subsanar las deficiencias que se detecten, en el ámbito de sus funciones. Asimismo, le comunicamos que procedemos al archivo de su escrito en esta unidad, dando por concluida nuestra intervención, sin perjuicio que si la medida o medidas adoptadas le afectasen directamente a usted, podrán ponérsele en su conocimiento". No sirvió de nada: la vista oral de Farkhad seguía sin fecha. 

Vacuna rusa Sputnik V

Ese mismo verano, este jubilado, de 78 años, que malvivía con una pensión de 560 euros porque seguía con todos sus bienes embargados por el proceso judicial de marras, se marchó de viaje a Rusia. Allí aprovechó para inocularse la vacuna rusa Sputnik V, sin embargo, a su regreso a Alicante tuvo que ser hospitalizado al dar positivo en coronavirus.

"Sospechamos de que pudo contagiarse en el vuelo de ida a Rusia, antes de ponerse la vacuna, y al regresar a España le tuvieron que ingresar en el Hospital Vinalopó", según explica su letrado, Javier Verdú. "Tenía patologías previas y contrajo una neumonía bilateral: estuvo más de cincuenta días en la UCI hasta que falleció". 

- ¿Cuál es el protocolo legal para que un difunto deje de estar encausado?

- Javier Verdú: Lo único que debe hacer la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, es liberar un oficio al Registro Civil para comprobar el fallecimiento de mi cliente en septiembre de 2021. Después, debe emitir un auto de extinción de su responsabilidad penal. Lo normal es que eso se haga en semanas y vamos para cinco meses, lo de este señor supera el término dilación indebida. Estando enterrado su estatus sigue siendo el de encausado, jamás me pasó algo así en mi carrera.

- Los retrasos de la Sección Séptima de la Audiencia ya han sido noticia en prensa escrita. El diario Información, en marzo de 2020, alertó de que emitía señalamientos para celebrar juicios a finales de 2023, por culpa del colapso que arrastraba desde hacía una década. ¿La situación de la Sala es la misma?

- Javier Verdú: Está sobrepasada de trabajo porque asumen los partidos judiciales de Elche, Orihuela y Torrevieja: hablamos de cientos de miles de habitantes. Esto es un problema de planta judicial y del Ministerio de Justicia, pero no tienen que pagarlo los justiciables porque para eso los ciudadanos pagan impuestos. Tienen que crear más secciones de la Audiencia Provincial de Alicante y en Murcia ocurre más de lo mismo.

Lo más curioso del asunto es que hasta la acusación particular ha notificado a la Audiencia el deceso de Farkhad Abbasov, a través de un escrito presentado en noviembre de 2021 donde insta a la Sala a celebrar la vista porque hay más encausados en el proceso. "En conclusión, la acción penal con respecto al señor Abbasov ha quedado extinguida con su fallecimiento, pero la acción y responsabilidad civil no quedan extinguidas con su muerte. Al existir mas partes imputadas el procedimiento continua".