Jesús María Ruiz de Arriaga (Okariz, Álava, 1960) siempre creyó en los milagros. No en los de cielos abiertos y coros de ángeles, sino en esos que nacen de la voluntad humana, de la osadía y la fe ciega en un proyecto. Antes que abogado fue fraile. Tomó votos de pobreza, castidad y obediencia en un seminario de Alba de Tormes, Salamanca, pero dejó el sacerdocio a los 20 años porque entendía que había algo más para él.
Con el tiempo, ese "algo más" resultó ser un bufete que sacudiría los cimientos del sector legal en España y sería el principal enemigo de las entidades bancarias: Arriaga Asociados. Tras ser uno de los afectados por la suspensión de pagos de Martinsa-Fadesa, en una urbanización de Nueno, un pequeño pueblo al norte de Huesca, Jesús María ideó un modelo tan revolucionario como controvertido: una abogacía masificada, estandarizada, con trabajo en cadena en la que cada pieza del engranaje estaba diseñada para maximizar la eficiencia.
Lo que luego se convertiría en un imperio jurídico empezó desde la intimidad de su propia casa. Su mujer, María Giuliana Mayuri Chumacera —a la que conoció siendo su profesor en una escuela de negocios de Zaragoza—, se convirtió en socia. Su hermano, en fiel colaborador. La cocina, en oficina. Ya entonces Jesús Mari, como le llaman sus cercanos, tenía una visión clara: convertir las demandas contra los abusos bancarios en un negocio rentable y accesible para todos, aunque por el camino dejó a miles de personas afectadas por sus servicios y sentencias en contra por el uso de cláusulas abusivas en sus contratos de servicios jurídicos.
Jesús María Ruiz de Arriaga durante una presentación de Arriaga Asociados.
El ascenso meteórico
En una espacio temporal de apenas cinco años, Arriaga Asociados alcanzó dimensiones que pocos bufetes tradicionales han conseguido. Inspirado por las cadenas de montaje fordistas, Jesús María organizó su bufete como una línea de producción: comerciales captaban clientes, administrativos procesaban documentos, abogados junior redactaban demandas, y un pequeño equipo de letrados expertos asistía a los juicios. No era un bufete al uso, sino más bien una especie de fast food legal —como lo definió el propio Arriaga en una entrevista en 2018— pero funcionaba.
En el año 2016, Arriaga Asociados era ya una máquina bien engrasada. Con 450 abogados en plantilla, 57 oficinas en toda España y una facturación que alcanzó los 51 millones de euros, Jesús María se consolidó como el exfraile que había democratizado el acceso a la justicia. Sus gastos en publicidad ascendieron a 10 millones anuales ese mismo año. Su colaboración con Iker Casillas —cliente, además— como imagen del bufete elevó su notoriedad a niveles insospechados.
Pero detrás de ese éxito se escondían los primeros signos del colapso. La mayoría de los ingresos provenían de un nicho específico: las reclamaciones contra entidades bancarias por cláusulas abusivas y productos financieros complejos. Este modelo no sólo dependía de los éxitos judiciales, sino también de la agilidad de los tribunales, que empezaban a saturarse. La forma de trabajo de Arriaga Asociados, además, consistía en un sistema de cobro a éxito: pactaban un porcentaje de las costas que recibía el cliente en caso de ganar la demanda.
Un cóctel molotov que hizo que, en 2018, Jesús María tomara una decisión arriesgada: recurrir al fondo de inversión Pemberton para financiar la expansión del bufete. Con un préstamo de 45 millones de euros, Arriaga Asociados buscaba diversificar sus servicios y fortalecer su infraestructura. Comenzaron a ofrecer servicios de divorcios, herencias, paternidad y otros tantos que engrosaron la lista. Sin embargo, la deuda pronto se convirtió en una carga insostenible.
Fuentes oficiales de la empresa, consultadas por EL ESPAÑOL para este reportaje, achacan responsabilidades a la "imposición" en los procesos de juzgados especializados, que, supuestamente, paralizaron y saturaron cientos de los casos que el bufete llevaba. "Pasamos de gestionar casos y cobrar en menos de un año a enfrentarnos a procesos que se alargan más de seis años", sostienen.
Jesús María Ruiz de Arriaga, en declaraciones a EL ESPAÑOL: "No considero que haya habido errores internos significativos en nuestra gestión".
En cualquier caso, en noviembre de 2024, el bufete ejecutó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a más de 150 empleados, reduciendo su plantilla en un 40%. A pesar de este recorte, que no era el primero, pues hubo otro años atrás, las tensiones financieras no cedieron. En enero de 2025, el juez de lo mercantil número 1 de Madrid rechazó el plan de reestructuración presentado por el despacho y declaró a Arriaga Asociados en concurso de acreedores. Con una deuda superior a los 32 millones de euros, el futuro del bufete quedó al borde del abismo.
Desde Arriaga Asociados afirman también que el fondo británico Pemberton ha retomado las negociaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo inminente sobre la devolución del crédito vencido, que asciende a unos 35 millones de euros. "En los próximos días las negociaciones continuarán para concretar los detalles del acuerdo, lo que permitirá, de forma inmediata, el levantamiento del concurso de acreedores voluntario", continúan.
Un 'McDonald's' legal
Arriaga Asociados es admirado y criticado a casi partes iguales. "Es el ejemplo de un mal éxito", afirma Rafael Mery, analista jurídico. Su modelo, comparado con el de un "McDonald's" legal, representa tanto la democratización de la justicia como los peligros de la industrialización legal. En poco más de una década, el bufete asegura haber ganado más de 30.000 casos y recuperado 700 millones de euros para sus clientes. Sin embargo, los críticos señalan que el taylorismo jurídico —procesos estandarizados, alta eficiencia y volumen, pero con poca atención personalizada— que impulsó su éxito también precipitó su caída.
Exempleados describen un ambiente laboral agotador, con jornadas cronometradas y pocas posibilidades de ascenso; algo, que es, sin embargo, también común en el resto de empresas del sector. Otros cuestionan la ética del despacho en la captación de clientes. En 2014, por ejemplo, se acusó al bufete de presentar demandas sin documentación completa para evitar que los afectados pactaran directamente con los bancos. Aunque estas prácticas no eran ilegales —la empresa las niega ante las preguntas de este medio: "Si esto fuera así no estaríamos ganando prácticamente el 98 % de los casos", dicen—, erosionaron la reputación de Jesús María entre sus pares.
"No considero que haya habido errores internos significativos en nuestra gestión"
Ruiz de Arriaga, en declaraciones a EL ESPAÑOL, insiste en que los problemas vienen del exterior y no de dentro de la empresa: "No considero que haya habido errores internos significativos en nuestra gestión", afirma. "En Arriaga Asociados siempre hemos intentado crear un ambiente de trabajo profesional y organizado, con horarios claros para todos los empleados. Sin embargo, somos conscientes de que las expectativas y percepciones pueden variar de una persona a otra", sentencia.
"Claro que el problema viene derivado por su nefasta dirección y gestión jurídica, procesal y comercial. Los directivos no han pisado la sala de un juzgado y los comerciales tienen mucha experiencia en vender otros productos como refrescos, pero no tienen ni idea del campo jurídico. Y no se puede vender un servicio jurídico como hacer tornillos", sostiene un abogado procesalista que perteneció durante cinco años a la empresa y formó parte del último ERE, hace apenas unos meses.
"Hay errores propios y ajenos, pero llenamos un hueco de gente que no se atrevía ni podía imaginar lo de ir contra los bancos", contrapone otro abogado penalista que trabajó durante siete años para la empresa. Precisamente en esta línea se dividen las opiniones. Hay quienes comparan a Arriaga Asociados con Axiom Law —la firma creada en Estados Unidos en los 2000 y que se ha erigido como un éxito empresarial y pionero en los servicios legales de bajo coste— y lloran la noticia. Otros, la celebran.
Imagen de archivo de la oficina de Arriaga Asociados en el centro comercial Islazul, Madrid.
"Me siento atrapado"
Sara Martínez, por ejemplo, contrató los servicios de Arriaga en 2019 para reclamar los gastos hipotecarios de su vivienda. Lo que siguió, según cuenta, fue un laberinto de silencio e incertidumbre. "Durante seis años estuvieron recurriendo sin informarme de nada. Nunca me advirtieron de los gastos que esto iba a suponer. Apenas me llamaron dos veces para preguntarme si el banco ya me había ingresado algo, y cuando les decía que no, seguían adelante sin explicarme nada más", explica.
Cuando finalmente recibió los 4.500 euros del banco, Arriaga le presentó una factura de 4.556 euros, sumada a otras de intereses y honorarios anticipados. Perdió más de lo que ganó. "Lo peor no es sólo el dinero, es la sensación de que te dejan en la oscuridad, de que no te escuchan", sentencia.
La historia de Agustí Amorós sigue un camino similar. En 2017, confió en el bufete para reclamar los gastos de constitución de su hipoteca. El banco le devolvió 900 euros, pero tuvo que pagar 500 euros a Arriaga, en lugar de los 200 acordados inicialmente. Más tarde, el banco pagó 4.500 euros en costas judiciales, y Arriaga reclamó ese monto completo. "Es increíble", dice Agustí. "Te dicen que vas a ganar 4.000 euros, pero en realidad ellos ganan 5.000 y tú te quedas con las migajas. ¿Qué justicia es esa?".
En una imagen de archivo, un cartel anuncia la llegada de Arriaga Asociados al Centro Comercial de Príncipe Pío. Jesús María e Iker Casillas lo protagonizan.
Ana Villa, por su parte, contrató a Arriaga en 2019 para demandar al banco por una cláusula suelo en su hipoteca. Ganó el caso, pero cuando el dinero llegó, también lo hizo una factura de 3.140 euros por "intereses legales". "Cuando firmé el contrato, pensaba que los intereses legales eran algo relacionado con la demanda, pero ahora veo que se referían a los intereses generados desde que firmé la hipoteca en 2009. Nunca me explicaron eso. Y lo que más me duele es pensar que, mientras ellos ganaban dinero, dejaron pasar cinco años sin acelerar el procedimiento".
Xulian Ferradás, que recurrió al despacho por un caso de tarjeta revolving, se encontró con una discrepancia aún mayor. "Según la hoja de encargo, me dijeron que me cobrarían el 20% de lo recuperado, pero cuando llegó la factura, me estaban cobrando el 55%. Y cuando reclamé, me dijeron que era porque no había entendido bien los intereses legales. ¿Cómo es posible que siempre sean los clientes los que no entienden?".
En otros casos, las cuentas fueron aún más altas. Un cliente que ha preferido mantenerse en el anonimato llevó a Arriaga hasta la Jura de Cuentas, pero el juez falló a favor del despacho. "Me tocó pagarles 3.292 euros. Son unos ladrones e impresentables, y lo más indignante es que el sistema judicial les permita esto. Me siento atrapado".
Las cláusulas 'engañosas'
En las hojas de encargo de Arriaga Asociados, las cláusulas aparecían como notas al pie de un contrato de confianza: pequeñas, técnicas, invisibles para la mirada apresurada de quienes, agobiados por las deudas o las injusticias bancarias, confiaban ciegamente en el despacho. Años después, esas mismas cláusulas se convertirían en las protagonistas de cientos de denuncias públicas. En ellas, según los mismos denunciantes, se escondían condiciones que permitían inflar costas, añadir cobros por "intereses legales" o retener porcentajes inesperados de las recuperaciones judiciales.
Un extremo que, consultados por este medio, Arriaga Asociados ha desmentido. "Nunca hemos inflado las costas procesales ni tenemos capacidad para hacerlo. Las costas que proponemos, por haber ganado el procedimiento, son revisadas por el contrario y por los juzgados. No se trata de una cuestión al alcance de Arriaga. Existe una estricta regulación en la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre los elementos que determinan la cuantificación de las costas procesales, a las que nos hemos sometido en todo momento", afirman.
Según exclientes, no es tan sencillo como negarlo: "Lo firman porque están desesperados, pero no entienden lo que firman", explica uno de los testimonios recogidos en la plataforma de afectados, que ya suma más de 2.300 personas. EL ESPAÑOL ha podido comprobar de diferentes afectados un mismo esquema. Primero, una promesa: "No pagará nada hasta ganar". Luego, una realidad: una cascada de facturas con conceptos que iban desde "gastos administrativos" hasta porcentajes adicionales sobre costas y recuperaciones.
El malestar no tardó en organizarse. En foros y redes sociales, las historias se multiplicaron como un eco. Testimonios de clientes que narraban cómo recibían llamadas constantes exigiendo pagos pendientes, correos electrónicos con amenazas de demandas si no cumplían con las condiciones, e incluso reclamaciones de porcentajes de costas judiciales que, según ellos, deberían haberles pertenecido. Uno de los afectados lo resume con una frase amarga: "Te prometen justicia, pero te dejan en la ruina".
La Audiencia Nacional recogió el guante de estas denuncias. En los últimos años, Arriaga Asociados ha sido objeto de investigaciones por presunta estafa y apropiación indebida. Varias sentencias han declarado nulas las cláusulas de sus contratos por falta de transparencia. A pesar de ello, el modelo siguió funcionando hasta que ahora las tensiones financieras y la presión judicial lo empujaron al concurso de acreedores. Pero para los afectados, la caída del bufete no es un alivio: es una señal de que las heridas que dejó son más profundas que cualquier fallo judicial.
Imagen de archivo de Arriaga junto a sus trabajadores e Iker Casillas.
Tras la buena fe
"Ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo", dice otro antiguo cliente. "Juegan con la desesperación de la gente, con las familias humildes que no tienen otra opción". En los tribunales, los abogados del bufete alegaban que todas las cláusulas estaban en los contratos, que nada se ocultaba. Pero los jueces, en múltiples ocasiones, han cuestionado la transparencia y la ética de esos documentos. En una de las sentencias más recientes, se describe el modelo como un "sistema diseñado para maximizar beneficios a expensas del cliente".
El 14 de mayo de 2019, en un juzgado de Santa María la Real de Nieva, Arriaga Asociados sufrió uno de sus golpes más duros. El demandante, un hombre de 87 años que había confiado en el bufete para recuperar sus ahorros invertidos en acciones de Bankia, consiguió lo que parecía imposible: demostrar que el gigante jurídico había abusado de su confianza.
En 2015, el cliente había firmado un contrato inicial que estipulaba honorarios claros y directos: un 10% de la cantidad recuperada y 650 euros para el procurador. Sin embargo, meses después, bajo la presión de una relación de confianza que hoy describe como "traicionada", firmó un nuevo contrato que lo despojaba de las costas procesales e intereses ganados en el juicio.
Extracto de la sentencia que declara nula una cláusula abusiva de Arriaga Asociados, destacando la retención indebida de 9.732,72 euros en costas e intereses, en un caso contra Bankia.
La sentencia, a la que ha podido acceder este medio, fue un golpe directo a la estrategia de Arriaga. La jueza declaró nula la cláusula "Tercera b)", que permitía al bufete quedarse con los intereses y las costas, y condenó a la empresa a devolver al cliente 9.732,72 euros más intereses. Pero lo que quedó expuesto iba más allá de una cifra. En sus argumentos, la jueza detalló cómo el cliente había sido manipulado, privado de información clara y colocado en una posición de desventaja que no le permitió comprender el alcance del nuevo acuerdo.
Pregunta.– ¿Qué mensaje desea transmitir a sus clientes y empleados actuales en este momento crítico?
Respuesta.– Arriaga Asociados continúa atendiendo a sus clientes sin interrupciones, asegurando el seguimiento constante de todos los casos en curso. Nuestro compromiso es firme: trabajamos incansablemente para garantizar que nuestros clientes recuperen las cantidades que les corresponden. Desde el primer momento anunciamos que esta situación se resolvería, y el reciente principio de acuerdo confirma nuestro compromiso. Sabemos que, como en toda gran empresa, hay clientes profundamente agradecidos y otros que, tras recuperar su dinero, subestiman el esfuerzo de un equipo especializado que trabaja con rigor para alcanzar resultados. También entendemos que, debido a la lentitud de la justicia, algunos puedan sentirse insatisfechos. A ellos les recordamos que contamos con un equipo profesional cualificado y de herramientas avanzadas para garantizar que, aunque el proceso sea lento debido al colapso judicial, sus casos logren un resultado favorable.
Al cierre de este artículo, diversos correos electrónicos siguen llegando con información de personas afectadas. Más de 2.300 personas han firmado ya una petición en Change.org para llevar el caso al Congreso de los Diputados. En ella, exigen que se revisen los contratos, que se indemnice a los afectados y que se garantice que prácticas como las de Arriaga Asociados no puedan repetirse. "No somos solo números, somos personas a las que prometieron justicia y nos dejaron peor de lo que estábamos", concluye uno de los testimonios consultados.
