Los juicios por la muerte de seis mineros en León, la trama eólica y el caso Esther López protagonizan el año de los tribunales de CyL

En un año marcado por la huelga de letrados y funcionarios, en el que el vallisoletano Vicente Guilarte asumió la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en el que los juzgados de la Comunidad acordaron 51 reducciones de pena en aplicación de la controvertida ley del ‘solo sí es sí’ a condenados por delitos sexuales, además de siete excarcelaciones, la crónica de tribunales de Castilla y León estuvo marcada por el macrojuicio contra la Hullera Vasco Leonesa tras la muerte de seis mineros a causa del grisú el 28 de octubre de 2013.

Las ocho semanas de vista oral, con largas y densas sesiones, discurrieron con el objetivo de determinar las responsabilidades sobre la última gran tragedia de la minería del carbón en la provincia leonesa, de la que también son víctimas -además de los lesionados supervivientes- los padres, hijos, parejas y amigos a los que ese fatídico día la pérdida de las vidas de sus seres queridos les cambió las suyas para siempre.

Rosas, velas, pedazos de carbón, un casco de minero y carteles con mensajes de petición de justicia y reparación o de reproche a algunas organizaciones sindicales acompañaron, desde el exterior, las jornadas de declaraciones y presentación de pruebas e informes, e incluso se llegó a hacer presentes a los muertos, con la colocación de un ataúd y cinco cuerpos cubiertos con sábanas a escasos metros del lugar por el que accedían a la sede judicial algunos de los acusados.

Pero ni las anécdotas, los momentos de tensión, las lágrimas, los testimonios emocionados, los intentos de descalificación, las disertaciones encendidas, las exposiciones técnicas, las opiniones, las pruebas y las argumentaciones sucedidas en sede judicial, ni la futura sentencia que de ellas se derive podrán remediar la pérdida de José Antonio Blanco, Juan Carlos Pérez, Roberto Álvarez, Orlando González, José Luis Arias y Manuel Moure, que aquel lunes aciago encontraron la muerte a casi 700 metros de profundidad.

Por otra parte, dos años después de su suspensión y una década desde que comenzó la instrucción, la excúpula de la Consejería de Economía de la Junta se volverá sentar, a partir del próximo mes febrero, en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Valladolid por el caso de 'La Perla Negra', en un juicio que está previsto que se prolongue hasta mayo.

Cabe recordar que en marzo de 2022, una vez iniciado el juicio, la Audiencia decidió su suspensión y devolver la caso al Juzgado de Instrucción 2 al considerar que no se había traslado completo de todas las actuaciones a la partes y con el fin de evitar que se vulnere el derecho de defensa de los acusados.

En la vista se juzgarán los delitos relacionados con la compra del Centro de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda y de los terrenos para el fallido polígono industrial de Portillo, ambos en Valladolid. En total son doce las personas imputadas, entre ellos los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández, y el exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán.

Las peticiones de cárcel oscilan entre los 79 años que en su conjunto solicita la Fiscalía para los doce imputados, los 221 interesados por el Partido Socialista de Castilla y León, como acusación popular, y los 20 años que globalmente pide la Junta, en calidad de acusación particular, para ocho de los encausados. En el caso de la Fiscalía, las penas más elevadas se solicitan para los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y el exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, a razón de once años de privación de libertad para cada uno de ellos. En su escrito, el Ministerio Fiscal imputa al primero de ellos un delito continuado de prevaricación, otro de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencia y un delito continuado de malversación de caudales, mientras que a los otros dos les considera autores de un delito continuado de revelación de secretos y de otro continuado de malversación.

Trama eólica

Además, el próximo año también podría arrancar en la Audiencia el juicio por la trama de las eólicas, después de que en abril el Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid diera por concluida la instrucción y elevara la causa a la Audiencia Provincial.

En un auto de febrero de 2021, este juzgado encausó a 17 personas por el caso, ante posibles delitos de prevaricación administrativa, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y pertenencia a organización criminal. Así, consideró que el exconsejero de Economía, el ya fallecido Tomás Villanueva, junto con Rafael Delegado, exviceconsejero de Economía, y Ricardo Bravo, responsable de Ibercyl, urdieron un plan para exigir a los promotores cuyos parques tenían visos de obtener la autorización, bien por el avanzado estado de la tramitación de sus expedientes, o bien por hallarse en zonas donde no había competencia con otros proyectos, a permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo la amenaza de no obtener la respectiva autorización.

Junto a Rafael Delgado, entre los encausados figuran Alberto Esgueva, exconsejero delegado de ADE Internacional-Excal, su hermano Francisco Esgueva, expresidente de Cementos La Bureba y consejero del Parque Empresarial de Portillo; Andrés Martín de Paz, exadministrador de Villardefrades Eólica; Germán Martín Giraldo, exadministrador de Urban Proyecta; los hermanos Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente Muñoz, del Grupo Collosa; Jesús Rodríguez Recio, fundador Tough Trade; Marc Nadelar, intermediario de Zarapicos Golf; Germán José Martín Giraldo, exadministrador de Urban Proyecta; César Hernández Chico; Carlos Galdón, exconsejero delegado de Glaxo en España; María del Mar Moreno, exesposa de Alberto Esgueva; Manuel Ordóñez, exdirector general de Minas; los hermanos Patricio y Miguel Ángel Llorente Muñoz (Collosa); Ricardo Bravo Sayas (Ibercyl), Rafael Icaza de la Sota (Ibercyl) y Pedro Barriuso Otaola (Ibercyl).

Meseta Ski

Meses después, el mismo juzgado de Valladolid emitió una diligencia por la que acuerda remitir a la Audiencia Provincial el caso conocido como ‘Meseta Ski’ una vez que los acusados el exvicepresidente de la Diputación de Valladolid y alcalde de Olmedo, Alfonso Centeno, y tres exdirectivos de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid( Sodeva): Pedro Pariente (exalcalde de Villaverde de Medina y exdiputado provincial), Luis Torroglosa (exjefe de Servicio de Urbanismo de la Diputación) y Valentín González (arquitecto de Sodeva), presentaran sus escritos de defensa.

El proyecto Meseta Ski, que comenzó con un presupuesto de cuatro millones de euros y superó al final los 12 millones de euros. En 2006 arrancaron las obras para instalar una pista de esquí seco en un monte quemado en 1999. Tras varios años paralizada por la Justicia, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional en 2014 la Ley que catalogaba el proyecto de Meseta Ski como un proyecto de Interés Regional.

Fuera de Valladolid, el Juzgado de Instrucción de Salamanca número dos archivó la causa por presunta financiación ilegal del PP salmantino durante las primarias autonómicas de 2017, mientras que la Audiencia de Zamora condenó al alcalde de Castroverde de Campos, Cecilio Lera, a cuatro años de cárcel por favorecer la prostitución a menores de edad, abuso sexual a menores, exhibicionismo y difusión de material pornográfico. Además, en la Audiencia Provincial de León quedó visto para sentencia el juicio contra el exprocurador del PP en las Cortes de Castilla y León y exconcejal de Ponferrada, Pedro Muñoz. Al finalizar la vista, tanto el ministerio Fiscal y acusaciones particulares mantuvieron sus peticiones de penas de entre 18 y 23 años de prisión por tentativa de asesinato, maltrato, amenazas, injurias, violencia familiar y habitual y lesiones y contra su exmujer, Raquel Díaz.

Caso Esther López

Por último, en diciembre volvía a declarar el único sospechoso de la muerte de Esther López, la joven de Traspinedo (Valladolid) desaparecida el 13 enero de 2022 y cuyo cadáver fue encontrado 23 días más tarde. Como ya ocurrió en el mes de abril, la jueza no decretó su ingreso en prisión, aunque en esta ocasión, y después de conocer el informe definitivo de la Guardia Civil, dictó medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de personarse todos los lunes en el cuartel de la Guardia Civil más cercano a su domicilio.