Imputados concejales del PSC y ERC por coaccionar a hoteleros para que echaran a la Policía Nacional

Tres tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Pineda de Mar (Barcelona), todos ellos del Partido Socialista de Cataluña, una concejal de ERC y el jefe de la Policía municipal van a ser investigados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Arenys de Mar por presionar a los dueños de dos hoteles de la localidad para que echaran a los agentes de la Policía Nacional desplazados a Cataluña debido a la celebración del referéndum ilegal del 1-O.

La titular del Juzgado ha admitido a trámite una querella presentada por la Fiscalía, que tras la expulsión de los agentes -en torno a 500- abrió unas diligencias preprocesales de las que se encargó el fiscal delegado para los delitos de odio.

La querella atribuye un presunto delito de coacciones a Carme Aragonés (PSC), Jordi Masnou (PSC), Silvia Biosca (PSC), Mónica Palacín (ERC) y Carles Santacreu, responsable de la Policía local de Pineda. A Biosca, además, se le imputa un delito de falsedad documental.

Los cinco serán citados a declarar en condición de investigados una vez que se realicen varias diligencias acordadas por la instructora, entre ellas la comparecencia como testigos de los hoteleros, señalada para dentro de tres meses. El Juzgado ha tardado otros tres en admitir a trámite la querella, que fue presentada el 18 de enero.

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, Aragonés, Masnou, Palacín y el jefe de la policía local se presentaron el 2 de octubre en uno de los dos establecimientos que alojaban a los policías nacionales, que pertenecen a los mismos dueños, para "conminar" a la dirección del hotel a expulsar a los agentes, "prevaliéndose de la autoridad que representaban". 

Ejerciendo sobre los hoteleros una "inadmisible presión", añade la Fiscalía, les coaccionaron diciéndoles que si no echaban a los agentes los establecimientos "iban a estar cerrado cinco años".

Ante el temor a ser objeto de represalias, el dueño del establecimiento redactó una carta en la que comunicaba que "debido a una reunión que hemos tenido con responsables del Ayuntamiento de Pineda de Mar nos vemos obligados, bajo amenaza de cerrarnos los hoteles durante cinco años, a desalojar el contingente de Policías Nacionales de los dos hoteles".

Cuando la carta trascendió y numerosos medios de comunicación se desplazaron a Pineda, Aragonés y Biosca intentaron "doblegar la voluntad" de los hoteleros para que firmaran un comunicado "mendaz" según el cual se había decidido "de mutuo acuerdo" adelantar la salida de los agentes con el fin de  "garantizar la convivencia en el municipio".

Dado que ello no era cierto, los hoteleros se negaron a firmar el comunicado, pese a lo cual los querellados lo distribuyeron a los medios, "con el consiguiente descrédito para la compañía hotelera ante posibles clientes de toda España, por la aparente imagen de trato discriminatorio transmitida y cometido por motivos de origen nacional de sus clientes, en este caso policías", señala la Fiscalía.