Añadan a la coctelera una suerte de “gobierno Frankestein 2.0”, notablemente más débil que su predecesor, donde los potenciales aliados de Pedro Sánchez están mucho más interesados en los beneficios que podrán sacar de la subasta en que se ha convertido la investidura del presidente del Gobierno, que por el interés general del país.

Sin transparencia, es imposible la rendición de cuentas y una evaluación de la eficiencia del gasto público informada. Cuando en febrero de este año se aprobó el Reglamento del Repower EU (de los que España recibirá 2.600 millones de euros gracias a la Adenda al plan de recuperación) se introdujo una modificación fundamental para mejorar la transparencia en la gestión de unos fondos, que suponen una enorme responsabilidad por lo extraordinario de la respuesta europea a la crisis de la Covid-19 y por el volumen de fondos movilizados a través de deuda mutualizada. Esa modificación, es la obligación de actualizar y publicar semestralmente una lista con los 100 principales beneficiarios finales del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Nadia Calviño, la ministra más sobrevalorada del Gobierno, no hubiera resistido un debate televisivo sobre economía y fondos europeos al perder la protección del turno parlamentario, sin los mensajes de su equipo de asesores y sin el escudo de su power point. La presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Mónica Holhmeier, visibilizó las grietas de la vicepresidenta sin perder la cordialidad obligada de la política europea. Todavía sigue esperando que el Gobierno español le remita la información sobre los beneficiarios finales y los fondos que realmente han llegado a la economía real.

La escasa transparencia del Gobierno queda patente cuando fuentes externas como la Comisión Europea, revelan a través de sus Staff Working Document que España únicamente gastó en 2021 y 2022 la cifra de 7.600 millones de euros, el 10% de las ayudas no reembolsables concedidas. ¿La deliberada falta de transparencia del gobierno se debe a la ineficiente ejecución presupuestaria?

Sin transparencia, es imposible la rendición de cuentas y una evaluación de la eficiencia del gasto público informada

Además de retrasar el envío de la solicitud del cuarto desembolso sin explicar por qué, ¿cuándo va a hacer público el gobierno los 70 hitos del plan original que ha solicitado modificar con la Adenda? El plazo del que dispondrá la Comisión Europea para evaluar la Adenda al plan español se ha prorrogado hasta el 6 de septiembre, ampliando la posibilidad de que sufra variaciones relevantes. La absoluta opacidad y unilateralidad con la que opera el Gobierno ha alcanzado su punto álgido con la carrera electoral.

IGAE

La Intervención General de la Administración del Estado, una de las pocas fuentes fiables de datos, ha publicado el estado de ejecución a junio de 2023. De los 35.745 millones de euros de créditos totales correspondientes al Mecanismo de Recuperación para este año, tan sólo se han liberado pagos por 3.738 millones de euros, un 10,56% del presupuesto. Por ministerios, sólo siete presentan un porcentaje de pagos realizados superior a la media, con grandes ministerios inversores como Asuntos Económicos (otra vez Calviño), Transición Ecológica o Transportes y Agenda Urbana, presentando cifras raquíticas.

Al retraso en la ejecución de inversiones en 2021 y 2022, hay que añadir la ralentización en las licitaciones y convocatorias observada en la primera mitad de 2023, justo cuando los desembolsos empezarán a depender de hitos cuantitativos.

Para que los lectores se hagan una idea del tamaño desafío que afrontamos como país, antes de final de año debemos alcanzar, entre otros, el objetivo de 238.000 vehículos eléctricos y puntos de recarga, 231.000 actuaciones de rehabilitación en 160.000 viviendas únicas que logren una reducción de un 30% en la demanda de energía primaria, 60 préstamos participativos para financiar proyectos viables e innovadores en empresas agroalimentarias, 4.000 personas desempleadas en zonas de transición justa beneficiadas de la asistencia personal en la búsqueda de empleo y reciclaje profesional, la adjudicación de 960 millones de proyectos de transformación digital de la Administración Pública, 6.900 emprendedores o pymes en el programa de formación del ecosistema emprendedor alcanzado los 12.000 usuarios beneficiados, 11.000 empresas que hayan completado el Programa de capacidades para el crecimiento de pymes, 800.000 empresas beneficiadas por el Kit Digital… y así un largo etcétera.

A esto hay que añadir una cuestión de importancia radical. El cambio en los gobiernos autonómicos y la mayoría de gobiernos regionales del Partido Popular, dos impactos muy relevantes. El primero, las CCAA van a presionar al Gobierno para ejercer una cogobernanza real. La Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, que no reúne la ministra de Hacienda desde hace dos años por la contestación y protestas que recibe de las CCAA, tendrá que reunirse de nuevo y no será un camino de rosas, cuando hay que repartir el bloque de préstamos y ayudas de la Adenda.

La segunda, el Gobierno no va a poder pasar el rodillo, como hasta ahora, en las Conferencias Sectoriales dependientes de los ministerios, donde se reparten los fondos a las autonomías para realizar las inversiones con los condicionantes que hasta ahora imponía el gobierno. Las CCAA del Partido Popular van a tener mayoría en votaciones y capacidad para rechazar acuerdos en las conferencias sectoriales, obligando al ejecutivo a negociar los repartos y las finalidades financiables.

España se encuentra en un cruce de caminos crítico. La falta de claridad en la gestión de los fondos europeos, sumada a la inminente presión de las autonomías dominadas por el Partido Popular y los pagos que los independentistas exigirán a Sánchez, dibuja un escenario complejo para el Next Generation EU.

El país necesita un Gobierno que lo administre con eficiencia y transparencia y el factor tiempo es esencial. España no puede permitirse el lujo de quedar atrapada en conflictos partidistas mientras su futuro pende de un hilo, con un ejecutivo carente de una visión de futuro compartida que garantice que España aproveche al máximo esta oportunidad sin precedentes.

*** Santiago Sánchez es conomista