En aquel punto de inflexión histórica, el que se concretó a inicios de la década de los noventa tras la caída en la Unión Soviética y la simultánea incorporación de 2000 millones de personas a la oferta mundial de mano de obra, los niveles de vida de quienes dependiesen de un oficio no muy cualificado en los países ricos únicamente podrían empeorar.

Conscientes de ello, los gobiernos trataron de compensar el efecto depresivo sobre las rentas salariales del nuevo escenario internacional por medio de dos vías complementarias. Por un lado, facilitando al máximo el acceso generalizado al crédito a fin de mantener e incrementar los niveles de consumo popular en contextos de atonía retributiva.

Y adoptando, por otro, continuas reducciones de los impuestos directos, centrándose con particular intensidad en los que gravan los rendimientos del trabajo, todo ello con el objetivo de apuntalar la renta disponible de los consumidores pese a la declinante tendencia de sus ingresos monetarios.

Así las cosas, ya solo iba a ser una cuestión de tiempo que aquel genuino pacto fáustico acabase tal como acabó en 2008, a saber: con deudas pública desbordadas en casi todos los países centrales, desajuste general originado por esas reducciones de ingresos fiscales que convirtieron en cada vez más deficitarias las cuentas estatales, primero; y segundo y simultáneo, con una gran deuda privada en los mismos países centrales, el fruto inexorable de la alegre y temeraria laxitud de las estrategias universalizadas de crédito al consumo.

El objetivo de apuntalar la renta disponible de los consumidores pese a la declinante tendencia de sus ingresos monetarios

Lo que vendría acto seguido, el dogma germánico de la “austeridad” y el consiguiente agravamiento añadido de la crisis que provocó su aplicación en los países más débiles de la Unión Europea, resulta de sobra conocido. Si bien, tras todo aquel dolor innecesario provocado por la ortodoxia de Bruselas, la Gran Recesión llegaría a su punto final. Pero no así la parálisis permanente de los salarios, que se mantuvo impertérrita pese al cambio radical del entorno macroeconómico.

Y no sólo aquí, insisto, sino en todos los rincones de Occidente. En España, sin ir más lejos, la circunstancia presente, esa tan óptima de estar soportando uno de los niveles de inflación más leves dentro del conjunto de los países de nuestro entorno, se ha traducido, y contra cualquier lógica aparente, en una contracción significativa del poder adquisitivo de los empleados en su conjunto.

Hablamos, por más señas, de la mayor mutilación del poder de compra de los sueldos en la eurozona hasta el primer semestre de 2022 (un -7,3% interanual). Fiesta del empleo y funeral de los salarios. Un fenómeno en apariencia absurdo, pero solo en apariencia.

De hecho, su explicación se antoja simple cuando se repara en que el grueso del nuevo empleo generado por una estructura productiva como la nuestra, cada vez más terciarizada y orientada a los servicios de bajo valor añadido, se retribuye con salarios inferiores a los que cobran las plantillas preexistentes. He ahí la nada misteriosa razón de que, aquí y ahora, los promedios retributivos bajen justo cuando el empleo aumenta con fuerza.

En Francia, las estadísticas oficiales identifican una variante algo más encubierta y sofisticada del mismo fenómeno de fondo. En el país vecino, y también contra lo que el más elemental sentido común económico invitaría a prever, un muy débil crecimiento de la actividad coexiste con un notable crecimiento del empleo.

Fiesta del empleo y funeral de los salarios. Un fenómeno en apariencia absurdo, pero solo en apariencia

De hecho, desde el último trimestre de 2019, el empleo privado francés ha crecido 4,7 veces más que el PIB de Francia. He aquí, tan lógica como absurda, la conclusión necesaria que se desprende de ese dato: las empresas francesas, por lo visto, necesitan emplear ahora a muchos más trabajadores que antes para ser capaces de producir la misma cantidad de bienes y servicios que antes.

Al punto de que, desde el último trimestre de 2019 hasta hoy, la producción del sector industrial privado francés ha crecido en un modesto 2,9%, casi la mitad que el porcentaje de nuevos empleos generados por esas mismas industrias. Cuantos más trabajadores nuevos en plantilla, menor nivel de producción. Por supuesto, eso no tiene ningún sentido, pero es lo que se desprende de las cifras que contienen las estadísticas.

¿Cómo explicarlo, pues? Bueno, al igual que en el caso español, tampoco resulta un misterio inextricable. Bien al contrario, allí ocurre algo tan sencillo como que el Estado subvenciona la creación de empleos privados ficticios -empleos cuyos ocupantes no contribuyen en nada o casi nada al incremento del valor del output producido-, poniendo especial énfasis en los contratos de aprendizaje asociados a la parte más baja de la escala salarial.

Subsidios apenas encubiertos a desempleados jóvenes por la vía de patrocinar falsos empleos privados que, en realidad, no hacen falta a las empresas. Por su parte, las empresas se prestan al juego como pago a las ayudas directas que reciben por otros canales. Y un resultado final similar al español: la caída de las retribuciones promedio de los trabajadores franceses por el efecto en el cálculo agregado de los bajos sueldos asociados a esos nuevos empleos ilusorios. Mas no se piense que asistimos en Occidente a un fenómeno episódico, algo coyuntural.

Lo que estamos viviendo, por el contrario, no es más que el desmoronamiento definitivo del sistema de distribución de la renta que rigió en el siglo XX a partir de las décadas posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial. El propio de aquel viejo paisaje de las cadenas de montaje fordistas que un día, y sin avisar, decidió emigrar a China.

*** José García Domínguez es economista.