De este metalenguaje surge la expresión "concierto económico solidario" de la que nos ocupamos en la tribuna de ayer. Llamar "concierto económico" a lo que en realidad es el traspaso de la facultad de recaudar los impuestos hasta ahora parcialmente cedidos es, cuanto menos, engañoso.

El término "concierto económico" es mucho más que gestionar el 100% de la recaudación de los impuestos devengados por los residentes fiscales en un territorio y un momento concreto del tiempo sin determinar el cálculo de la contribución neta a las arcas del conjunto de la nación.

Es otra cosa muy distinta. Es un régimen de corresponsabilidad fiscal entre ingresos y gastos donde la administración regional y la estatal (la primera emana de la segunda) colaboran para ejecutar los gastos e inversiones que el Estado efectúa en el territorio. 

También colaboran en el intercambio de información necesaria para el buen fin de la política presupuestaria. Hay una responsabilidad compartida, un compromiso recíproco, cosa que no sucede en el documento ERC-PSC donde todas las obligaciones recaen en el Estado.

Por tanto, lo que se ofrece es un "pacto fiscal" de naturaleza bilateral entre dos administraciones que se reconocen independientes. Pero para intentar suavizar un planteamiento tan radical como éste, los firmantes han añadido el término "solidario" para añadir más confusión si cabe.

A fecha de liquidación del sistema de financiación autonómica de 2021, las cuentas elaboradas por Fedea apuntan a una contribución neta de Cataluña de 2.168 millones de euros ajustados por habitante, competencias y esfuerzo fiscal.

Lo que se ofrece es un "pacto fiscal" de naturaleza bilateral entre dos administraciones que se reconocen independientes

¿Esta cifra es "solidaria" o "insolidaria"? ¿A partir de qué cifra se puede considerar que hay "solidaridad"? Cuando en Economía se introducen epítetos, el debate técnico transmuta en un debate emocional e irracional, el cual corre un serio riesgo de eternizarse en el tiempo y servir como "moneda de cambio" recurrente de negociaciones políticas de gobiernos en minoría parlamentaria.

Otro elemento capital que define la diferencia entre un "concierto económico" y un "pacto fiscal" es la pretensión incluida en el acuerdo de tener capacidad legislativa plena sobre todos los impuestos existentes con una autonomía total.

Ni siquiera en los regímenes forales vascos y navarro se ha llegado a tal extremo, porque cuando los gobernantes han intentado propasarse de la línea del principio de igualdad y no discriminación aprobando normativas lesivas para el conjunto del país, casi siempre ha estado la Justicia (sobre todo la europea) para impedirlo.

Este acuerdo incluso quiere ir más allá condicionando su aportación al conjunto del Estado a que las comunidades autónomas (CCAA) establezcan un nivel de esfuerzo fiscal equivalente al que se fije en Cataluña (apartado B, página 6 del Acuerdo).

Los firmantes saben que esto no se podrá llevar a término porque hay impuestos sobre los que la regulación europea es muy estricta como, por ejemplo, el IVA o el impuesto de Sociedades.

Conscientes de esta gran limitación y de algunas otras más corrientes como la convocatoria de nuevas plazas de funcionarios de la Agència Tributaria de Catalunya o la preparación de los sistemas informáticos para las labores de inspección, el texto hace un ejercicio de cherry picking eligiendo el IRPF como la primera figura tributaria 100% regulada y recaudada por la Generalitat para 2026.

Se trata del impuesto más fácil porque ya hoy tiene competencias sobre el 50% (como el resto de las CCAA) y es el que más recauda cada año. Con esta táctica, los firmantes "compran tiempo" para ver hasta dónde y cuánto pueden avanzar hacia este pacto fiscal.

En el texto del acuerdo vuelven a utilizar metalenguaje cuando hablan de que "asumir estas competencias requerirá el traspaso de medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos".

Asumir estas competencias requerirá el traspaso de medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos

Dicho de una manera comprensible: trocear la AEAT para que sus funcionarios y medios se queden en Cataluña, dejando de ser funcionarios del Estado. No hay más que acudir a la hemeroteca para ver el rechazo frontal del Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado a una medida de estas características.

Por último, otro elemento fundamental es la ejecución de las inversiones del Estado en Cataluña. Tal como señalábamos anteriormente, la responsabilidad recae totalmente en el Estado, mientras que la Administración catalana pide sentarse en una comisión bilateral para presionar cuando sea necesario tanto en el ritmo como en el volumen de inversiones.

Para determinar el estado actual de la ejecución de inversiones, se presenta una dificultad relevante. Los últimos datos disponibles de ejecución presupuestaria de las inversiones territorializadas son del primer semestre de 2022, no contando con datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) más recientes debido a que la publicación que los contiene ha causado baja en el Plan Estadístico Nacional. 

En cambio, sí sabemos -por los Presupuestos Generales del Estado prorrogados de 2023- que Cataluña tiene asignadas inversiones del Estado entre 2022 y 2026 por importe de 5.520 millones de euros.

La responsabilidad recae totalmente en el Estado, mientras que la Administración catalana pide sentarse en una comisión bilateral para presionar cuando sea necesario

Los últimos datos de ejecución a 30 de junio de 2022 apuntan signo mixto. En las inversiones de las entidades del sector público empresarial (Adif, Renfe, Puertos del Estado o el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, entre otras) sólo se han ejecutado el 13% de las previstas frente al 21% de la media nacional. 

En el caso de las inversiones de la Administración General del Estado la ejecución en Cataluña es del 456,1% frente al 33,6% de la media nacional (1.152 millones en Cataluña frente a 252 millones presupuestados inicialmente).

Sorprende que ERC haya tomado como bandera la falta de ejecución de las inversiones del Estado en Cataluña cuando es el principal opositor a la mayor parte de ellas con todo tipo de excusas.

Es inaceptable que el independentismo de izquierdas diga que el Estado español es el responsable de que no se invierta en Cataluña cuando es su gobierno autonómico el que ha impedido la mayor inversión del sector público en el territorio como es la ampliación del aeropuerto de El Prat.

No contentos con paralizar más de 1.700 millones de euros en la inversión más importante de conexión de Barcelona con el mundo, el grupo de poder de ERC ha puesto encima de la mesa dos instrumentos que paralizan cualquier inversión importante del Estado en la comunidad autónoma. 

La primera, la creación de una súper-agencia pública que concentrará más poder que el propio Govern de la Generalitat al ostentar la capacidad de dar luz verde a cualquier proyecto de infraestructuras, urbanismo, agroalimentación o de energía sobre la base del medioambiente (denominada Agència de la Natura).

La segunda, la ampliación por decreto de consejo de gobierno de la zona protegida medioambiental del delta del Llobregat bajo la figura más restrictiva que existe que es la Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA). Ambas decisiones van radicalmente en contra de cualquier inversión pública que fomente el desarrollo económico.

En suma, hemos vuelto 12 años atrás con la propuesta de pacto fiscal que el entonces presidente de la Generalitat Artur Mas llevó al también entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Por mucho que el lenguaje intente construir un relato que pueda resultar aceptable para la ciudadanía que apuesta por el actual Gobierno, debemos exigir que se nos diga la verdad y que se hagan los estudios y dictámenes necesarios para poner números a lo que es, en toda regla, la construcción de un Estado confederal.

Hoy, tenemos más dudas que certezas. Y eso no es bueno para fomentar la productividad y el crecimiento potencial de la economía española que parece preocuparle tanto al Gobierno.