Si ninguna mano negra altera el borrador del informe de la misión enviada a España, Sánchez va a encontrarse con que el Parlamento Europeo le pida que acometa un bandazo radical en su política sobre los presos y las víctimas de ETA.
No se trata de un mandato que establezca condiciones para la entrega de los fondos europeos, como las que en la práctica viene poniendo la Comisión respecto a la reforma laboral o las pensiones. Pero en cambio supondrá una referencia moral, la de la conciencia de Europa, que contribuirá decisivamente a medir el papel histórico de Sánchez cuando toque hacer balance de su paso por el poder.
Tal y como viene detallando Alberto D. Prieto en EL ESPAÑOL la misión, integrada por un representante de cada uno de los cuatro principales grupos de la cámara de Estrasburgo, descubrió con consternación, tras reunirse en noviembre con todo tipo de autoridades e instancias, que casi la mitad de los asesinatos de ETA —el 44%— siguen sin haber sido resueltos. Y que eso significa que casi 400 familias sufren desde hace décadas en silencio "sumergidas en una consolidada situación de impunidad".
De ahí que el punto de partida de sus recomendaciones al Gobierno y demás autoridades españolas no pueda ser más elocuente: "Tenemos la obligación colectiva de buscar la verdad detrás de cada uno de esos atentados sin resolver. No sólo para que se haga justicia, sino también para honrar la memoria de las víctimas, de modo que sus familias puedan encontrar la paz".
Merece la pena detenerse en algunas de esas recomendaciones:
-Penalizar homenajes como los ongi etorris y cualquier otra humillación a las víctimas.
-Impulsar la investigación de los casos no resueltos por parte de la Fiscalía sin considerarlos prescritos.
-Realizar llamamientos a la cooperación a cualquier persona que tenga información sobre esos crímenes protegiendo la confidencialidad de la denuncia y el anonimato del denunciante.
-Considerar los asesinatos de ETA como "crímenes contra la Humanidad" de naturaleza imprescriptible.
-Perseguir a los dirigentes históricos de ETA como instigadores de los atentados cometidos durante el tiempo que estuvieron al frente de la banda.
-O —mucha atención a la literalidad de este punto— "garantizar que los beneficios penitenciarios de los condenados por terrorismo estén vinculados a la cooperación en la resolución de los atentados de los que tengan conocimiento como muestra adicional de la autenticidad de su arrepentimiento".
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Un ejemplo de la aplicación correcta de este principio sería el caso de mi excompañero de colegio Soares Gamboa que, como miembro del comando Madrid, participó en numerosos atentados durante uno de los periodos más sanguinarios, pero luego contribuyó decisivamente a su esclarecimiento, colaborando con la Policía y testificando contra sus excompañeros. Fue significativo que, sin ninguna necesidad de hacerlo, se pusiera en contacto conmigo a mediados de los 90 —como explico en Palabra de Director— para contarme con todo lujo de detalles cómo habían intentado asesinarme una década antes.
En el extremo opuesto de la casuística se encuentran los actuales falsos arrepentidos que rellenan formularios tipo con expresiones ambiguas para conseguir traslados, progresiones de grado y excarcelaciones que las actuales autoridades penitenciarias se muestran ansiosas por concederles. No es el encarcelado el que regatea para obtener el máximo beneficio de su contrición y cooperación, sino el carcelero quien facilita la operación, abriendo gratuitamente puerta tras puerta, ofreciendo casi todo a cambio de casi nada.
No es el encarcelado el que regatea para obtener el máximo beneficio de su contrición y cooperación, sino el carcelero quien facilita la operación
Así ha quedado acreditado este mismo viernes en una sentencia de la Audiencia Nacional por la que se revoca la concesión de un tercer grado a un etarra multirreincidente por considerar que la carta estándar en la que expresaba "su deseo de atenuar el dolor de las víctimas" era una demanda de perdón "genérica y superficial". Yo añadiría que también es probablemente cínica.
Esta sentencia adquiere todo su sentido en el contexto de la divulgación del llamado informe Kubat elaborado por la Guardia Civil, durante la investigación que desembocó hace dos años en la detención de cuatro organizadores de esos siniestros ongi etorris en los que se ha jaleado a los más repugnantes asesinos.
De las escuchas telefónicas realizadas durante esa investigación se deduce —nada más y nada menos— que la Secretaría General de Prisiones, liderada por Ángel Luis Ortiz, estrecho colaborador y amigo personal del ministro Marlaska, ha venido ejerciendo como una especie de gestoría de acercamientos, permisos y excarcelaciones al servicio de la trama de apoyo a los presos de ETA.
La transcripción de algunas de esas conversaciones entre los intermediarios escandaliza al común de los mortales, pero lleva al estremecimiento a quien conoce el código de referencias de la banda. Así cuando se dice que, mediante ardides y componendas como el abracadabra discrecional del artículo 100.2 del Codigo Penal, se va a trasladar de cárcel a un recluso de 73 años para que "luego le den permiso para irse a casa echando leches a disfrutar un poco de la vida", todo adquiere un sentido especialmente macabro al tratarse de José María Arregi alias 'Fiti'.
Porque, en efecto, 'Fiti' —apócope de Fittipaldi— adquirió ese apodo por la destreza con la que escapaba "echando leches", a la velocidad del legendario campeón brasileño, del cerco, acoso o persecución policial cuando cometía, planificaba u ordenaba los atentados, como jefe del aparato logístico de ETA. Lo dramático es que entre las víctimas de esos atentados que dejaron para siempre de "disfrutar un poco de la vida" figuran los compradores de Hipercor o las niñas de la Casa Cuartel de Zaragoza.
El recuerdo de sus ataúdes blancos resulta ineludible ante ese otro mensaje en el que se planea el acercamiento a cárceles próximas al País Vasco de dos etarras porque "tienen criaturas fuera y el camino es largo y penoso". A lo mejor no tan "largo" pero infinitamente más "penoso" es el viaje ritual al cementerio de aquellos a quienes los camaradas en burricie y fanatismo de las aludidas arrebataron para siempre a sus hijos, padres o hermanos.
El argumento me retrotrae a la excarcelación de aquella dirigente etarra, Elena Beloki, para que pudiera someterse a un tratamiento de fertilidad "en las condiciones psicológicas adecuadas", tras cumplir sólo uno de sus trece años de condena. Era como si los jueces que permitieron tal oprobio pretendieran ayudar a sustituir a esos niños muertos, o a los que nunca nacieron por el asesinato de quienes hubieran sido sus padres, convirtiendo en manantial de vida a quien tanto había contribuido a extinguirla.
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Lo que el borrador del informe de la misión del Parlamento Europeo viene a recordarnos es que la España contemporánea —no la de las guerras civiles de nuestros antepasados cada vez más lejanos— ha vivido una tragedia descomunal en la que hubo infames verdugos y por lo tanto desdichadas víctimas. Y que mitigar esa acumulación de horrores requiere de una política integral e incandescente basada en la justicia, la dignidad y la memoria debidas a los mártires de nuestra democracia.
Por eso el foco no hay que ponerlo en Ángel Luis Ortiz, ese alumbrado director general de Prisiones que considerando nuestro sistema carcelario "tremendamente duro" y teniendo como objetivo "incrementar el número de terceros grados", igual concede pluses de productividad a los funcionarios que excarcelan a pequeños delincuentes que revoca los criterios de una Junta de Tratamiento en favor de un depredador sexual como el asesino de Lardero o permite que una ex líder de Herri Batasuna o un candidato de Bildu firmen informes psicológicos que han servido para acercar a etarras.
Lo que el borrador del informe de la misión del Parlamento Europeo viene a recordarnos es que España ha vivido una tragedia en la que hubo infames verdugos y por lo tanto desdichadas víctimas
Ni tampoco merece la pena fijarse demasiado en Fernando Grande Marlaska, ese acomodaticio ministro del Interior que de sobra sabe por qué y para qué ha sido nombrado y una y otra vez cumple con su cometido satisfaciendo a Bildu con los acercamientos y excarcelaciones, a Esquerra Republicana con el bloqueo de las investigaciones sobre los CDR, a los podemitas más radicales con el falso informe minimizando las agresiones a Ciudadanos en el Orgullo y al propio PSOE cesando a Pérez de los Cobos por no vulnerar el secreto del sumario abierto sobre el 8-M.
No, el único que realmente debe ser interpelado como principal responsable, como dirigente político y como ser humano es el presidente del Gobierno. La oposición retrata a Sánchez como un ambicioso sin escrúpulos y hasta sus más estrechos colaboradores resaltan su sangre fría. Recientemente hemos sabido, sin embargo, que las denuncias de abusos a menores en colegios religiosos han tocado su fibra sensible, llevándole a impulsar una investigación exhaustiva coordinada por el Defensor del Pueblo.
Tal vez por eso hay medios gubernamentales que han convertido la búsqueda y denuncia de estos casos repulsivos en su gran prioridad informativa, remontando las pesquisas hasta hechos ocurridos medio siglo atrás y habilitando buzones de denuncia para que ni una sola mala experiencia quede en el olvido.
Se trata de una de las lacras que todos los países desarrollados tienen que aflorar y extirpar y la Iglesia Católica nunca volverá a ser valorada de la misma manera si no es capaz de tomar la iniciativa e implantar un régimen de tolerancia cero hacia los tocamientos libidinosos o el propio acoso a los menores.
Pero espero que nadie ponga en duda que los tiros en la nuca, los coches bomba o los enterramientos en vida ocupan otro lugar en el orden moral tanto por sus consecuencias irreversibles como por la intensidad y vileza de la violencia aplicada.
La penúltima de las recomendaciones del borrador del informe de la misión del Parlamento Europeo propone que "en los casos que no puedan ser resueltos mediante un procedimiento penal, deben impulsarse acciones encaminadas a la búsqueda de la verdad, el recuerdo y la paz". ¿Sería mucho pedir que, una vez que se ha mostrado receptivo a los aldabonazos del dolor ajeno, el presidente Sánchez se leyera este texto consensuado y de resultas de ello, a la par que se investigan los abusos sexuales dentro de la Iglesia, impulsara también una Comisión de la Verdad sobre los al menos 379 asesinatos hasta hoy impunes de ETA?
