A pesar de que Pedro Sánchez le ha asegurado a Yolanda Díaz que el incremento del gasto militar no irá en detrimento del gasto social, no ha conseguido vencer las reticencias de Sumar hacia un aumento que considera "no garantiza una mayor autonomía estratégica, ni mayores cuotas de seguridad compartida".

La reunión de este martes (un encuentro entre el presidente y la vicepresidenta con una excéntrica escenografía de cumbre bilateral) ha concluido con el único acuerdo de "seguir desarrollando una propuesta conjunta en las próximas semanas".

Sánchez espera que su socio minoritario, en pos de la continuidad del Gobierno de coalición, se acabe tragando el sapo del aumento de la inversión en Defensa, al igual que en otras ocasiones en las que Sumar ha manifestado su discrepancia con decisiones que ha acabado adoptando igualmente el Consejo de Ministros.

Pero lo cierto es que al presidente no parece perturbarle la posibilidad de que Sumar no acabe enmendando su postura. Sánchez, fiel a su metodología de ignorar los escollos que se interponen en su hoja de ruta, está dispuesto a aumentar el gasto militar de todos modos.

Para su compromiso con la UE y la OTAN de llegar antes de 2029 a una inversión del 2% del PIB en Defensa tampoco se antoja un impedimento el rechazo de los partidos del bloque de investidura. Y ni siquiera se muestra impelido a consensuar su política exterior con el principal partido de España, a pesar de que hay pocas materias que requieran más de un pacto de Estado que esta.

La prueba es que la ronda de reuniones del presidente con los dirigentes de las distintas fuerzas, que comienza mañana con el encuentro con Feijóo, tendrá una naturaleza puramente informativa.

Es decir, que no está en la intención de Sánchez "pedir apoyo ni pactos" para unificar la posición española en la cuestión de la seguridad europea. Ni siquiera al líder de la oposición, al que se ha concedido apenas diez minutos más de reunión que al resto de partidos minoritarios.

Para ahorrarse el certificar su incapacidad de reunir una mayoría parlamentaria (una situación a la que se ha condenado él mismo por su veto al entendimiento con el PP), Sánchez optará una vez más por fórmulas que le permitan sortear el trámite del beneplácito del Congreso.

Por un lado, intentar negociar en Bruselas que el aumento del gasto militar se financie mediante transferencias mancomunadas a fondo perdido, lo que permitiría no engordar la deuda de España. Aunque Ursula von der Leyen ha repetido este martes que "la mayor parte" de la inversión programada por el plan de rearme europeo deberá salir de los presupuestos nacionales de los Estados miembros.

Por otro lado, recurrir al ardid de cambiar la nomenclatura de otras partidas presupuestarias de Defensa diseminadas, para que cuenten como "inversión en seguridad".

Y, fundamentalmente, financiar el incremento del gasto militar con instrumentos como las ampliaciones de crédito, que pueden ser aprobadas directamente por el Consejo de Ministros. Y, de esta forma, seguir incumpliendo la obligación constitucional de presentar al Congreso de los Diputados unos Presupuestos.

El Gobierno continúa así exhibiendo su desdén por la función normativa y supervisora que tienen atribuidas las Cámaras legislativas en cualquier democracia parlamentaria. Por mucho que el Ejecutivo trate de habituarnos a ello en el marco de su deriva autocrática, es una anomalía que el presidente haya normalizado gobernar al margen del Parlamento.

Se comprueba de este modo que cuando el pasado septiembre Sánchez aseveró estar dispuesto a gobernar "tres años" más "con o sin el concurso del Poder Legislativo", no fue un desliz, sino que iba en serio.

Aunque se quedó corto. De su determinación por ignorar los reparos de la cuota de Sumar hacia el aumento del gasto en Defensa se desprende que Sánchez está dispuesto a gobernar también con o sin el concurso de parte del Poder Ejecutivo.