Un autobús lleno de presuntos miembros del Tren de Aragua, encarcelados en El Salvador.
Bukele cobró 6 millones a EEUU a cambio de los 238 deportados venezolanos que enfrentan a Trump con el poder judicial
El juez Boasberg investiga si la Administración violó su orden de suspender los vuelos, mientras la Casa Blanca defiende la medida.
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La Casa Blanca defendió ayer la deportación de 238 venezolanos a El Salvador, una acción que ha generado un nuevo choque entre el presidente Donald Trump y el poder judicial. El traslado de estos individuos, presuntos integrantes de bandas criminales, se llevó a cabo pese a una orden judicial que suspendía tales expulsiones. Además, se ha revelado que Nayib Bukele, mandatario salvadoreño, recibió seis millones de dólares del Gobierno estadounidense a cambio de acoger a los deportados en su polémica megacárcel, según la propia Casa Blanca.
El juez federal James Boasberg ha exigido explicaciones a la Administración Trump sobre si los aviones despegaron antes o después de la orden judicial. En una audiencia de emergencia celebrada el sábado, el magistrado dictaminó la paralización de estos vuelos durante dos semanas. En su resolución, indicó que las aeronaves que ya estuvieran en el aire debían regresar a territorio estadounidense. No obstante, el Ejecutivo republicano desoyó la decisión, alegando que la Justicia no tiene potestad para frenar el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, un antiguo instrumento legal que solo había sido aplicado en periodos de guerra.
El domingo, Bukele publicó en X (antes Twitter) un vídeo donde se observa a los deportados descendiendo de un avión bajo la oscuridad de la noche. "Uy... demasiado tarde", escribió el presidente salvadoreño en tono desafiante, burlándose implícitamente de la orden judicial estadounidense.
Desde Washington, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió la actuación del Gobierno. "Esta Administración ha operado dentro del marco legal", declaró a los periodistas. Además, cuestionó la autoridad de un "solo juez en una sola ciudad" para interferir en una acción ejecutiva que, según su versión, afecta a "terroristas extranjeros expulsados físicamente del suelo estadounidense".
Reuters
Desde la oposición demócrata y organizaciones defensoras de los derechos humanos, la medida ha sido duramente criticada. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ha presentado una demanda contra la Administración Trump, argumentando que los deportados no tuvieron acceso al debido proceso y que no existen registros que prueben su implicación en delitos cometidos en Estados Unidos o El Salvador.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, también ha denunciado la medida, calificándola de "ilegal" y "arbitraria". "Estos ciudadanos han sido deportados sin un juicio justo y sin pruebas de que hayan cometido crímenes en los países donde serán confinados", sostuvo.
Por su parte, Tom Homan, responsable de la política fronteriza de Trump, justificó la decisión de seguir adelante con los vuelos pese a la orden judicial. "Una vez que cruzas la frontera, ya sabes, es lo que hay. Pero estaban en aguas internacionales, rumbo al sur, a punto de aterrizar. Hicimos lo que teníamos que hacer", declaró en una entrevista con Fox News. Consultado sobre los siguientes pasos de la Administración, Homan fue tajante: "Otro vuelo, otro vuelo cada día. No nos detendremos. No me importa lo que piensen los jueces".
El episodio representa una nueva escalada en el enfrentamiento de Trump con el poder judicial y en su intento por expandir los poderes del Ejecutivo. Desde su regreso a la Casa Blanca, ha adoptado una estrategia agresiva que incluye la eliminación de regulaciones, la supresión de agencias y el despido masivo de empleados federales.
El traslado de estos 238 venezolanos a El Salvador se enmarca en la política de externalización del sistema penitenciario que Trump ha impulsado desde su primer mandato. Bukele, cuya megacárcel se ha convertido en símbolo de su guerra contra el crimen organizado, ha encontrado en esta alianza una fuente de ingresos para su Gobierno, consolidando su imagen como un socio estratégico de la Administración republicana.
La decisión del juez Boasberg y la postura de la Casa Blanca auguran un enfrentamiento de gran calado sobre los límites del poder presidencial y la independencia del sistema judicial en Estados Unidos. Entretanto, en El Salvador, los 238 venezolanos han quedado atrapados en una red de intereses políticos, lejos de su país de origen y sin garantías de un juicio justo.
