Carles Puigdemont y Jordi Turull, este martes.
Sánchez y Puigdemont cruzan todas las líneas rojas
El acuerdo con Junts para delegar las competencias de inmigración confirma la falsedad de la promesa del presidente del Gobierno de hacer guardar la Constitución.
La lectura del comunicado del PSOE sobre la propuesta de Ley Orgánica de Delegación de competencias en materia de Inmigración, además de generar estupor, permite dudar sobre la credibilidad de la promesa del presidente del Gobierno de hacer guardar la Constitución.
La misma sospecha afecta a otros cargos políticos comprometidos por esta vergonzosa cesión, "fruto del acuerdo de Bruselas entre el PSOE y Junts" (un pacto fuera de España, lo que en sí mismo es lamentable).
Desde una perspectiva jurídica, las debilidades de la iniciativa son tan evidentes que parece segura su anulación directa o indirecta por los tribunales.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Constitucional y los tribunales del orden contencioso administrativo tendrán trabajo si se aprueba. Porque el texto aspira a vulnerar el Derecho europeo, la Constitución y las leyes vigentes.
Por supuesto, la futura norma no cabe en el reparto constitucional de competencias entre el Estado y las Comunidades autónomas. También suscita serias dudas en su compatibilidad con los reglamentos sobre el espacio Schengen. Y qué decir de las leyes sobre inmigración y la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
De lograr una frágil mayoría, este atentado legislativo pondría en solfa el artículo quinto de la ley que regula la actuación de la policía, que incluye entre sus principios básicos "ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico".
"La norma no cabe en el reparto constitucional de competencias entre Estado y CCAA, y suscita dudas en su compatibilidad con los reglamentos sobre el espacio Schengen"
¿Cómo se les va a pedir a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que cumplan este precepto, si se promulgan leyes en su contra?
Las fronteras se diferencian sobremanera de otras competencias en manos de los gobiernos autonómicos (comercio, turismo, régimen local, educación o sanidad). El control de los accesos y salidas del territorio nacional representa un elemento indisociable de la soberanía, en su más clásica comprensión.
No es extraño por ello que el delincuente Puigdemont se jacte de haber humillado al Estado y doblegado al Gobierno.
El único entorno de colaboración aceptable en ejecución de estas potestades es el ámbito europeo. Y las autoridades de otros países, cuando se comunican, presuponen una interlocución estatal.
El intercambio de datos e información sensible, las acciones concertadas que supone el esquema de Frontex, la lucha solidaria contra la delincuencia transfronteriza o las decisiones comunes sobre inmigración no pueden ser descentralizadas.
Llevan razón por ello los sindicatos policiales y las numerosas voces de la Guardia Civil que claman contra este despropósito. El dato de los 1.800 nuevos efectivos de los Mossos d'Esquadra agudiza la desconfianza de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por decisiones que les perjudican, ahora en algo esencial (la Constitución y la soberanía del Estado).
Ministro del Interior del Gobierno de España:
— Javier Noriega Gómez (@javiernoriegago) March 4, 2025
“Tanto el control de las fronteras como el control de los flujos de inmigración irregular, son competencia exclusiva del Estado y del Gobierno Central, por lo que no son susceptibles de ser transferidos o delegados”… pic.twitter.com/TMhKKmQYmB
El ministro del Interior, antes magistrado, debería saberlo, porque superó unas oposiciones con temas que dejaban esto bien claro.
Sus compañeros de profesión se lo recordarán cuando comiencen a anular decisiones adoptadas sobre la base de la futura Ley Orgánica, de aprobarse. Todavía hay jueces en Madrid, en Barcelona y en Bilbao. Aún hay crítica jurídica no partidista, sino motivada por las agresiones groseras a nuestro orden constitucional.
Puigdemont, Sánchez y Trump tienen algo en común. A ninguno de los tres le importa violar con descaro la Constitución. Tampoco se frenan cuando afectan a terceros Estados, rompen los compromisos internacionales o perjudican a los servidores públicos más honestos para satisfacer a desaprensivos.
Todos los demás pretextos son hipocresía y ganas de permanecer en el poder, a costa de lo que fuere, traspasando todas las fronteras.
*** Ricardo Rivero es catedrático de Derecho administrativo en la Universidad de Salamanca.
