Un menor desembarcado en Fuerteventura rescatado mientras hacía la travesía sobre un neumático de camión, el pasado enero.
Este es el coste por día y niño de la acogida de menores inmigrantes en Aragón: "Hacen falta más recursos"
El Gobierno central asume la atención el primer año, pero el resto queda en manos de las comunidades, provocando auténticos rotos a las arcas.
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El reparto de menores extranjeros no acompañados pactado por el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts ha vuelto a levantar en armas al Ejecutivo de Jorge Azcón. La inmigración ha provocado varios choques con la Moncloa esta legislatura, pero este último, objeto de un recurso de inconstitucionalidad, ha sido la gota que ha colmado la paciencia del Pignatelli, que insiste en que la Comunidad está "desbordada" y en que opera a más del 160% de su capacidad.
El líder popular ha venido repitiendo que Aragón será solidaria, pero que esa solidaridad tenía que venir acompañada con más recursos estatales. Es el mensaje que ha defendido incluso cuando sus exsocios de Vox han exigido mano dura contra la inmigración ilegal. Pero lejos de aumentar los fondos, el Ejecutivo central podría dejar ahora a Aragón fuera de los 100 millones de euros de financiación estatal previstos para asumir este nuevo reparto obligatorio al considerar que la Comunidad tiene un déficit de plazas.
Las oficiales son 104, con 28 en el Centro de Atención a la Infancia Migrante de Juslibol, en Zaragoza, y otras 76 repartidas entre las tres provincias. Llegados a este punto cabe preguntarse: ¿Cuánto cuesta la acogida de menores extranjeros en Aragón? ¿Quién asume ese coste? Antes de entrar en las cifras hay que destacar que cada caso puede presentar sus propias particularidades. Existen, no obstante, una serie de referencias que permiten hacerse una idea de qué cantidades se está hablando.
Así, el servicio de atención inmediata y para la autonomía personal para menores extranjeros no acompañados está cuantificado en 58,08 euros por plaza, precio que se actualizó un 4,5% este pasado 1 de enero y que incluye el alojamiento y la manutención. Mientras, la atención personalizada sale a 29,04 euros por menor y día.
Las cuantías pueden no parecer excesivas, pero basta con multiplicar por semanas y por el número de menores acogidos para hacerse una idea del global. De confirmarse las cifras que se han publicado estos días, Aragón recibiría 186 migrantes más en este nuevo reparto. El primer año, toda esta atención viene sufragada por el Gobierno central. Pero el problema, como han denunciado en repetidas ocasiones desde el área de Bienestar Social y Familia, viene después.
Desde el Ejecutivo recuerdan que muchas veces es la propia DGA la que se encarga de ayudar a estos menores en su transición a la vida adulta hasta que cumplen, incluso, los 23 años y logran su emancipación, un coste de cientos de miles de euros que no asume el Estado y que, poco a poco, se ha hecho sentir en las arcas autonómicas.
Lo mismo ha ocurrido con los refugiados de la guerra de Ucrania, ya que una vez finalizado el programa de acogida humanitaria han sido las regiones las que han tenido que atender a estas personas con fondos propios.
Desde el Pignatelli no entienden que Aragón tenga que seguir asumiendo estos 'sobrecostes' y que, en cambio, regiones como Cataluña solo vayan a recibir de 20 a 30 menores de los más de 4.000 que se repartirán por todo el territorio.
Otra de las quejas más repetidas en los últimos meses es que se han estado habilitando recursos de acogida "sin coordinarse con los territorios”. “Sin diálogo con las comunidades y sin recursos económicos y materiales no será posible construir una política migratoria sólida”, avisaba ya en julio la propia consejera, Carmen Susín.
El Ejecutivo autonómico no se ha cansado de pedir "corresponsabilidad y altura de miras" a este respecto en las conferencias sectoriales, pero, hasta ahora, sus reivindicaciones parecen haber caído en saco roto.
Tanto es así que los problemas no han hecho más que intensificarse, convirtiendo la inmgiración en un arma arrojadiza entre PP y PSOE. Esta misma semana, los populares acusaban a Sánchez de tratar a estos menores como "paquetería", mientras que los socialistas respondían cargando contra Azcón y su "sectarismo".
Los pasos más inmediatos
Las comunidades tienen hasta este próximo día 31 para comunicar al Ministerio y certificar el número de niños y adolescentes que tienen en su sistema de acogida. No obstante, Aragón ha asegurado que no solo no va a colaborar sino que recurrirá todos los actos administrativos que deriven de este decreto, planteando incluso las medidas cautelares que sean necesarias.
Según informan desde la Delegación del Gobierno, a partir de este 31 de marzo se decidirá la capacidad ordinaria que debe tener cada territorio. Y se hará aplicando criterios homogéneos. Ya posteriormente, en la Conferencia Sectorial de Infancia, se establecerá la distribución con cifras concretas y ajustadas "a la realidad del momento".
La polémica parece, por tanto, lejos de terminar, siendo la principal pregunta qué harán las comunidades, especialmente las gobernadas por el PP, en caso de tener que aplicar finalmente el decreto, obligatorio para todas ellas.
