Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, este viernes en Toledo.
Page recurre al Tribunal Constitucional el reparto del impuesto a la banca por hacer España "más desigual"
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este viernes un recurso que se basa en tres motivos principales.
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El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha celebrado este viernes una reunión extraordinaria en la que se ha aprobado elevar un recurso al Tribunal Constitucional contra el reparto que plantea el impuesto a la banca entre las comunidades autonómas. Este documento se basa en tres motivos principales: que el gravamen fue aprobado "de espaldas" a las comunidades, que debería haberse tramitado como ley orgánica y que vulnera el principio de solidaridad al basarse en el Producto Interior Bruto (PIB) de los diferentes territorios.
El presidente regional, Emiliano García-Page, ha vuelto a advertir que su Gobierno da este paso ante lo que considera un "ejemplo de cómo hacer España más desigual" con una distribución "injusta y absolutamente 'trumpista'".
Poco después de celebrarse la reunión, durante el acto en el que la Junta de Comunidades se ha adherido a la candidatura de Toledo Capital Europea de la Cultura 2031, el presidente del Ejecutivo autonómico ha criticado que la naturaleza de este impuesto sea "regresiva en toda regla" en lugar de buscar la progresividad y la redistribución de la riqueza que se persigue con el resto de impuestos.
Por este motivo, ha sido especialmente crítico con las comunidades autónomas con mayor PIB, "gobierne quien las gobierne" porque "están haciendo mutis por el foro".
"A la chita callando les vienen muy bien las imposiciones de Puigdemont cuando lo más coherente sería decir que este tipo de imposiciones de un tipo o de otro tendrían que obligarnos a todos a reaccionar", ha reflexionado.
Page ha afirmado que además de por ser "muy perjudicados en este reparto", el Gobierno de Castilla-La Mancha recurre al Constitucional para intentar frenar "un antecedente en el sistema de financiación territorial altamente peligroso" que "consagraría un reparto absolutamente disgregador de España, facilitador de aquellos discursos que significan ir rompiendo este país".
Los tres motivos
Por su parte, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha comparecido en rueda de prensa para desgranar los tres motivos en los que el Gobierno de Castilla-La Mancha fundamenta el recurso.
Una vez analizado el informe encargado al Consejo Consultivo y consultado el Gabinete Jurídico de la Junta, el consejero ha reseñado que entienden que el impuesto a la banca es anticonstitucional no por el concepto que grava, sino por el criterio de distribución que sigue en el reparto a las comunidades autónomas.
Juan Alfonso Ruiz Molina, este viernes en rueda de prensa.
El primer motivo en el que se basan es que fue aprobado "a espaldas" de las comunidades autónomas. En este sentido, Ruiz Molina ha recordado que Castilla-La Mancha ya expresó su rechazo en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano donde entiende que debería haberse negociado el reparto.
Además, Castilla-La Mancha considera que su tramitación legislativa se tendría que haber llevado a cabo como ley orgánica y no como ley ordinaria, y por último, que la distribución "vulnera el principio de solidaridad".
Ruiz Molina ha puntualizado que este recurso "no va contra nadie" sino que busca que "defiende a los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha".
Por último, el consejero ha sacado la calculadora y ha señalado que con los últimos datos de PIB de Castilla-La Mancha, el actual modelo supondría unos ingresos cercanos a los 60 millones de euros, cuando con "otros criterios más lógicos" como el de población ajustada, esta cifra ascendería a 75.
