Varios migrantes, entre ellos algunos menores, atendidos en la playa de Las Galletas (Tenerife), el primer cayuco llegado en 2025.
Las cesiones de Sánchez a Puigdemont chocan con el empeño de la UE de unificar la política migratoria
Bruselas busca reforzar el papel de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, y mayor colaboración en la deportación de migrantes irregulares.
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El acuerdo del PSOE de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont para ceder a Cataluña las competencias en materia de control de fronteras y deportaciones contradice el empeño de la Comisión de Ursula von der Leyen para dotar de mayor unidad y coherencia a la política migratoria de la UE, transfiriendo más poderes a Bruselas.
El emblema más importante de ese intento por reducir la fragmentación es el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, que se acordó en diciembre de 2023 tras más de tres años de intensos debates precisamente durante la presidencia española del Consejo, bajo la dirección del ministro Fernando Grande-Marlaska.
En su programa de trabajo para este año, Bruselas anuncia que "intensificará los esfuerzos para poner en práctica el Pacto de Migración y Asilo", que entrará plenamente en vigor a mediados de 2026. "Esto requiere una acción coordinada y eficaz para garantizar un enfoque firme y justo, que asegure la seguridad de las fronteras de la UE y procedimientos de asilo y retornos más rápidos", señala el programa.
De momento, Bruselas guarda silencio sobre el acuerdo migratorio entre Sánchez y Puigdemont. "Estamos al tanto de los informes de prensa. La Comisión no hace comentarios sobre anuncios o proyectos de ley", ha dicho a EL ESPAÑOL un portavoz del Ejecutivo comunitario.
Las fuentes consultadas por este periódico descartan que Bruselas vaya a intervenir en esta cuestión, puesto que el reparto de competencias dentro de los Estados miembros es una prerrogativa nacional, según se recoge en el artículo 4 del Tratado. Es decir, que lo tienen que dirimir las Cortes y los tribunales españoles.
"Soy muy escéptico respecto de que el Gobierno catalán vaya a obtener mejores resultados en materia migratoria. Será difícil llevar a cabo repatriaciones sin el apoyo administrativo, político y diplomático del Gobierno central español. Además, le puede costar años desarrollar la experiencia necesaria y establecer la cooperación con las autoridades nacionales de otros Estados miembros de la UE, dos condiciones previas esenciales para gestionar eficazmente las devoluciones", explica a EL ESPAÑOL Alberto‑Horst Neidhardt, investigador experto en migración del think tank European Policy Center.
"Otros países europeos con sistemas federales han delegado responsabilidades a niveles inferiores de Gobierno. Sin embargo, ninguno de ellos es especialmente conocido por su eficaz gobernanza migratoria. Por el contrario, a menudo tienen una merecida reputación de ineficiencia, ya que sus sistemas tienden a crear complejidades burocráticas innecesarias, relaciones tensas con regiones o Estados vecinos y políticas ineficaces", sostiene Neidhardt.
La portavoz del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, ha acusado a Sánchez de "entregar a Puigdemont y a Junqueras la unión de la UE" en materia migratoria. El presidente del Gobierno, sostiene Montserrat, "no está cumpliendo con el Pacto Migratorio al que llegó la pasada legislatura la UE, y está rechanzando la ayuda de Europol y de Frontex para poder cerrar la frontera sur de Europa", de forma que España se ha convertido en "la única puerta abierta que utilizan las mafias para aprovechar el drama humano de la inmigración ilegal".
Pero es el propio Sánchez el que reconoció hace un año que la cesión de las competencias migratorias a Cataluña vulneraría, si no la letra al menos el espíritu del Pacto Migratorio. "¿Está diciendo que Cataluña va a poder expulsar inmigrantes para regular los flujos?", le preguntaron en una entrevisa a El País el 14 de enero de 2024. "Yo no estoy diciendo eso, al contrario. El Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea es bastante claro. Vamos hacia una política comunitaria", respondió entonces.
"Las materias vinculadas con la expulsión de los migrantes están residenciadas en la Administración General del Estado. Tenemos un Pacto de Migración y Asilo firmado con Europa, donde a lo que vamos precisamente no es a una centrifugación, sino a una mayor coordinación de las políticas de migración. Pero, insisto, esto no es que lo diga yo, lo dice la Constitución, lo dice el Estatuto de autonomía de Cataluña y lo dice el Pacto de Migración y Asilo que acabamos de firmar hace dos meses", dijo el presidente del Gobierno.
Mientras Sánchez cede a los mossos competecias en el control de las fronteras de España, la Unión Europea camina hacia un nuevo sistema común de fronteras digitales. Precisamente, los ministros del Interior de los Veintisiete acaban de aprobar el calendario definitivo para desplegar el Sistema de Entradas y Salidas (SES), que registrará digitalmente las entradas y salidas, los datos del pasaporte, las huellas dactilares y las imágenes faciales de los ciudadanos de fuera de la UE que viajen para estancias cortas a algún Estado miembro.
El SES tendría que haberse lanzado en noviembre de 2024, pero debió aplazarse porque Francia, Alemania y Países Bajos no estaban preparados.
Los ministros del Interior han pactado ahora un inicio gradual entre octubre de 2025 y marzo de 2026, que será el primer paso para interconectar todas las bases de datos de la UE en el ámbito de seguridad y gestión de fronteras. Un proyecto que debe estar operativo a finales de 2027. El Gobierno de Sánchez sostiene que está preparado para desplegar este nuevo sistema de fronteras digitales de Europa desde el primer día.
"Me complace mucho que durante la presidencia polaca del Consejo de la UE, que se centra en cuestiones de seguridad, haya sido posible lograr avances tan importantes en el control y la protección de nuestras fronteras exteriores. La solución adoptada es, por una parte, flexible y, por otra, garantiza la seguridad de los movimientos migratorios", ha declarado el ministro del Interior polaco, Tomasz Siemoniak.
En paralelo, Von der Leyen ha anunciado para su segundo mandato un refuerzo de Frontex con el fin de que esta agencia europea juegue un papel más destacado en la vigilancia de las fronteras exteriores de la UE. En concreto, la presidenta tiene previsto triplicar el número de efectivos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas hasta situarlo en 30.000 personas.
En cuanto a las deportaciones de migrantes irregulares, cuya gestión reclama Puigdemont, los ministros del Interior han debatido este miércoles ceder más poderes a Frontex para aumentar los vuelos conjuntos de retorno.
Pese a todas las iniciativas adoptadas en los últimos 20 años, la expulsión de nacionales de terceros países sigue siendo un problema para los Estados miembros: sólo el 23% de los migrantes con orden de retorno acaban regresando a su país de origen.
Los Gobiernos siguen enfrentándose a graves dificultades para llevar a cabo las deportaciones tanto por motivos burocráticos internos como por la falta de cooperación en materia de readmisión por parte de los países de origen y de tránsito. Por ello, Von der Leyen tiene previsto presentar la semana que viene una propuesta para endurecer la directiva de retorno, que incluirá la obligación para los migrantes de cooperar o sufrir consecuencias, la aceleración de las deportaciones que representen amenazas a la seguridad o facilitar el reconocimiento mutuo entre los Estados miembros de las órdenees de retorno.
