Alberto González Amador (derecha) y su letrado, en una imagen de archivo./
La defensa del novio de Ayuso pide al juez que reclame al fiscal general el móvil que usaba en el momento de las filtraciones
Acusa a García Ortiz de decir "falsedades" respecto a los datos personales difundidos en informes de la UCO y que han motivado una queja al Consejo General del Poder Judicial.
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La defensa del empresario Alberto González Amador en el proceso que se sigue en el Tribunal Supremo contra el fiscal general ha pedido al juez instructor que reclame a Álvaro García Ortiz el teléfono móvil que utilizaba en marzo de 2024, cuando se produjo la filtración a la prensa de datos sobre el presunto fraude tributario cometido por la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
El letrado Gabriel Rodríguez Ramos ha hecho esa petición en un escrito en el que acusa a García Ortiz de incurrir en "falsedades" al afirmar que se ha dado traslado a las partes de informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los que figuran aproximadamente 240.000 registros del tráfico de llamadas del fiscal general a lo largo de 10 meses.
La defensa de González Amador ha pedido tener acceso a la queja presentada en el Consejo General del Poder Judicial por García Ortiz en relación con la difusión de sus datos personales en los informes de la UCO, difusión que no se limita al tráfico de llamadas sino también al DNI y domicilio del fiscal general, así como a la identificación de las líneas telefónicas a las que él ha llamado o desde las que le llamaron, junto con el dato de las direcciones particulares de los titulares de todas esas líneas.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entrando al Tribunal Supremo para declarar como imputado por revelación de secretos.
El escrito del abogado de González Amador se centra solo en los 240.000 registros de llamadas y afirma que "lo manifestado por García Ortíz actuando como fiscal general del Estado al Consejo General del Poder Judicial es una más de las ya incontables falsedades transmitidas por el investigado como consecuencia del grado de maduración alcanzado por la instrucción". Ello, a su parecer, se enmarca en "una campaña de denigración extraprocesal que ya se ha extendido a la fuerza actuante [UCO], al órgano instructor y a las partes".
Señala que se ha incorporado al sumario el registro de IMEIs (número de identificación único de cada terminal telefónico) utilizados por García Ortíz "para poder saber, al determinarse que había cambiado de móvil el 23 de octubre de 2024, qué terminales había utilizado, datos que quedan reducidos a dos".
De este modo, "esos 240.000 registros que se mencionan son, exclusivamente, de la identidad de los terminales, que siempre es la misma y que queda reducida (en cien mil veces) a dos registros, los de los dos identificadores únicos de los dos terminales telefónicos usados por Álvaro García Ortiz".
Copias del correo
Rodríguez Ramos afirma que "no existe limitación legal alguna que deba aplicarse para el acceso al resultado de la diligencia de instrucción necesaria y proporcional" de acceso a los dispositivos móviles del fiscal general.
Añade que el "boicot de la instrucción" por parte del fiscal general -"mediante la eliminación de mensajes el día que el proceso se dirige frente a él, cambio y desaparición de dispositivos, falta absoluta de colaboración con el órgano instructor, la fuerza actuante y las partes hasta protagonizar hechos ridículos para cualquier operador de la jurisdicción penal"- ha hecho necesario acceder a su listado de llamadas entre los días 8 y 14 de marzo de 2024 y a los IMEI de los terminales "que habría utilizado para cometer el delito y que habría hecho desaparecer".
Por ello, el acusador particular pide al juez instructor, Ángel Hurtado, que "requiera" al fiscal general para que aporte "en el término de una audiencia" el teléfono móvil que utilizaba en los días citados y que fue cuando se produjo la filtración a la prensa de un correo electrónico en el que la defensa de González Amador comunicaba a la Fiscalía de Delitos Económicos que "ciertamente" había cometido dos delitos fiscales.
Ese terminal fue cambiado por el fiscal general el 23 de octubre pasado, una semana después de que el Tribunal Supremo abriera la causa contra él por presunta revelación de secretos.
La Fiscalía General ha informado al juez instructor que el anterior dispositivo no fue devuelto, por lo que se ignora su paradero.
El letrado de González Amador también solicita que Hurtado requiera al fiscal general para que entregue las copias de seguridad de su cuenta de correo particular de Gmail, en la que, procedente de la Fiscalía de Madrid, recibió los correos electrónicos de la defensa del empresario y la Fiscalía de Delitos Económicos.
