Manifestación de Stop Desahucios en Santiago de Compostela en una foto de archivo.
Soy abogada y esto va a pasar tras la prórroga de la suspensión de los desahucios: “Es un mazazo...”
Arantxa Goenaga, socia del despacho AF Legis, se muestra rotunda tras la ampliación de esta medida.
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Sí, no. Sí, no. Como si se tratara de una margarita, el decreto ómnibus del Gobierno ha vivido su particular ‘deshoje’, ya que en un primer momento salió no, pero finalmente se aprobó. Y, entre las medidas que incluía, estaba la prórroga de la suspensión de los desahucios de las familias vulnerables.
Así quedó publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 28 de enero. En el mismo, se publicó el Real Decreto ley 1/2025, por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad.
Dicho de otra manera, la norma prorroga la suspensión de los procedimientos de desahucio y de lanzamiento para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Suspensión que está regulada en el Real Decreto-ley 11/2020.
¿Hasta cuándo será la prórroga?
Con esta prórroga, la suspensión de los desahucios se alarga hasta el 31 de diciembre de 2025. Algo que viene sucediendo desde 2020. En concreto, la prórroga será posible en dos casos.
Uno, por impago de alquiler para hogares vulnerables sin alternativa habitacional sujetos a la LAU de 1994; y, dos, para quienes habiten sin título una vivienda pero hayan sido víctimas de violencia de género. También si son dependientes, o tienen dependientes o menores a su cargo, y se encuentran en situación de vulnerabilidad. Eso sí, siempre y cuando la vivienda pertenezca a personas físicas o jurídicas titulares de más de diez viviendas.
¿Cuál es la opinión de la experta?
Arantxa Goenaga, socia del despacho AF Legis, se muestra rotunda tras la ampliación de esta medida: “Es un nuevo mazazo para el mercado inmobiliario. No se busca mejorar las condiciones, sino imponer obligaciones a solo una parte del sector”.
Porque, según la abogada, dicha prórroga no hace otra cosa que generar inestabilidad y una inseguridad jurídica constante.
También considera que la prórroga genera inseguridad social a los propietarios. ¿La razón? Porque, según su opinión, asumen una carga que corresponde a la Administración y que se prolonga desde 2020. “La Administración ni se lo plantea, pero los propietarios están sufriendo un lastre en los procedimientos”, argumenta Goenaga.
Fruto de ello, y según la abogada, los propietarios cada vez tienen más obligaciones, lo que provoca un efecto adverso: “Esta situación lleva a que no quieran poner sus inmuebles en alquiler o en unas condiciones que impide a muchas personas acceder a ellos”.
Y concluye: “Es una mala noticia porque no se resuelve el problema, solo se difiere en el tiempo. No se busca mejorar las condiciones, sino imponer obligaciones a solo una parte del sector”. Y, al dilatarse más en el tiempo, más repercute en la administración de justicia, puesto que “la continúa saturando” con procedimientos paralizados durante años.
