El edificio donde se encuentra el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Valladolid
Los juzgados de violencia sobre la mujer alertan de un "colapso total" tras el aumento de sus competencias
Cifran en un “20%” el aumento de trabajo y denuncian que “trabajan con una absoluta precariedad de medios”.
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Era el 3 de enero de 2025 cuando se publicaba la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
En su artículo 89 atribuye a las Secciones de Violencia sobre La Mujer el conocimiento de la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos contra la libertad sexual que se recogen en el título VIII del libro II del Código Penal.
Como también por los delitos de mutilación genital femenina, matrimonio forzoso y acoso con connotación sexual, cuando la persona ofendida por el delito sea mujer, para dar cumplimiento a la disposición final vigésima de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre de Garantía Integral de la Libertad Sexual, en relación con la especialización en violencias sexuales.
Los juzgados de violencia sobre la mujer han emitido un comunicado asegurando que esto “supone un salto cualitativo y cuantitativo en el ámbito de la competencia objetiva y subjetiva de unos juzgados ya de por sí saturados”.
Apuntan que “obedece al cumplimiento por España de sus compromisos intergeneracionales y a lo previsto en la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía de la Libertad Sexual” pero que se hace “sin haber dado cumplimiento a las exigencias para que los órganos especializados puedan asumir dicho aumento de las competencias” como son la previa dotación de recursos materiales y personales.
Colapso
En el comunicado recogido por el ESPAÑOL de Castilla y León, estos juzgados advierten de que el “efecto inmediato de la reforma va a ser el colapso total de unos Juzgados ya de por sí sobrecargados” en una materia tan sensible como es “la lucha contra la violencia de género y la protección de las mujeres y de sus hijos e hijas”.
Añaden que se insiste en que para que los juzgados de violencia sobre la mujer puedan asumir esa nueva carga de trabajo de al menos el 20% “se va a trabajar para que tengan los medios suficientes para responder”.
Sin embargo, añaden en el escrito, no se informa a la ciudadanía de que “en la actualidad la mayoría de estos órganos trabaja con una absoluta precariedad de medios” sin contar con “los preceptivos equipos de valoración forense, asesoramiento y asistencia a víctimas”, entre otros problemas.
“Tampoco se informa a la ciudadanía de que ese 20% de carga adicional se incardina en una materia que exige múltiples actuaciones inmediatas y urgentes, como entradas y registros e intervenciones telefónicas en unos juzgados que, en su gran mayoría, no prestan servicios de guardia”, añaden.
Piden, con esta nueva ampliación de competencias “tiempo, tranquilidad y sosiego”.
Conclusiones
La conclusión de todo lo que han denunciado es que, en el momento en que se aprobó el proyecto de Ley Orgánica, se va a producir “un significativo paso atrás en la lucha contra la violencia de género”.
Esto puede generar “un espacio de desprotección y riesgo para las mujeres víctimas de dicha violencia y para sus hijos e hijas” ante la “imposibilidad material de poder atender de manera pormenorizada y detallada cada asunto”.
“Existen estudios que demuestran que los juzgados más congestionados son los más proclives a rechazar las peticiones, por esa sobrecarga que sufren. Cuando todo es importante y urgente, nada es preferente”, apuntan,
Finalizan asegurando que consideran de “suma importancia que la ciudadanía y las mujeres que necesitan de un sistema judicial eficaz para encontrar una salida a la tiranía de la violencia, conozcan el desolador y peligroso escenario que se vislumbra con esta nueva asunción de competencias” que está previsto que se produzca el 3 de octubre de 2025.
Al final del escrito aparecen los nombres de los titulares de un total de 136 juzgados de violencia sobre la mujer en España.
De Castilla y León: María Teresa Gonzalo Rodríguez, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Burgos, Alma Junquera San José, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Valladolid, Tomás Sánchez Puente, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Ávila con Violencia de Género y Fernando Páez Terreno, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Soria con Violencia de Género.
